La CGT y la CTA-Autónoma reaccionaron al decreto de Morales que sanciona los derechos de protesta y huelga

Y un día la CGT volvió a responder ante un ataque contra los derechos laborales. Hizo falta un decreto cuasi-dictatorial de Gerardo Morales. Por su parte, la CTA-A lo denunció ante la OIT y reclamó su “inmediata intervención”.

Gerardo Morales.

El intento de control total de la provincia de Jujuy emprendido por el gobierno de Gerardo Morales (UCR -Juntos por el Cambio) con su reforma constitucional exprés y profundamente antidemocrática ha despertado una gran protesta, junto a la lucha salarial de las y los docentes que ya no soportan los salarios de hambre.

Para aplastarla, el gobierno provincial sancionó un decreto, publicado el viernes último en el boletín oficial, en el que sanciona con represión, persecuciones, multas, inhabilitaciones y despidos los derechos constitucionales de huelga y protesta.

Una norma que “no pasa el test más básico de constitucionalidad”

El investigador Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma, detalló los principales componentes de la medida de Morales: “El gobierno acaba de modificar el Código Contravencional con la intención de erradicar la protesta social de las calles. El nuevo artículo 113 establece tres tipos de sanciones para quienes participen en movilizaciones o actos en la vía pública”, señaló.

Por un lado, multas muy importantes, hasta 1000 unidades de multa (hoy $ 250.000 aproximadamente) a quienes “permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal”… Si se ocasionan daños, la multa se duplica, puntualizó.

Además, si el manifestante fuera un funcionario nacional, provincial o municipal, le agrega una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta dos años. “Teléfono para todos los opositores que tienen cargos electivos”.

Para los empleados públicos la contravención será considerara falta grave y, en caso de reincidencia, constituirá causa suficiente de cesantía. “O sea, plantea lisa y llanamente el despido de trabajadores públicos si participan en dos o más movilizaciones”, marcó Luis Campos.

“El ataque a los trabajadores también alcanza a las organizaciones políticas, sindicales y sociales. La medida apunta a desmovilizar a una provincia que desde hace décadas cuenta con una tradición de fuerte presencia en las calles, consideró. Y agregó:

“Dos reflexiones finales. Una norma de estas características no pasa el test más básico de constitucionalidad. Un estudiante de derecho en su primer año ya tiene herramientas para fundamentar su inconstitucionalidad. Sin embargo, a nadie parece importarle esto”.

“De cara a lo que viene, Jujuy puede estar mostrándonos un futuro bastante cercano. Si la respuesta del Estado ante las previsibles resistencias sociales va a ser esta, se vienen momentos de enfrentamientos de alta intensidad”, concluyó Campos.

La CGT rechaza “cualquier coacción estatal” contra la protesta de trabajadores

La Confederación General de Trabajo (CGT) repudió este lunes la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para reformar la Constitución provincial y el decreto de esa administración que sanciona la protesta social, al advertir que acciones como esa “representan pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país”.

La CGT emitió un comunicado en el que “rechaza y repudia enérgicamente el Decreto” 8464 sancionado el pasado viernes 9 de junio por el Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Rubén Morales.

En el texto que ya entró en vigencia, “se pretende garantizar los derechos de libre tránsito y circulación” según afirma, al mismo tiempo que “veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país”, expresaron desde la central.

Desde la CGT, actualmente conducida por el triunvirato conformado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano, ofrecieron argumentos legales contra el decreto de Morales: “El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente veda a todos los estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia del Trabajo los conflictos de características laborales”.

Y acusaron al Gobierno de Jujuy de tomar caminos antidemocráticos: “son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra Nación”.

La Confederación consideró que este tipo de medidas, que ya se sancionaron en otras provincias, “reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT”.

El texto concluye instando a todos los responsables políticos al cese de este tipo de medidas.

La CTA-A denunció a Gerardo Morales ante la OIT por violación de convenios internacionales en Jujuy y reclamó su “inmediata intervención”

De este modo, la central obrera liderada por Hugo “Cachorro” Godoy respondió al decreto del gobernador de JxC que sanciona el derecho a huelga y protesta.

La Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), que conduce Hugo “Cachorro” Godoy, denunció al gobernador jujeño Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales” en esa provincia, tras el decreto dado a conocer el viernes último por esa administración, en el que se sanciona el derecho a huelga y la protesta social.

La denuncia de la conducción de la CTA-A se concretó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la “inmediata intervención”, al director general, Gilbert Houngbo, “tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga”.

Con la firmas de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, el texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las “peligrosas consecuencias que pueden traer” las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con “represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.

En la misiva se recordó que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y se afirmó que esta modificación de las normas “genera un perjuicio” a quienes intenten “ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía”, como es el de derecho a la huelga y a la protesta social.

Advirtió además que en la provincia de Jujuy “se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público”, siendo la “conflictividad habitual”.

La CTA-A ratificó el “acompañamiento al proceso de lucha que se está desarrollando en Jujuy” y adelantó que “hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial”, que encabeza Morales.

El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado.

En su artículo 1º el decreto dice que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Con información del Observatorio del Derecho Social, Tiempo Argentino, InfoGremiales, Agencia Télam, ACTA.

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