24 de marzo: Por Memoria Verdad y Justicia en Plaza de Mayo - Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i ))

26 marzo, 202326 marzo, 2023 por Indymedia Derechos Humanos

A 47 años del golpe genocida, la Plaza de Mayo estuvo colmada todo el día por dos multitudinarias convocatorias consecutivas -la del Encuentro Memoria Verdad y Justicia acompañada por organizaciones de izquierda primero, la de la mayoría de organismos de derechos humanos junto a organizaciones peronistas, después- a la que se sumaron una infinidad de movimientos sociales, organizaciones culturales, deportivas, vecinales, de migrantes, medios alternativos y un largo etcétera -muchas participando de ambos actos- y personas y familias “de a pie”.

Una jornada cargada de emoción y memoria, con cientos de miles de personas movilizadas reclamando castigo para los genocidas y rechazando los nuevos embates de los sectores negacionistas, anti derechos y anti democráticos que buscan sembrar el olvido de los crímenes de la dictadura para habilitar su repetición.

En este artículo compartimos los documentos completos de los dos actos.

Algunas imágenes de la jornada antes del primer acto. Fotos: Indymedia Derechos Humanos

La columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia estuvo encabezada por las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- Nora Cortiñas y Elia Espen (Mirta Baravalle no pudo participar por problemas de salud) junto a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz e integrante del SERPAJ. Después, una cabecera que combinaba referentes de la izquierda partidaria y movimientos sociales junto a sobrevivientes y militantes de derechos humanos, tras la cual se amuchaban delegaciones de la AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), H.I.J.O.S. Capital Federal en la Red Nacional, HIJAS La Plata-Ensenada, la CADHU, el CEPRODH, Encuentro Cachito Fukman, APEL, la CTA Autónoma, la FENAT, la Coordinadora por el Cambio Social y muchas otras organizaciones y movimientos.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Fotos: Nicolas Solo ((i))

Hacia las 14 horas el Encuentro avanzó pausadamente por Avenida de Mayo y poco después de las 15 horas inició en Plaza de Mayo su acto. Tras breves y sentidas intervenciones de Elia (por problemas en su voz, una compañera leyó un documento en el que se se reflejaba la emocionante intervención que hizo en 2022, en la que advirtió que la lucha por Memoria Verdad y Justicia seguirá aún cuando las Madres ya no estén con nosotres) y Norita, se leyó el documento central.

Con críticas al gobierno y a la oposición de derecha, en particular la de ultraderecha -tanto macrista como liberal-, algunos de los ejes centrales fueron contra el ajuste y la represión “de los gobiernos y el FMI, y la denuncia del golpe en Perú encabezado por Dina Boluarte.

Marcha y acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia junto a organizaciones de izquierda partidaria. Fotos: Indymedia Derechos Humanos

Compartimos el documento completo:

A 47 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, volvemos a esta Plaza para decir: ¡30.000, presentes! ¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI! ¡Basta de criminalizar las luchas! ¡Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista!

Sin duda, el 24 de Marzo es un día histórico de lucha contra la impunidad, la represión y los atropellos del Estado. Por eso rechazamos todo intento de banalización o de utilización gubernamental para convertir esta fecha tan sentida en una celebración oficialista y electoralista. Menos aún, cuando el gobierno está aplicando programas de hambre del FMI. Que nadie se confunda ni se deje confundir: el 24 de Marzo es un día de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy.

Para que lo sepan las nuevas generaciones y lo recuerden las no tan nuevas: el terrorismo de Estado en nuestro país no empezó en marzo de 1976 sino antes, con el gobierno del Partido Justicialista. Desde 1974 amparó a la Triple A, que, con otras bandas fascistas, secuestraron y asesinaron a más de mil activistas. Y desde 1975 se implementó el llamado Operativo Independencia en Tucumán. Ese fue el preludio del golpe y del genocidio.

La dictadura militar desapareció, torturó y asesinó a miles y miles de militantes populares.
Robó cientos de bebés, muchos de ellos apropiados por los represores.
Organizó más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Ejecutó los “vuelos de la muerte”.
Suspendió y prohibió los partidos políticos.
Censuró la prensa y prohibió listas enteras de artistas.
Intervino los sindicatos
Disolvió los centros de estudiantes y otras organizaciones populares.

