Los cortes en las rutas se mantienen al igual que las marchas multitudinarias. Concejos Deliberantes de varios municipios votaron en rechazo a la modificación exprés de la Constitución. Organismos de Derechos Humanos denuncian la persistente persecución, armado de causas y amenazas contra quienes se movilizan. En tanto, el gobernador Gerardo Morales asegura que no dará “ni medio paso atrás” en sus decisiones y advierte a los manifestantes, a quienes califica como “violentos y delincuentes”, “a hacerse cargo de las consecuencias” de sus acciones.
En la mañana del viernes, organizaciones de derechos humanos como Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) dieron una conferencia de prensa junto a comunidades originarias de Jujuy para denunciar la demora en el accionar de la justicia frente a los habeas corpus y amparos presentados contra la represión, persecución y violencia por parte de la policía provincial, además de la criminalización contra quienes se vienen manifestando en rechazo a la Reforma, a la que caracterizan como anticonstitucional y racista.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó que, ante las primeras denuncias de represión, los jueces federales de la provincia no quisieron intervenir y se declararon incompetentes, por lo que la Cámara de Casación tuvo que obligarlos a hacerlo.
Esta mañana, con @ANDHES_org y referentes de comunidades indígenas denunciamos la persecución a quienes protestan en Jujuy.
“Las autoridades políticas y del Ministerio Público de la Acusación sólo ponen el foco en criminalizar”, señaló Diego Morales, director de litigio del CELS pic.twitter.com/6tcyKPmER5
— CELS (@CELS_Argentina) July 7, 2023
En este sentido, Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes, explicó que los recursos de habeas corpus presentados ante las detenciones del 16, 17 y 20 de junio sufrieron tales demoras en su tratamiento por parte del Poder Judicial local que terminaron deviniendo en abstracto: “Por ejemplo, un habeas corpus presentado por una detención se trató recién a las 72 horas cuando las personas ya están liberadas”.
Respecto a la justicia federal, Diego Morales señaló que reclaman la convocatoria a una audiencia para que se generen los mecanismos de protección necesarios en contextos de manifestación, ya que, ante su falta, siguió un profundo y lamentable proceso de persecución y criminalización de referentes sociales, sindicales, comuneros, pueblos indígenas”: “Las autoridades políticas y del Ministerio Público ponen el foco en la necesidad de criminalizar. (…) En su conferencia del martes, el Poder Ejecutivo provincial da cuenta de las acciones que impulsa para lograr la detención de estas personas (que se manifestaron en rechazo a la reforma), además del sometimiento a procesos criminales genéricos, sin elementos de prueba, sin evidencias; mientras se desarrollan, en ese contexto, situaciones de allanamientos, amenazas, decisiones judiciales que avanzan sobre la intimidad de las personas, la apertura de celulares sin controles. Estamos pidiendo que se investigue la violencia policial de las jornadas del 16, 17 y 20 de junio, pero no hay novedades”, agregó Morales.
En ese sentido, el integrante del CELS indicó que está vigente un habeas corpus en la justicia federal que busca proteger los derechos de las personas que participan de las movilizaciones en rutas nacionales, en el que se exige que la autoridad policial proteja ese derecho, resguarde a las personas de hechos de violencia institucional”.
De la conferencia de prensa participaron representantes de comunidades indígenas que relataron que, antes de la convocatoria a la reforma constitucional, presentaron un escrito en la Legislatura provincial en el que planteaban que el nuevo texto iba a afectar a las comunidades y que debían ser consultadas, pero esto no se cumplió.
Cuando el proceso de reforma ya estaba en marcha también presentaron un escrito, que incluso leyeron en el interior del recinto de la Legislatura, solicitando que los convencionales constituyentes se apegaran a derecho y cumplieran con la Constitución Nacional consultando a las 400 comunidades indígenas de Jujuy antes de aprobar el texto. Tampoco se cumplió, motivo por el que consideran que se trata de una reforma ilegal, sancionada además “entre gallos y medianoche”.
En este marco, el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz exigió el cese de la persecución, la violencia y las imputaciones y que se escuche al pueblo jujeño: “Reclamamos la nulidad de esta reforma por ser violatoria a los tratados internacionales como a las normas y garantías que establece la Constitución Nacional (…). Ya se están expresando los diferentes municipios de toda la Puna, la Quebrada, de Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, entre otros tantos. Tienen que entender que es el pueblo el que lo está pidiendo”.
