Cuentan con un plantel de 500 abogados de los mayores estudios jurídicos. Los asesora una agencia de comunicación y lobby y los respaldan los medios de comunicación. Quiénes lo integran.
Por Alejandro Pairone.
La reivindicación territorial de las comunidades mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro libra una batalla desigual contra un conglomerado de corporaciones nacionales y transnacionales articuladas a través de ONGs, y representadas por las agencias de lobby y los estudios jurídicos más grandes de la Argentina y Latinoamérica.
La masa crítica resultante es tan poderosa que logró alinear tras de sí a una provincia que se niega a aplicar la Ley para regularizar tierras en favor de las comunidades; al Poder Judicial para que blinde sus intereses, y al Gobierno nacional para que envíe un batallón de tropas especiales a desalojar por la fuerza a la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, habitada por apenas un puñado de hombres, mujeres y niñeces mapuches cuyos derechos el Estado debía proteger.
Este conflicto ocurre en un corredor cordillerano abundante en bosques, ríos y lagos, que va desde Bariloche hasta El Bolsón aunque puede extenderse hasta Esquel, al noroeste de Chubut.
Es una zona estratégica de gran valor paisajístico para turismo VIP, nacientes de agua dulce y la incalculable biodiversidad de los bosques andinopatagónicos aún no del todo mensurada. Eso, además de la especulación inmobiliaria y el negociado forestal.
En las inmediaciones poseen estancias la reina Máxima de Holanda, el empresario farmacéutico Alejandro Röemmers, el banquero Eduardo Maschwitz, los grupos Belgian Urban Renovation Company (BURCO), Benetton y Massuh, la corporación británica Lago Escondido, e inversiones de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar (compradas al financista Marcelo Mindlin), entre muchos otros.
Estos intereses y los de grupos turísticos, financieros, inmobiliarios y forestales tienen su cara visible en Consenso Bariloche, organización creada en 2021 como evolución de un bloque anti tomas desarrollado meses antes en Bariloche por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Así se presenta: “Nuestro espíritu es el de llevar adelante acciones que visibilicen la problemática del otorgamiento de tierras para fortalecer los lazos en común promoviendo, siempre, el diálogo como mecanismo para lograr consensos”.
Pero impulsaron las querellas para lograr los desalojos violentos, y en sus foros evitan eufemismos para calificar como delincuentes y terroristas a los mapuches insumisos y exigir la represión armada contra todo reclamo basado en la recuperación territorial.
En Consenso Bariloche articulan estudios jurídicos de la talla de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM); Vergara y Asociados; Sarmiento, y Marval, O’Farrel & Mairal, el más grande de la Argentina.
En conjunto aportan un plantel superior a los 500 abogados, con especialistas en todas las áreas del derecho que incluyen asociados y consultores que fueron jueces, camaristas y fiscales de todos los fueros.
Consenso inundó las redes sociales con una campaña de videos de gran producción con el título “Tierra de Nadie-Olvidados por el Estado”, donde se muestran como grupo pro ambiental, y presentan testimonios de personas que quedaron atrapadas en el conflicto. Ello ofrece una novedad: las corporaciones ponen dinero de su bolsillo para defender a personas comunes afectadas por conflictos de tierras.
Consenso articula además con otras fundaciones similares que se presentan como ambientales pero en realidad operan en su idéntico sentido. Entre las más destacadas está la Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu), que es la gran recaudadora de fondos para fuerzas de choque antimapuche.
Su director ejecutivo, Luis Castelli, promocionó personalmente a fines de 2020 el proyecto Propiedad Privada Patagónica (PPP) para conformar una fuerza de gran capacidad financiera y amplio respaldo empresario para confrontar las recuperaciones territoriales, con un presupuesto anual de 285 mil dólares que buscó recaudar en aportes de cinco niveles que iban desde los 500 hasta los 40 mil dólares.
Según los fundados informes de la investigadora y periodista neuquina Susana Lara, entre los principales aportantes de la PPP se listaban el holding británico Tavistok (Jose Lewis-Lago Escondido), Pérez Companc, Techint, Benetton y Burco, entre otros.
Comparte con Consenso Bariloche el respaldo de los estudios Marval, O’Farrel & Mairal y Vergara y Ass, coordinados por Daniel Sabsay, y con la asesoría en materia de comunicación de Jeffrey Group, la mayor agencia de comunicación y lobby de América latina. «Todo se trata de influencia», proclama su lema corporativo.
«Colaborar en la resolución satisfactoria de las ocupaciones ilegales actuales de propiedades urbanas y rurales dentro de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, y tomar medidas conducentes para intentar evitar (sic) nuevos hechos de ocupaciones de tierras en el Futuro», señala el objeto de la PPP.
Pero se refieren sólo a las recuperaciones territoriales mapuche-tehuelche y no al saqueo de tierras fiscales que sufrió Río Negro por décadas. Según una Comisión Investigadora de la Legislatura que funcionó entre 2011 y 2014, la malversación territorial alcanzó casi 500 mil hectáreas. El informe denuncia compras fraudulentas trianguladas cuyos beneficiarios finales, en aparente legalidad, fueron algunos de los vecinos notables de la Lof Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, como los hermanos Marcelo y Miguel Mindlin y sus compradores de Qatar, el Grupo Burco, Lago Escondido y la familia del representante patagónico de Lewis, Nicolás Van Dittmar, cuyo apellido aparece más de una vez mencionado en el informe parlamentario.
Lago Escondido es otro articulador de la zona. Posee influencia significativa en la provincia pero es insoslayable en El Bolsón, donde su voz se transmite a través del intendente Bruno Pogliano, de la comunidad empresaria dominante, y de una virtual cadena de medios de comunicación que operan un discurso antimapuche junto con otros medios de la región.
Esa cadena les niega identidad ancestral, los descalifica como terroristas y delincuentes en sintonía con la línea que baja el conglomerado de intereses que no está dispuesto a reconocer a la historia del despojo en la Argentina.