El procesamiento de manifestantes, un nuevo escalón en la criminalización de la protesta

638 personas fueron heridas por el accionar represivo ejecutado “de manera indiscriminada y con extrema violencia” por las fuerzas de seguridad contra la protesta en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases el 12 de junio, relevó un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). También se señala el “carácter arbitrario y violento” de las detenciones policiales y “la falta de razonabilidad de la imputación impulsada por el Fiscal”.

Más de 600 personas heridas y 35 personas detenidas de manera arbitraria, 5 de ellas permanecen aún hoy alojadas en cárceles del sistema federal, es el saldo de la última y más brutal represión de las fuerzas de seguridad desde la implementación del protocolo antipiquetes.

La acusación sin pruebas de la Presidencia de la Nación sobre la existencia de un plan sedicioso para dar un golpe de estado protagonizado por “terroristas” y el procesamiento de manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno, indicaron desde la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM).

El organismo elaboró un informe a partir de las tareas de monitoreo realizadas el día 12 de junio en la Plaza Congreso y adyacencias en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del trabajo conjunto de la CPM con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MLPT-CABA).

Ese día organizaciones sociales, sindicales, partidos y agrupaciones políticas y estudiantiles convocaron a una manifestación para expresarse contra la sanción de la Ley Bases que se discutía en el Congreso de la Nación.

En el informe se relevan, entre otros hechos, eventos represivos ejecutados de manera indiscriminada y con extrema violencia por parte de efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre las distintas calles y avenidas que rodean al Congreso, justificadas por el gobierno en el marco de la aplicación de la Resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, denominada “Protocolo antipiquetes”. Es de destacar que los cortes a la circulación vehicular se produjeron por los propios cordones policiales que se desplegaron sobre las principales avenidas, no por los manifestantes, apuntaron desde el organismo.

El despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad incluyó: utilización de armas con postas de goma disparadas a “quemarropa” o escasos metros contra el rostro o torso de las personas, gas pimienta lanzado a corta distancia en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente -con afección directa de las vías aéreas superiores o la vista de los damnificadoso bien al aire para afectar a varias, gas lacrimógeno lanzadas con escopetas-morteros hacia la concentración que afectaron a cientos de personas, agua a presión lanzada por camiones hidrantes, bastones y tonfas contra los manifestantes. Estas acciones provocaron centenares de heridos, incluyendo periodistas, transeúntes que no participaban de la manifestación, personal médico de las postas sanitarias, vendedores ambulantes, personas en situación de calle, legisladores nacionales y provinciales que se encontraban en la parte exterior del Congreso y defensores de derechos humanos que monitorean la protesta.

Estos hechos represivos provocaron al menos 638 personas heridas o afectadas de distinta gravedad por gas pimienta, gas lacrimógeno, balas de goma o golpes con tonfas. Los casos fueron relevados y constatados por la Comisión Provincial por la Memoria, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Rescatistas Voluntarios de Argentina (RVA) y tres Postas Sanitarias: Posta Sanitaria del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Posta de Salud y Cuidados-Brigada Sanitaria del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e independientes y Posta Sanitaria del Partido Obrero.

Se detuvieron 35 personas, la mayoría de ellas al momento de la desconcentración de la marcha. Entre las personas detenidas había un vendedor de choripanes, tres vendedores de empanadas, dos personas en situación de calle, dos transeúntes que no participaban de la marcha, un vecino que discutió con policías que no lo dejaban pasar hacia su domicilio, una persona con discapacidad, y algunas militantes que se desconcentraba sin que se pudiera acreditar en casi todos los casos su participación en algún hecho ilegal. Cinco días posteriores a los hechos, 30 personas ya estaban liberadas por la justicia al no encontrarse elementos que justificaran el pedido de detención requerido por el fiscal federal interviniente.

“Este intento de validación judicial de la persecución política, es un paso más en la escalada antidemocrática del gobierno nacional, así como también lo fue en términos de acción represiva, por la cantidad de heridos y detenidos, por la cantidad de tiempo y el trato violento dispensado a los detenidos, por el uso de todos los dispositivos y modalidades de la violencia represiva: gas pimienta, gas lacrimógeno, balas de goma, hidrantes, tonfas, y golpes”, señalaron desde la CPM.

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