A la violencia ejercida por la policía, se le suman grupos de vecinos que las agreden. El sábado pasado una de ellas fue baleada y aún se encuentra internada en el Hospital San Martín.
La comunidad LGBTTIQ y diferentes organizaciones feministas movilizaron el lunes pasado en la ciudad de La Plata, desde Plaza Matheu hacia la comisaria novena, para exigir el cese de la violencia contra las travestis que ejercen el trabajo sexual en el barrio El Mondongo. El sábado una de ellas fue baleada y aún se encuentra internada peleando por su vida en el Hospital San Martín.
Las situaciones de extrema violencia no son un hecho aislado, al ataque del fin de semana pasado se le suma el ocurrido el 28 de julio, cuando un hombre acuchilló a una travesti y la dejó tirada en la calle. Sus compañeras denuncian que son algunos vecinos del lugar quienes se organizan para perpetuar las agresiones y que cuentan con la complicidad de la policía y del Estado que no hace nada para protegerlas.
El reclamo tan simple es el que pronuncia indignada una de las manifestantes: “¡Exijo respeto! Que nos respeten a mí y a todas mis compañeras porque somos seres humanos”. Todas las presentes hicieron hincapié en que son vecinas del barrio como cualquier otra persona y que tienen derecho a vivir sin ser amenazadas ni violentadas.
Pero, el discurso de odio es fomentado por el mismísimo Intendente Julio Garro de Juntos por el Cambio. Al comienzo de su mandato dijo “nunca le daría trabajo a los travestis, cuando hay tantas madres y padres desocupados” y agregó “los ayudaría con atención psicológica o medica”. Estas expresiones pusieron en evidencia una política sistemática de violación a los derechos humanos, en primer lugar porque patologiza su identidad y las nombra en masculino, y en segundo lugar porque vulnera su derecho a acceder a un trabajo sin ningún tipo de discriminación.
Luego de eso fueron muchos los intentos por erradicar la zona roja y sancionar un código de “convivencia” que entre otras cosas prohíbe el trabajo sexual, aludiendo a que las travestis venden drogas y ponen en riesgo la seguridad de las y los vecinos, cuando en realidad son ellas las víctimas de los constantes ataques a su integridad.
Durante la pandemia, la vulnerabilidad de la comunidad trans-travesti se profundizó aún más ya que para la gran mayoría el trabajo sexual es su fuente de subsistencia, por lo cual “quedarse en casa” no era una posibilidad. A su vez, no hay políticas públicas efectivas destinadas a este sector y la exigencia por el cupo laboral trans es una demanda vigente.
Las redes de solidaridad y las donaciones de comida que lograron recaudar junto a distintas organizaciones sociales fueron los pocos recursos con los que contaron para sobrevivir estos meses. Pero la situación se hace cada vez más insostenible y por eso exigen una respuesta del Estado y garantías concretas que las protejan ante las agresiones mafiosas de estos grupos organizados que se manejan con total impunidad.