Por eso, frente a toda la derecha antiderechos que avanza, y que hasta elogia a fachos como el presidente salvadoreño Bukele, repetimos: ¡son 30.000 y fue un genocidio! Y por eso nuestro homenaje es para reivindicar a las y los queridos detenidos-desaparecidos. Es un homenaje a cada una y cada uno de ellos, con sus nombres y sus rostros, pero también es una reivindicación política de sus luchas y su compromiso militante. ¡Las y los 30.000, presentes!

Desde 1983 a hoy hubo intentos de impunidad, que la lucha popular resistió:

Antes de caer, los militares dictaron su ley de autoamnistía.
En 1985 se enjuició sólo a tres de las cuatro juntas militares.
En 1986-87, el punto final y la obediencia debida.
En los ’90, los indultos de Menem.
Y en 1998, la derogación trucha de las leyes de impunidad.

Pero con la lucha de años, más el empuje de la rebelión de diciembre de 2001, en 2003 logramos la nulidad real y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017 derrotamos también en las calles el intento de la Corte de beneficiarlos con el 2×1.

Esa batalla sin tregua del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó los intentos de impunidad. Hasta setiembre pasado, último dato oficial, logramos 1.088 represores condenados y otros 495 procesados. Es un triunfo democrático ejemplar, porque somos el único pueblo del mundo que logró que la justicia civil juzgue y condene un genocidio cometido por el propio Estado. Pero falta:

Porque el gobierno sigue sin abrir todos los archivos de la represión.
Porque siguen sin restituir todas las niñas y niños apropiados.
Porque las causas a genocidas y sus cómplices se lentifican y algunos mueren con impunidad biológica, como el empresario Carlos Blaquier.
Porque se los sigue favoreciendo con la prisión domiciliaria.
Porque la Corte no dejó firmes las condenas a los genocidas.
Y porque incluso se deja libres a algunos, como el represor Juan Carlos Fotea, que intervino en los secuestros de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz.

Y tanto ayer como hoy, hay un nexo directo entre ajuste y represión. La dictadura fue alentada por el imperialismo acá y en todo el Cono Sur, financiada por el FMI y apoyada por las multinacionales, los capitalistas locales y las cúpulas de la Iglesia. Su objetivo fue bien claro: derrotar la lucha obrera y popular e imponer un modelo económico de entrega total de nuestro país. A sangre y fuego, cayeron a pique los salarios y aumentaron los ritmos de trabajo. Multiplicaron la deuda externa de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en 1983. Y estatizaron la deuda privada de los mismos grandes grupos capitalistas a los que hoy se sigue beneficiando con exenciones fiscales, el dólar-soja o son formadoras de precios.

Todos los gobiernos post dictadura pagaron esa deuda fraudulenta e ilegítima a costa de ajuste, privatizaciones y entrega. Luego Néstor Kirchner, que hablaba de “desendeudamiento”, pagó casi 70.000 millones de dólares. El colmo fue Macri, que en 2018 pactó un préstamo de 45.000 millones de dólares, el más alto en la historia del FMI, que, como siempre, terminó en fuga de capitales a través de los bancos.

El gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que se pretende distinto, convalidó esa deuda trucha en el Congreso y la sigue pagando, incluido el nuevo canje de Massa, y encima con el FMI monitoreando toda la economía. Durante los 40 años de esta democracia capitalista pagamos, pagamos y pagamos, pero al final hoy la deuda supera los 400.000 millones de dólares, ¡o sea nueve veces lo que se debía al empezar la democracia! No es una deuda real ni un préstamo legítimo a devolver: ¡es una estafa y las estafas no se pagan!

Y la deuda viene de la mano con un ataque a los derechos humanos y democráticos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo nos traen más pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo y precarización. Recorte de planes sociales. Menos presupuesto para salud, educación, vivienda, políticas de género y diversidad. Y además profundizan el modelo de extractivismo, saqueo y contaminación ambiental con tal de juntar dólares para pagar la deuda. ¡Así, con hambre, ajuste y entrega no hay derechos humanos!

Pero como ningún ajuste pasa sin represión, el Estado, con el fogoneo de los patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democráticos básicos: el derecho a la protesta social, el derecho de huelga, los fueros de las y los delegados sindicales. Y son derechos básicos porque la organización y la movilización obrera y popular son justamente la única garantía para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos.

Con la pandemia, este gobierno no sólo benefició a la salud privada en perjuicio de la salud pública, sino que les dio más poder de control social a la policía y la gendarmería. Durante 2022, entre gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y otros hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, sobre todo jóvenes y pobres. O sea, el Estado argentino comete un asesinato directo cada 20 horas.

