María del Carmen Verdú: “La responsabilidad está en el poder político”

“Lo concreto es que hace 100 días que no sabemos dónde está Facundo y allí hay una clara responsabilidad política porque como decimos siempre, las fuerzas de seguridad no dependen del Emperador Hiroito de Japón, sino de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el área de cuidar en cada una de las administraciones a nivel nacional, provincial, municipal”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

– M.H.: Hay una información que creo que fue de Correpi ‘Si mi compañero no zafa esta noche sos boleta’, una amenaza a un chico Alan de 17 años internado en el Hospital Provincial Virgen del Carmen, después de una golpiza que le da el policía bonaerense Jorge Rodríguez. Este joven fue amenazado por un efectivo vestido de enfermero.

– M.C.V.: Así es, para poder meterse en la habitación del hospital y proferir esa amenaza en defensa del policía que lo dejó en ese estado, que lo torturó a través del apaleamiento.

– M.H.: ¿Por qué motivo?

– M.C.V.: ¿Tiene que haber algún motivo?

– M.H.: Imagino que este oficial, Rodríguez, argumentará de alguna manera esa golpiza que lleva a este joven a un hospital y que luego de esta amenaza que recibe de otro policía vestido de enfermero, huye del hospital, se lo encuentra un amigo en la mitad de la calle y lo acompaña a la casa donde los padres lo convencen de volver al hospital.

– M.C.V.: Claro, aterrorizado por esa situación su primera reacción fue irse, afortunadamente pudo ser auxiliado y volver al hospital para ser atendido. El tema es que el policía Rodríguez está detenido, imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, la calificación por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

Insisto con lo que te decía, más allá de si declaró en la indagatoria, no estamos pudiendo acceder a los expedientes en estas circunstancias, lo cierto es que cualquier argumentación que pudiese dar, aún la situación más grave, jamás puede justificar que un pibito de 17 años haya sido apaleado en la forma brutal en la que torturó a Alan. Lo que le causó un hematoma subdural. Le pegó con la cadena que se usa para atar la moto.

– M.H.: Una violencia institucional en crecimiento.

– M.C.V.: Así es.

– M.H.: 71 asesinatos en 4 meses.

– M.C.V.: Desde el 20 de marzo al 23 de julio para ser exactos. Y siempre con la aclaración que son los casos que por un lado tomamos conocimiento y, por otro, que pudimos chequear la información para estar seguros y seguras de incorporarlos al archivo. Tenemos un montón de casos más que no hemos podido cargar todavía porque tratamos de hacer el trabajo con mucha seriedad, sabemos que desde los distintos gobiernos siempre están tratando de embocarnos si la pifiamos en algún caso, entonces somos sumamente prolijos y prolijas en cuanto a chequear la información para la formación de nuestro archivo.

Estos casos son los que no cabe duda, incluyen tanto muertes en lugares de detención, cárceles y comisarías, que han crecido exponencialmente, justamente por la cantidad de gente detenida en esta etapa de emergencia; fusilamientos por gatillo fácil que al principio de la pandemia creíamos que iba a descender, no por la escasez de balas en la calle sino por falta de blancos móviles, al haber menos gente circulando en la calle; sin embargo, tenemos 30 casos chequeados y faltan chequear un montón más.

Después hay otras modalidades, como los dos pibes de San Nicolás arrollados por un patrullero, en lugar de usar el arma usaron el auto para matar a Ulises y Ezequiel. Hay dos femicidios y un femicidio relacionado e incluso casos intra fuerza o como consecuencia de la propia criminalidad policial en otras ramas, como el caso de este bonaerense en actividad que fue a asaltar a un tipo en un auto para robarle el celular, resultó que la víctima del robo también era un bonaerense pero no en servicio activo que sacó el arma y mató al que lo quiso robar. Ese es para lo colección “se matan entre ellos”.

– M.H.: Despliegue de fuerzas federales en municipios de la Provincia de Buenos Aires y pedido de despliegue en Jujuy, Salta y Misiones.

– M.C.V.: Y grandes alabanzas en los medios que han reproducido esa noticia diciendo que esto es continuidad de los programas como “el cinturón sur” en la época de Nilda Garré y Berni en el ministerio de Seguridad de la Nación.

Justamente publicamos una nota porque esta decisión surge a partir de la última reunión para fumar la pipa de la paz entre Berni y Frederick donde lo que se anuncia a continuación de la reunión es esta coordinación de fuerzas provinciales y federales que nunca es buena noticia para el pueblo trabajador.

– M.H.: Aparte quiero consignar una situación particular y me gustaría que te refirieras al respecto porque Correpi tiene un involucramiento importante, que es la situación de Mendoza.

– M.C.V.: Mendoza tiene un escenario muy particular, no es casual que sea una de las cuatro provincias del país, además de CABA donde Correpi se desarrolla como organización, precisamente por el voltaje represivo que justifica el esfuerzo y que convoca a la gente a organizarse.

Mendoza además de tener un sistema normativo que sin solución de continuidad, en los últimos años se ha endurecido de manera exponencial, a través de un Código de faltas y contravenciones y modificaciones al Código procesal penal. Mendoza y San Juan tienen una situación similar. Pero Mendoza en particular desde los ´90 es una provincia que ha generado condenas internacionales en el ámbito regional en la CIDH por desapariciones forzadas, tiene el caso de Guardati, Garrido y Baigorria que son los tres casos de desaparecidos en esos años.

