La cuestión de la continuidad de los juicios de lesa humanidad y sus características en el marco de la pandemia de la Covid-19 ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Las posiciones se dividen entre quienes plantean retomar las audiencias con la virtualidad como única herramienta ante la situación que impone la pandemia, y quienes opinamos que los juicios deben continuar, pero deben seguir siendo orales y públicos, con todos los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que se escuche a los testigos y sobrevivientes, los procesos no se estanquen más de lo que ya están, se realicen sin mayores beneficios a los represores y se completen como es debido. Repasamos la situación en la Justicia Federal de La Plata, que viene apelando a la virtualidad de los procesos hace tiempo y muestra la pereza del Estado en la materia.
Cuarentena y después…
Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo pasado de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio han producido un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no es la excepción, y muchos de los juicios de lesa humanidad que debían retomar sus audiencias o dar inicio en este período quedaron en suspenso. La cuestión de la continuidad de esos debates y sus características ha abierto un complejo debate en el ámbito de Derechos Humanos. Es que la discusión no se plantea por un alto en un escenario dinámico, sino más bien en un panorama de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios, que llevan más de 40 años de reclamo social de justicia y más de 14 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
En La Plata llevaba un año y medio en curso el debate por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo (1), que se había extendido por la espaciada agenda que propuso el tribunal, que había quedado por recomenzar en una instancia final de alegatos de las defensas, y que es un expediente trabajoso con 18 represores imputados y 84 víctimas, pero no si se lo compara con los procesos que debían comenzar en nuestra ciudad en 2020, y que iban a coincidir en un cuello de botella espinoso producto de lo que no se hizo con tiempo en su momento y se quería realizar ahora en simultáneo.
El 22 de abril iniciaba el debate por el CCD de la sede central del Cuerpo de Infantería de La Bonaerense, conocido como “1 y 60” (2), causa que fue desguazada cuando se pretendió juzgar el Circuito Camps en 2012, que finalmente incluirá unos 22 genocidas por 194 víctimas, que por primera vez pondrá luz sobre la coordinación represiva entre el Regimiento 7 de Infantería y la policía en nuestra zona, y cuyo comienzo fue en principio fijado para el próximo 24 de junio –aún sin detalle de protocolo específico-. A su vez el 5 de mayo iba a empezar el esperado debate e por las Brigadas de Investigaciones o “pozos” de Banfield y Quilmes (3), causa acumulada de diversos expedientes, uno de ellos elevado a juicio hace más de 8 años, con un total de 23 represores a juzgar por más de 540 víctimas y unos 400 testigos que ya fueron reducidos a un número más manejable aunque con criterios altamente dúctiles. En este caso se ha dejado en suspenso el inicio de debate sin fecha cierta y con planteos varios de las partes querellantes. Finalmente el 7 de septiembre estaba previsto el inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocida como “El Infierno”, que tuvo un tramo ya llegado a sentencia en 2013 por los casos de los hermanos Iaccarino y resultó en condenas leves y poco representativas de los delitos que juzgaba, y que incluye a 61 víctimas y sólo 5 represores porque otros 3 murieron impunes – entre ellos el subjefe del CCD – por la pereza judicial.
Un fenómeno que tiene que ver con el aletargamiento del proceso de juzgamiento en La Plata y en todo el país es la dispar conformación de los tribunales que realizarán los debates pendientes y la falta de designación de jueces titulares. En La Plata el Tribunal Oral Federal 1, que ha absorbido la casi totalidad de los juicios realizados desde 2006, vino sufriendo mutaciones y reemplazos con jueces subrogantes que lo desdibujaron de aquel que en 2015 dictó el primer fallo que reconoció el delito internacional de Genocidio a una conformación más conservadora que avaló hasta el 2×1 a varios genocidas.
La nueva versión del TOF 1 platense que encarará los debates pendientes vive un festival de subrogancias: por un lado los magistrados que se harán cargo del debate en la causa “1 y 60”, Ricardo Basílico, con actuación en la justicia provincial de Chubut y en el TOF 8 porteño, Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal platense y Nicolás Toselli, designado en el TOF 8 porteño pero con actuación real como subrogante en San Martín.
Por otra parte están subrogando los cargos tres magistrados de otras jurisdicciones con actuación en San Martín: el ex camarista porteño Eduardo Farah, el integrante del TOF 2 Walter Venditti y el miembro del TOF 4 porteño Esteban Rodríguez Eggers, que realizará el juicio “Banfield/Quilmes”. Este trio había propuesto en diciembre pasado, mucho antes de que llegara la pandemia y el aislamiento y excusándose en ser jueces de San Martín, un debate cuasi virtual para “Banfield/Quilmes” en La Plata, con presencia física de un solo magistrado y el resto por sistema remoto, lo que fue duramente cuestionado por las querellas.
Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 18 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despiden este año de sus cargos en la justicia platense con la sentencia por Brigada San Justo y ya coronaron su actuación con un nuevo fallo absolutorio del genocida CNU Juan José “Pipi” Pomares, pese a que Casación los conminó en abril de 2019 a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad del asesino. El panorama nacional tampoco es alentador este año. La primera sentencia de 2020 llegó en abril pasado en Mar Del Plata, en una audiencia sin público en la causa “Subona 15”, donde se condenó a 35 represores de esa estructura represiva del Ejército, así como a integrantes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, de Prefectura y un integrante de la Comisaría de Miramar por 272 casos. El fallo absolvió a 5 represores, en su mayoría de la Armada. El segundo fallo se dio en mayo en Comodoro Rivadavia, donde el Tribunal Oral local condenó a unos módicos 6 años como partícipe secundario en la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel al jefe de Informaciones de la Policía de Chubut Tito Nichols, y absolvió al segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la FT7 de la Armada, Hernán Álvaro Hermelo. La tercera causa en llegar a sentencia fue también en mayo, pero en Rosario, en la Causa “Feced 3 y 4”, donde 10 represores fueron condenados a penas altas por 188 casos y se reconoció por primera vez en esa zona los delitos sexuales como autónomos. La cuarta y última sentencia hasta el momento llegó a fines de mayo en Entre Ríos, en un debate realizado con tribunal ad hoc y por escrito de acuerdo al viejo código, donde se dictaron 2 perpetuas y 6 sentencias menores sobre represores que seguirán con domiciliaria o bien excarcelados como llegaron al juicio.
Un total de 4 fallos, 6 absoluciones y 54 condenas por más de 480 víctimas son los datos actualizados de 2020. Si bien es prematuro extraer conclusiones para todo el año desde estos datos, dado que habitualmente la mayor cantidad de fallos se da en la segunda mitad del año: Pero seguramente el impasse judicial por la Covid-19 impactará en el estiramiento de los procesos, tanto en los ya iniciados como en aquellos por iniciarse.
Continuar, pero cómo…
La continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización han sido un parteaguas en la concepción del acto de justicia que tanto la querella del Estado como la de los distintos organismos de Derechos Humanos sostienen. El Ministerio Público Fiscal, representante de la acusación estatal en los juicios, se ha limitado a plantear poco más que la virtualidad como herramienta básica para la continuidad de los juicios. En la causa Banfield/Quilmes, la fiscalía de lesa humanidad platense pidió que se convoque a una nueva audiencia preliminar por vía remota para reorganizar el debate. La presentación de los fiscales recogió las recomendaciones de la Cámara Nacional de Casación que, a pedido de la Procuraduría de Lesa Humanidad, había instado a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, conforme los protocolos vigentes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”.
En lo estrictamente procesal penal, los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira citaron el artículo 164 inciso” e” del Código que prevé la toma de testimonios mediante videoconferencia cuando esté en riesgo la salud de la víctima o en el caso de que esta se encuentre en un lugar distante”. Tras este planteo, aún no resuelto por el tribunal, a mediados de mayo se realizó, también de manera virtual, una reunión de la Mesa de Discusión Institucional y Social, una instancia promovida por la Procuraduría para “diagnosticar los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para enfrentarlos”. Coordinada por la fiscala cargo de la Procuraduría de Lesa Humanidad, María Ángeles Ramos, en la reunión se analizó especialmente la utilización de herramientas virtuales en la toma de declaraciones testimoniales en este tipo de juicios, por definición complejos y extensos, a la vez que se evaluó impulsar el cumplimiento a la ley de víctimas, para que sean escuchadas y/o notificadas en los casos en los que se analice otorgar el beneficio de la domiciliaria a algún genocida, cosa que no viene siendo la regla en todo el país.
