En la mañana de hoy un operativo de 700 policías plenamente equipados con escudos, armas y palos saturó el centro de la capital provincial bonaerense para combatir a quienes la administración del intendente del PRO, Julio Garro, parece considerar una amenaza mayor: vendedores ambulantes y feriantes.
Personas sin trabajo que venden lo que pueden en la calle para sobrevivir y que con su presencia, arruinan el relato oficial del país de las maravillas en el que presuntamente vivimos.
Durante el operativo solicitado por la administración municipal la Bonaerense les quitó la mercadería a feriantes con actas irregulares, y detuvo arbitrariamente a la vendedora Carolina Esteban, y a Pilar Posadas y Francisco Laurito, que habían protestado por la violencia de su detención y quisieron filmarla con sus celulares.
La Agencia Andar, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reseñó que al menos cinco personas, cuatro manteras y un vendedor senegalés, les secuestraron la mercadería con actas de contravención irregulares y de manera violenta; a algunas de ellas, incluso, las arrojaron al piso para quitarles sus pertenencias.
En cuanto a las detenciones arbitarias, el portal cooperativo Pulso Noticias reprodujo el relato de uno de los manteros que presenció los hechos. Los efectivos policiales persiguieron a la feriante Carolina Esteban cuando ella “se estaba yendo a la parada del colectivo para llevarse sus cosas al no poder trabajar. Vino personal policial y la quería llevar detenida”.
Mientras los policías buscaban incautarle la mercadería, se acercó un grupo de militantes de Patria Grande que se había acercado a solidarizarse con los feriantes. “Vimos cómo cinco o seis policías la rodeaban. Y nos fuimos acercando a ellos para ver cómo procedían. Lo hicieron de una manera bastante violenta”, señaló Simón, integrante de la organización.
“Éramos siete o ocho los que estábamos ahí, le pedimos identificación a los policías pero no querían identificarse. Le sacaron el DNI a la señora, estuvieron un rato sin devolvérselo, y le quisieron secuestrar las bolsas”, explicó, y mientras otras personas se acercaban a cuestionar el accionar policial, los efectivos se comenzaron a violentar. “Luego agarran a mi compañero y a mi compañera, que solo los estaban filmando, y los tiran al piso. Los quise ayudar y me empujaron a mí también, y se los llevaron a ellos”, remarcó el militante de Patria Grande.
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Nº 1, en 53 entre 9 y 10.
Criminalización de la pobreza
El operativo de hoy ejemplifica cuál es la respuesta del oficialismo ante la crisis desatada por su gestión. La desocupación superó los dos dígitos por primera vez desde 2006, y al menos 2,7 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza bajo el gobierno de Mauricio Macri según los cálculos más conservadores, esto es, los estudios de la UCA. Según cálculos del instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el número podría encontrarse ser entre 4,5 y 5 millones, de los cuales la mitad son habitantes de la provincia de Buenos Aires.
La desocupación llegó a dos dígitos, el peor registro desde 2006. (5/9) pic.twitter.com/D5Uxet6lQW
— Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (@MatEconomia) July 1, 2019
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), además de acompañar a feriantes y vendedores senegaleses ante los reiterados ataques, presentaron esta mañana una nota al Ejecutivo Municipal y al Consejo Deliberante, en la que denunciaron cómo “las personas que realizan la labor de venta ambulante refieren que en reiteradas oportunidades son abordados por agentes policiales, de control urbano, como así también por funcionarios municipales, quienes a través de mensajes intimidantes instan a que cesen su trabajo e imponen multas argumentando contravenciones al código de faltas municipal, en ocasiones les sustraen los elementos de trabajo, sin formalizar debidamente el secuestro de los mismos”.
Ante el despliegue de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires —con presencia de agentes de Infantería, Caballería, la Policía Local, el GAD y el Comando de patrullas—, el organismo manifestó su preocupación por el operativo policial solicitado por el Municipio y le requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que notifique sobre las los fines, características y plazos del operativo.
“Entendemos que estos hostigamientos arbitrarios por parte de agentes policiales y municipales, ponen en riesgo su actividad que permite mantener una mínima subsistencia, frente a la adversa situación económica que atravesamos”, agregó la CPM en la nota remitida a las autoridades políticas.