Por otro lado la situación de las cárceles tanto el penal de San Felipe, las dos cárceles en Cacheuta y Bulogne Sur Mer, tienen cuestiones espantosas en materia de superpoblación, muerte, denuncias de torturas constantes. Y un elevadísimo índice de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y todo tipo de situaciones represivas contra trabajadores y trabajadoras. De hecho hace más de un mes hubo una terrible represión que terminó con referentes y referentas de organizaciones sindicales presos por movilizarse con todos los recaudos del caso en situación de pandemia frente al sostenido programa de ajuste que lleva adelante al gobierno provincial.

El secretario general del SUTE (Sindicato único de trabajadores de la Educación), el más numeroso de la provincia, fue uno de los detenidos.

La desaparición de Facundo Astudillo Castro

– M.H.: Y sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

– M.C.V.: Se cumplieron 100 días y por eso desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también tomando todas las precauciones y recaudos, fuimos todos los representantes de las distintas organizaciones y organismos que lo componemos, a la Casa de la Provincia en Callao 1037 portando las pancartas con su rostro con la exigencia de su aparición con vida. Con las consignas centrales “El Estado es responsable”, la exigencia de “Fuera Berni” y que nos diga el aparato estatal qué hicieron con Facundo, dónde está y puntualmente en relación al trámite de la causa apoyando el pedido de la querella, de la mamá, Cristina Castro, a través de sus abogados la recusación del Fiscal Federal de Bahía Blanca que está bloqueando absolutamente toda la investigación.

– M.H.: Un caso que ha tomado una dimensión internacional, días atrás Amnistía internacional inició una acción urgente.

– M.C.V.: Así es y ya ha habido pronunciamientos desde otros organismos regionales como la CIDH porque es una situación gravísima donde el propio Estado argentino ya ha reconocido a través de un fallo de la justicia provincial, a pesar de la dilación que metió en la primera parte de la investigación, y de las gravísimas denuncias que tuvo que hacer la familia respecto de la intervención de la justicia provincial, pero que aun así tuvo que reconocer en el fallo en el que se dio la competencia a la justicia federal, que hay elementos objetivos para hablar de una desaparición forzada, porque lo último que se sabe de Facundo es que lo levantó un móvil policial.

A partir de allí no hay discusión, que estando bajo el poder de hecho de la policía desapareció, es obligación del Estado decirnos qué han hecho con él y dónde está.

– M.H.: Apelo a tu experiencia, cómo se explica que ante el alcance que ha tenido a nivel internacional y nacional, porque si bien esta situación se ocultó durante dos meses, luego explotó en los medios nacionales, estamos hablando de medios internacionales, una campaña de Amnistía internacional, inclusive la CIDH que también se ha preocupado por el tema. ¿Cómo se explica esta situación de encubrimiento de las fuerzas policiales? Incluso con el agravante que el Presidente de la Nación ha tomado contacto con la madre de Facundo y el Gobernador Kicillof la llama todos los días.

– M.C.V.: Primero hay que analizar situación por situación, porque es cierto que a diferencia de lo que sucedía hace 3 años, cuando el desaparecido era Santiago Maldonado, en lugar de tener la foto del Presidente o de la ministra de Seguridad apoyando a los gendarmes, diciendo que no iba a tirar a ninguno por la ventana, y metiendo carne podrida a cuatro manos en la causa judicial, con testimonios inventados, con que se estaba cortando las rastas en una peluquería en San Luis o que había ido a un pueblo en Corrientes donde todos eran parecidos a Santiago; por lo menos acá tenes esas declaraciones públicas o esos gestos que no son lo mismo. Eso es una realidad.

Ahora, el resultado concreto es que hace 100 días que no sabemos dónde está Facundo y allí hay una clara responsabilidad política porque como decimos siempre, las fuerzas de seguridad no dependen del Emperador Hiroito de Japón, sino de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el área de cuidar en cada una de las administraciones a nivel nacional, provincial, municipal, etc.

– M.H.: ¿Qué pasa si un Presidente de la Nación exige que se resuelva este tema? ¿El poder político no puede resolver esto?

– M.C.V.: Yo no puedo dar los motivos, no puedo afirmar por qué Fernández dijo lo que dijo cuando habló con la mamá de Facundo. Como organización anti represiva acusamos y señalamos con la distancia que corresponde, siendo un organismo independiente. Justamente lo que estamos exigiendo es eso, entendemos que quien tiene la dirección es el poder político.

– M.H.: Entonces hay encubrimiento.

– M.C.V.: Como “jefe” cada uno es responsable de sus “empleados”. Si alguno está haciendo las cosas muy mal y no te diste cuenta es porque sos tonto o estás distraído o elegís mirar para otro lado. Entonces, sos responsable.

– M.H.: Insisto, como Presidente, levanto un teléfono y digo “resuélvanme este problema” y se debería resolver.

– M.C.V.: Efectivamente y por eso la exigencia es al gobierno. El que nos tiene que decir qué pasó, qué hicieron con él y entregarlo con vida, porque con vida se lo llevaron o hacerse cargo si lo han asesinado como a Luis Espinoza o a Francisco Valentín Cruz, es el Estado y el Estado es como lo administran los gobiernos.

– M.H.: Así es. Porque si no es cómplice es un pelotudo. Siendo la máxima autoridad del Estado y no poder resolver una situación como esta, habla de un poder policial muy preocupante.

– M.C.V.: Lo preocupante para nosotros no es que el problema sea la policía, sino quién la dirige. La responsabilidad está en el poder político.