Este viernes 21 se presentaron los alegatos de las partes y la palabra final del imputado, el policía Pablo Nicolás Moresco, en una nueva jornada del juicio en el que se investiga su responsabilidad por haber embestido con su patrullero a dos jóvenes que se trasladaban en moto y que murieron producto del impacto. Para la Comisión por la Memoria (CPM), que patrocina a las familias de las víctimas, el efectivo utilizó su móvil policial para herir o matar, por lo que pidió una pena de prisión de 25 años más inhabilitación por 10 años, sin atenuantes. El próximo jueves 27 de octubre desde las 12 se conocerá el veredicto.
En sus alegatos la CPM consideró probadas las circunstancias por las cuales el policía Pablo Nicolás Moresco debió representarse la gravedad de su maniobra para impactar la moto con el patrullero, por lo que el organismo que patrocina a las familias de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial reiteró la calificación legal de la imputación en torno al homicidio simple con dolo eventual y pidió una pena de 25 años de prisión.
En efecto, el policía no sólo avanzó en contramano sobre el carril por el que circulaban las víctimas sino que no llevaba encendidas las balizas policiales ni sirenas: una clara y desproporcionada maniobra respecto al objetivo de identificar a personas en el marco del ASPO durante la pandemia del COVID19.
No se trató de un hecho aislado. Tal como lo planteó la CPM en los lineamientos de apertura del juicio, es un caso de uso letal del patrullero, una práctica que viene siendo regular dentro de las fuerzas policiales que utilizan el automóvil como si fuera un arma.
El accionar de Moresco concentra las características típicas de esta práctica sistemática: falta de proporcionalidad (en este caso, entre la moto y el patrullero), falta de razonabilidad entre la pretensión de identificar a los jóvenes y el medio elegido para lograrlo, ilegalidad de la maniobra, y uso desmedido de la fuerza que provocó consecuencias irreparables e irreversibles.
Como agravantes, la CPM consignó la condición de funcionario público de Moresco, la multiplicidad de víctimas y el accionar antirreglamentario que expresa su desapego por la vida humana.
En su exposición, el organismo reiteró que al cruzar de carril el policía no dejó maniobra alternativa posible ya que entre el móvil policial y el cordón cuneta sólo quedaron 50 centímetros para que los jóvenes en moto evitaran la colisión.
Asimismo, se recordó la presencia de los jefes policiales de Moresco en el lugar del hecho en los momentos posteriores a la embestida, y también de un testigo del barrio que escuchó decir que “esto lo arreglamos entre nosotros”.
Los jefes policiales vistos en el lugar fueron Jorge Ayala y Sergio Cepeda, de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), y Germán Pahuasi que en aquel momento era jefe del comando de patrullas. Sobre ellos la CPM pidió la apertura de nuevas causas en virtud de su responsabilidad en el estado en el que circulaba el patrullero de Moresco, sin sirenas ni balizas, entre otras deficiencias.
Por su parte el fiscal Rubén Darío Giagnorio sostuvo la imputación que llegó desde la instrucción de la causa y pidió la pena de 12 años de prisión para Moresco al considerar como atenuantes la juventud y falta de formación profesional del policía. En virtud de la pericia accidentológica, consideró probado que el paso al carril del patrullero que conducía Moresco se produjo de manera tal que le dejó a la moto una franja de 50 centímetros aproximadamente para continuar su rumbo sin impactar contra el móvil policial.
De forma previsible la defensa del imputado negó la acusación y pretendió endilgar la responsabilidad a las propias víctimas.
La madrugada del 1° de junio de 2020 Ezequiel Corbalán y Ulises Rial salieron en moto a comprar bebidas en el barrio San Jorge de San Nicolás donde vivían. Un móvil policial intentó forzarlos a detener la marcha en el marco del ASPO. Como los jóvenes no se detuvieron, comenzaron a perseguirlo y otro patrullero al mando del agente Pablo Nicolás Moresco se sumó al operativo.
Conducía por la calle Carbajo y cuando vio la moto cruzó su patrullero hacia el carril de circulación contraria para forzar su detención, iba con la sirena y balizas policiales apagadas. Esa maniobra derivó en un violento impacto de la moto sobre el lateral del patrullero que provocó la muerte de Corbalán y Rial.
Tanto en las dos jornadas de producción de prueba como en esta última de presentación de alegatos hubo una gran presencia de público, familiares y amigos de las víctimas, madres de víctimas de la violencia institucional de Santiago del Estero junto a reconocidas luchadoras de la zona. Además de estudiantes secundarios de la zona que participan del programa Jóvenes y Memoria de la CPM.