Estos planteos y reuniones se dieron al tiempo en que se venían retomando varios debates orales, como la causa “CNU 2” en Mar Del Plata, que está casi en etapa de alegatos; el juicio por el circuito represivo Zárate-Campana ante el TOF 2 de San Martín, en instancia de alegatos de las defensas; la megacausa ante el TOF 1 de Mendoza que revisa los crímenes cometidos contra más de 100 víctimas desde la estructura represiva del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército en los CCD “Campo Las Lajas”, la “D2”, la IV Brigada Aérea y la Comisaría 7ma; y el debate en San Juan que con más de 150 víctimas investiga la represión desplegada en el Área Militar 332, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en los CCD Penitenciaría de Chimbas, Alcaidía de mujeres de la policía provincial, la vieja Legislatura, la Central de Policía sanjuanina y “La Marquesita”. En todos esos debates está en pleno análisis la utilización del sistema de comunicación más conveniente, esto es Cisco Jabber, Skype, Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, en un poder judicial recién ha comenzado a andar el camino de su informatización y digitalización para la agilización de los procesos. Ya en junio también retomó en San Martín el debate por los crímenes cometidos en la denominada “Causa Contraofensiva Montonera”, es decir la inteligencia, el secuestro y desaparición de militantes montoneros que habían lanzado un reagrupamiento y regreso al país desde el exilio en 1979-1980. En la audiencia de reinicio no hubo público, se encontraban presentes en la sala sólo 2 de los 3 jueces, la fiscal, los abogados más jóvenes y una testigo de concepto, mientras los abogados querellantes y los defensores añosos siguieron las alternativas por videoconferencia y los 7 imputados estuvieron “dispensados” por ser grupo de riesgo de la Covid. Es destacable que en este caso el Estado no se hizo cargo de garantizar la transmisión de la audiencia por el canal oficial del poder judicial, el CIJ-TV, y la delegó en el equipo del medio comunitario La Retaguardia, que con mucho esfuerzo viene cubriendo prolijamente varios debates en CABA y San Martín.
En la ciudad de La Plata la virtualidad de las audiencias venía ganando terreno mucho antes de las problemáticas planteadas por la pandemia y el ASPO: la modalidad de un juicio cuasi virtual se inauguró en 2018 en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo donde la presencia en la sala de debate sólo correspondió a las partes y el público, mientras los genocidas realizaron las indagatorias, el seguimiento de los testimonios y las últimas palabras por videoconferencia desde unidades penales o desde las Cámaras Federales de Mar Del Plata y de Comodoro Py, ya que la mayoría de ellos se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera la virtualidad del proceso en La Plata viene preocupando a las querellas de los organismos de Derechos Humanos hace rato. Incluso las fallas técnicas en la imagen y el audio de las videoconferencias demoraron gran parte de las alternativas del juicio San Justo, con la recurrente y extenuante media hora del ya clásico “¿hola, me escucha?” entre los jueces y los genocidas, la utilización por los represores de esa mediatización para hacer mezquinas o irregulares las indagatorias y los reiterados cuartos intermedios para mejorar la comunicación.
Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.
Como ha expresado la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en un documento público (4), “ya reabiertos los juicios y desde aquel primer e histórico en La Plata al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, durante el que se produjera la desaparición forzada de Jorge Julio López, (partícipe junto a la AEDD de la querella Justicia Ya), siempre exigimos que las salas de las audiencias fueran lo suficientemente amplias para albergar la mayor cantidad de público posible. Durante todo el juicio exigimos la presencia física en la sala de los acusados”. Junto a la AEDD estamos planteando que “este debate abierto sobre la posibilidad de juicios on line sería parcial si no analizamos la totalidad de la situación de enjuiciamientos de lesa, así también el que estos juicios se están realizando a más de 40 años de cometidos los delitos que se juzgan”.
Muchos sobrevivientes han planteado su preocupación por el establecimiento de una virtualidad que desdibuje el acto del juicio como lo que realmente es: la puesta en público, de cara a la sociedad, de la realidad del Terrorismo de Estado en nuestro país.
Desde HIJOS La Plata queremos juicios realmente orales y públicos. No estamos de acuerdo en que se dicten sentencias sin posibilidad de público, por lo que significa para los familiares y sobrevivientes que el Estado, una vez más, les dé la espalda en la posibilidad de buscar justicia plena por sus seres queridos. No queremos juicios a medias que transformen los debates y el proceso de justicia mismo en una formalidad, cosa que en La Plata se viene dando cada vez con más fuerza. Para ello exigimos a los tres poderes del Estado, en especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las condiciones necesarias para que los procesos se realicen como es debido y sin concesiones a los genocidas con la excusa de la pandemia. Más cuando hasta ahora la Corte se ha limitado a extender la feria judicial extraordinaria a la par de los decretos del ejecutivo sobre la cuarentena. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.
POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!
HIJOS LA PLATA – JUNIO DE 2020.
Contacto 221 – 5892221
(1) http://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com/
(2) https://juicio1y60.blogspot.com/
(3) https://juiciobanfieldquilmes.blogspot.com/
(4) https://www.facebook.com/exdesaparecidos/posts/965998507164384?