La familia Sajama de la comunidad originaria Antigal de Juella (Jujuy) que habita desde hace 50 años su territorio enfrenta una inminente orden de desalojo impulsada por el juez Puca en el marco de un litigio sucesorio del tramitado por terceros, que busca entregar el territorio al terrateniente Baleiro por negocios inmobiliarios de la Quebrada.
Por Johana Arce para ANRed
La medida judicial está realizada a Leonides Sajama, abuelo de las familias que ya falleció, con lo cual el desalojo recae sobre sus 4 hijas con 11 nietos sin permitir el derecho a la defensa y no reconociendo que pertenecen a un pueblo indígena.
El territorio figura como tierra fiscal, la cual a pesar de medio siglo de habitarlo trabajando la tierra, el estado provincial no reconoce la posesión ancestral de la familia. “Nos quieren desalojar injustamente de la casa donde viví con mis hijos, mis padres y mis abuelos” afirman y sostienen “Nosotros acá vivimos así, sembrando, cultivando maíz, tenemos ovejas, chivos”. Las familias construyeron sus hogares y trabajan estas tierras desde hace más de medio siglo.
Sin embargo, hoy enfrentan la amenaza de ser despojadas sin que el Estado les garantice asesoramiento efectivo ni soluciones habitacionales por lo que denuncian que el despojo es en complicidad de la intendenta Sonia Pérez. Esto ya sucedió con la Familia Soruco de la Comunidad en Santa Rosa en Humahuaca, el operativo policial avanzó sobre territorio comunitario sin Defensoría de la Niñez y pretenden realizar lo mismo en Juella con lo cual peligran las infancias de la comunidad.
La Comunidad realizó una conferencia de prensa en Plaza Belgrano para denunciar el desalojo ilegal, exigir la suspensión inmediata de la orden judicial, el respeto a la posesión ancestral y los derechos territoriales comunitarios pero pese a los reclamos ante la Secretaría de Pueblos Indígenas, no hubo respuestas ni contención institucional.
“No son hechos aislados, es despojo institucional. Mientras el Estado omite la consulta previa y promueve leyes que desprotegen el territorio, la Justicia avala desalojos que anulan la reparación histórica con los pueblos originarios” afirmó Gustavo Ontiveros, antropólogo de Qhapaq Ñam que acompaña a la comunidad.
Este avance judicial se da en un marco de sistemática vulneración de derechos hacia las comunidades originarias. La falta de reconocimiento de títulos comunitarios, la omisión del derecho a la consulta previa y el impulso de leyes que facilitan despojos territoriales por la complicidad entre la burocracia estatal, la Justicia y los intereses económicos de terceros por negocios extractivistas.
El hostigamiento a la comunidad data de dos intentos de desalojo en 2024 y 2025 que lograron frenarlo con el apoyo comunitario donde las familias aseguraron que no conocen a los supuestos dueños que buscan apropiarse, ya que a raíz de la reforma provincial ejecutan venta de tierras sin respetar la posesión ancestral. “Vienen y dicen que nos van a desalojar, que han ganado un juicio, que ellos son dueños” denunciaron con anterioridad. “El Poder Judicial de Jujuy no es imparcial ni justo. Es interesado y sádico al aprovechar una mala situación familiar de pobreza y enfermedad que padecen algunos de los miembros de nuestras familias en conflicto”, afirman a través de un comunicado.
