Organizaciones de derechos humanos, migrantes y universitarias se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando el carácter crecientemente regresivo de las políticas migratorias en Argentina. Informaron sobre casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias, como el de Vanessa Gómez Cueva.
Un amplio arco de organizaciones, que incluye organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional, junto a colectivos migrantes e instituciones universitarias argentinas, denunciaron ante la CIDH el grave retroceso de las políticas migratorias que se vienen dando en el país bajo el gobierno de la alianza Cambiemos.
Señalaron la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017 como un hecho destacado en este proceso restrictivo de de derechos de las personas migrantes, a tono con el alineamiento de Mauricio Macri con quien preside el gobierno norteamericano, el xenófobo Donald Trump.
“Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas”, señalaron desde el CELS.
En este marco, en los primeros días de febrero las provincias de Jujuy y Chubut endurecieron sus políticas migratorias y “adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante”, denunciaron desde el organismo.
En Jujuy, una nueva ley determina el cobro de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan allí de manera transitoria. En Chubut, el gobierno firmó un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
El giro represivo en la política migratoria argentina del macrismo ya llegó a casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias, en otra réplica perversa de la política norteamericana.
En este sentido los organismos denunciaron ante la CIDH el caso de la expulsión, el lunes 4 de febrero, de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años.
Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años. Su trámite de expulsión tuvo inicio en 2015, luego de haber cumplido una sentencia en una causa por comercio de estupefacientes. Tras cumplir la condena buscó reinsertarse en la Argentina y se recibió de enfermera en un terciario. Pese a los diversos recursos presentados por su defensa, el 1 de febrero la policía fue a su domicilio con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para “firmar una notificación”. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor y no sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes.
El texto presentado ante la CIDH señala que “estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes”.
Resulta necesario, declararon, “que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño. Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas”.
Las organizaciones que suscriben el texto son Amnistía Internacional, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil CineMigrante, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo para La Diversidad (COPADI), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Equipo de Investigación en Antropología y Migración (ICA, UBA), Equipo Migraciones del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (SEUBE-FFyL-UBA),
Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Migrantes x Migrantes, Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
A continuación el texto completo de la presentación (descargar PDF):
Presentación Por Severas Regresiones En La Política Migratoria Argentina. Febrero 2019
