El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó en una causa colectiva por los operativos de desalojos por supuestos riesgos de derrumbe en la Ciudad. “El gobierno porteño avanza con estas políticas y no da respuestas concretas al problema de vivienda que sufren miles de personas”, señalaron desde el organismo.
En junio pasado, el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, hizo lugar a una cautelar presentada por legisladores y organizaciones de la sociedad civil ante los operativos de desalojos ejecutados por el Gobierno de la Ciudad por supuestos riesgos de derrumbe. Entonces, desde el CELS se sumaron a la causa colectiva, a nivel institucional y como representantes de tres familias afectadas para pedir que se declare la inconstitucionalidad de esta política y que se elabore un protocolo de actuación para esas intervenciones.
En su fallo, el juez Gallardo advirtió una línea matriz en estos casos: una “disociación jurídicamente significativa” entre el motivo técnico-administrativo invocado (clausura, riesgo, emergencia) y la finalidad pública que el propio Gobierno proclama: “recuperar inmuebles”, “devolver propiedades a sus dueños” y mostrar resultados de una política de “ley y orden”.
“Esa disociación resulta especialmente delicada porque la potestad excepcional de policía edilicia sólo puede justificarse en la neutralización del riesgo y no en la producción indirecta de efectos posesorios que, por regla, requieren intervención jurisdiccional suficiente.”
El fallo de Gallardo establece las reglas que deben tener los operativos y exige que haya control judicial, que se garantice el debido proceso y los derechos de las familias. También plantea que se puedan revisar técnicamente los informes sobre el riesgo edilicio y que el Gobierno de la Ciudad debe asegurar las respuestas habitacionales.
Mientras la Cámara resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno local, esta medida está plenamente vigente, enfatizan desde el CELS.
En lo que va de la gestión de Jorge Macri ya se realizaron casi 800 desalojos y 60 fueron con esta modalidad, releva el organismo. Y agrega que en los últimos meses aumentaron los casos de familias que resisten en sus viviendas el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. A algunas las amenazan con cortarles los servicios si no dejan sus casas e impiden el ingreso de abogados o instituciones que podrían asistirlas. Luego de los desalojos, muchas de estas familias ven cómo todas sus pertenencias quedan apiladas en depósitos sin ningún cuidado.
A los hogares desalojados se les ofrece un monto de emergencia de 200 mil pesos para resolver la situación de su vivienda. Las familias deben procurarse un subsidio por sus propios medios, ya que en los operativos no participan los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. En el caso de que los consigan, el monto tampoco les alcanza para acceder a una vivienda digna.
Ante la imposibilidad de alquilar, por las condiciones excluyentes del mercado inmobiliario formal, las familias terminan en hoteles y pensiones alejadas de donde eran sus destinos cotidianos como el trabajo y la escuela de sus hijas e hijos.