“Pedimos el cese de las acciones de mala fe llevadas adelante por el candidato a vicepresidente de Cambiemos, Gerardo Morales. Esta Constitución que quieren imponer viene por el despojo, el saqueo y el negocio sobre nuestros territorios, los bienes naturales y biodiversidad, y lo que implica es un daño irreversible a la Madre Tierra”, agregó Jeréz.
Ana Pérez, integrante del Colectivo Antirracista “Identidad Marrón” de Jujuy, también sumó su voz a la conferencia para denunciar que se trata de una reforma que además de ser inconstitucional es racista: “Opera en contra de nuestros cuerpos, de nuestros recursos y de nuestra vida”.
“Yo fui una de las detenidas el 20 de junio – relató Ana –, (debemos) pensar cuáles son los cuerpos que reciben las balas, los gases, y quiénes son los que tenemos las causas, cuáles son los rostros, las caras y a quiénes oprimen, y siempre somos los de la clase popular, de las comunidades indígenas y marrones que habitamos la urbanidad, que somos obviamente descendientes de indígenas más allá de que no tengamos el carnet o lo que exige el estado para reconocernos, porque también fue una forma de blanqueamiento que toma este Estado nacional en la construcción de esta nacionalidad. (…) Hoy por hoy, más allá de que se diga que la colonia terminó, la colonia sigue existiendo y lo vemos reflejado en toda la Constitución que se aprobó en contra de un pueblo que es indígena, que es marrón, que es indio y al que se nos vulneran los derechos desde siempre”.
A las pocas horas de esta conferencia, el gobernador Gerardo Morales emitió un mensaje en el que volvió a defender la reforma de la Constitución y denunció un intento de golpe de Estado en la provincia.
Según el mandatario jujeño, gran parte de lo sucedido en las últimas semanas fue impulsado por el gobierno nacional que no le perdona la detención de Milagro Sala. Aseguró que Alberto y Cristina Fernández quieren su indulto “a toda costa”.
“Aparecen personas extrañas que no son jujeños. Movilizaron a las comunidades indígenas, se les dijo que les van a quitar la tierra y restringir derechos. Es una mentira descarada. (…). Los sediciosos organizaron un ataque a la Legislatura, a la municipalidad de Humahuaca. (…) Todos delitos de sedición muy graves.Vamos a requerir su juzgamiento con la ley en la mano”, expresó el también precandidato a vicepresidente de Cambiemos.
“Privar ilegítimamente de la libertad a personas es un límite que no podemos dejar pasar. A los que cortan las rutas les digo que el camino no es la violencia y tampoco cometer delitos, tirar piedras, amenazar y alzarse contra las instituciones, no son una modalidad de protesta, constituyen un delito. (…). El daño que ocasionan a todos los emprendedores y trabajadores es enorme”, continuó Morales, al tiempo que convocó a “las comunidades reales, a las comunidades de verdad, a dialogar” e instó “a violentos y delincuentes a deponer sus posiciones y a hacerse cargo de las consecuencias”. Finalizó asegurando que no va a dar “ni medio paso para atrás” en sus decisiones.
Las palabras de Morales ya se han convertido en hechos. Más de 150 causas se han iniciado contra quienes se manifestaron en rechazo de la Reforma constitucional, muchos de ellos detenidos y heridos durante la represión. Se los imputa por delitos con penas de hasta 25 años y pedido de multas millonarias.
En un texto publicado por el propio gobierno aparece un listado con nombre y apellido de personas que deberán pagar estas sanciones, que llegan en algunos casos a los 2 millones de pesos. Se incluye además el caso de un joven con retraso madurativo moderado a quien se le aplicará una sanción de 42 días de trabajo comunitario.
A pesar de la profundización de la criminalización de la protesta social, los cortes de ruta y las manifestaciones se mantienen. Se registran cortes en, al menos, 10 puntos de rutas provinciales y nacionales. Continúa además la lucha docente por condiciones laborales dignas, una pelea que va por la quinta semana de paro.