El mismo día en que los Senadores votaban la continuidad del aborto clandestino, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó al mal llamado ‘Consejo del Salario’. Sin aval gremial, aprobó un incremento del 25% de la suma mínima que por ley debe percibir todo trabajador y trabajadora. Eso significa que en junio de 2019 sería legal cobrar menos de la mitad de lo que hoy se necesita para vivir dignamente.
En una muestra más del robo legalizado, el 8 de agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo. No sólo significa una burla con una inflación que ya sobrepasa los 30 puntos, sino que plasma la condena a la pobreza de quienes viven del trabajo propio.
En números concretos significa que de los actuales 10.000 pesos se pasará a 12.500 pesos en cuatro tramos, que se terminarán de cobrar en junio de 2019. Se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado. Los planes sociales tendrán un incremento del 25% y pasarán de los actuales 4800 pesos a 6 mil en el sexto mes de 2019.
La Junta Interna ATE – Indec estableció en su último informe que, al 30 de abril de 2018, un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores (matrimonio compuesto por dos adultos de 35 años con dos hijos varones de 6 y 9 años) necesitaba $28.898,8 para cubrir sus necesidades.
El Decreto Nº 33.302 de 1945 que rigió las relaciones de trabajo hasta 1974, cuando sale la Ley de Contrato de Trabajo, contenía la definición del salario mínimo, vital y móvil: “salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.
La Ley de Contrato de Trabajo, en su Artículo 116 estableció que el SMVM es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Esto significa que hace más de setenta años que en Argentina y en el mundo capitalista occidental se estableció que el valor de la fuerza de trabajo es la suma de dinero que se necesita para cubrir esas necesidades. Lo mismo rige para las jubilaciones, que deben ser del 82 % móvil del salario de la actividad.
Tortazo
Como es sabido, la torta de dinero en la sociedad es una. Que un sector se quede con un pedazo más grande, significa que otro pierde parte del propio, aunque le corresponda por ley. En la actualidad, asistimos a una de las más feroces transferencias de ingresos del sector del trabajo al del capital. El economista Sergio Arelovich le puso un número a esa transferencia: en los primeros 28 meses del gobierno de Mauricio Macri fue de 745 mil millones de pesos. Flor de empacho.
La Secretaria de Formación de la CTA Autónoma Nacional, Cynthia Pok, expuso de esta manera lo que pasa con la torta: cada 8 horas y 22 minutos que se trabaja, sólo dos horas vuelven en concepto de salario para el trabajador. El resto es para el empresario. Y sumó: con el 7% del excedente empresario se resolverían la pobreza e indigencia en nuestro país.
Este robo con pluma en mano y gendarme armado que desarrolla el Ministerio de Trabajo de la Nación, que a su vez interviene sindicatos irregularmente, aplica multas millonarias a sindicatos que ejercen el derecho a huelga, que en voz del mismo Presidente Macri acusa de “mafia” a la justicia laboral y los abogados de los trabajadores, es parte del plan político económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
La situación social es acuciante. La pobreza 0 resultó ser un eufemismo que sumaba ceros a la derecha a los ya inauditos índices que castigaban al pueblo del ‘granero del mundo’. El segundo semestre se transformó en una tormenta y las metáforas climatológicas expresan la desidia política y carencia de empatía social de un gobierno que derrocha corrupción y entrega de soberanía.
Mientras tanto, los comedores comunitarios no dan abasto. Se mueren docentes por la desidia gubernamental. Las calles se van poblando de los expulsados del inquilinato insostenible. Las empresas cierran sus puertas. Se busca condenar a la resignación al que queda fuera del circuito laboral.
Coyunturas como estas en nuestro país no han tenido grandes variables de resolución. Los que pagan las fiestas de los gobiernos y empresarios siempre son los mismos. Quienes reciben las balas de sus represiones, también. Pero el pueblo argentino ha dado muestras claras de recomposición a los más trágicos períodos históricos. Y ha dado cátedra en juicio y castigo a sus verdugos. Que se enteren los Macri, los Triaca, los Bullrich: esta vez no será la excepción.
*Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación de la CTAA Rosario