Las medidas y el relato del poder capitalista y sus voceros son pura hipocresía. Demonizan a las comunidades mapuches y otros pueblos originarios, los acusan de “usurpar tierras” y los reprimen. Pero al magnate británico Joe Lewis lo dejan apropiarse del Lago Escondido, cerrar el camino público y atacar con su policía privada a quien intenta pasar. Y en Chubut, un emir multimillonario de Qatar pretende apropiarse de las nacientes de ese río que irriga toda la provincia. Pero el poder demoniza a las mujeres mapuches que defienden la zona. ¡Joe Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y megamineras, las estancias inglesas, ésos son los que usurpan nuestro territorio!

Y lo mismo con los movimientos sociales que salen a reclamar. Mientras crecen la pobreza y el desempleo, el gobierno nacional y su ministra Tolosa Paz, que vive en un country, pretenden anular miles de planes sociales, congelar los montos y recortar la comida a los comedores populares. Pero denigran y acusan a los piqueteros, que reclaman trabajo genuino. Y encima el facho José Luis Espert, defensor de la dictadura, pide “cárcel o bala” para los dirigentes. ¡Es una instigación al ataque directo! Porque esos discursos de odio de clase, racista, odio político, también con manija mediática, alientan crímenes de odio como el atentado a la vicepresidenta o los ataques a locales de partidos de izquierda, hechos que repudiamos sin excepción.

En Jujuy, Salta, Río Negro, Chaco y otras provincias, los gobernadores elevan las multas y la persecución a la protesta social y la justicia agrava las condenas. En Córdoba, la policía espía a las organizaciones en lucha, como el caso del agente Américo Balbuena, de la Federal, hoy procesado. Acá la policía de Larreta reprimió a vecinos que reclamaban por los cortes de luz, manteros que intentan ganarse el pan, marchas de desocupados y hasta festejos del Mundial. Y días atrás hubo detenciones en Mendoza por movilizar contra el hambre. Por eso repetimos: ¡si tocan a une, nos tocan a todes! Basta de reprimir las protestas y perseguir a quienes salimos a luchar. Cierre de las causas contra activistas populares, como los compañeros perseguidos por luchar contra el acuerdo con el FMI en marzo de 2022. Anulación de las mal llamadas leyes antiterroristas. Absolución a César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero. Libertad a Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala, a las presas mapuches y los obreros petroleros de Las Heras. ¡Libertad a todas las presas y presos políticos, en nuestro país y en todo el mundo!

También cuestionamos a la corporación judicial. Y rechazamos su utilización para persecución política, según los vaivenes del poder. Pero digamos las cosas como son: a la actual Corte Suprema la votaron juntos el macrismo y el peronismo en el Senado. Que nadie se haga el sorprendido. ¡Desde la Corte hasta el último juez de paz, este sistema judicial clasista y patriarcal no va más! Para avanzar hacia una justicia mínimamente democrática e independiente del poder político, los jueces, juezas y fiscales se deberían elegir por voto popular, por mandatos limitados y no vitalicios, revocables y sin privilegios.

Por Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Darío Santillán, Víctor Choque y tantos y tantas más, seguimos defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy:

Exigimos al gobierno la apertura y el acceso a todos los archivos de la represión. Lo mismo a la Iglesia, que sigue negando su complicidad.
Así como las Abuelas y la lucha popular ya recuperaron a 132 nietas y nietos, vamos por la identidad de todes les jóvenes apropiados.
Se deben acelerar y unificar las causas contra genocidas, porque 1.023 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica.
Como el 76% de los genocidas condenados está en su casa, decimos basta de prisiones domiciliarias: ¡cárcel común, perpetua y efectiva!
Muchas ex presas y presos políticos, ex exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes reciben pensiones mínimas y no tienen obra social. ¡Que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes!
A dos años de su desaparición, exigimos saber dónde está Tehuel.
Repudiamos las pistolas Taser, esas picanas eléctricas que compraron Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y ahora también Aníbal Fernández.
Exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Y basta de gatillo fácil, razzias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detención.
Y repudiamos el envío a Rosario de militares con la excusa de urbanizar barrios, y de más policías y gendarmes con la excusa del narcotráfico. Junto al aparato estatal y los puertos privatizados, esas fuerzas represivas a las que quieren legitimar son parte del delito.

También reclamamos la investigación y el no pago de la deuda externa. Decimos: ¡Fuera el FMI, sus planes de ajuste y sus monitoreos! ¡Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud y educación! Como siempre, apoyamos todos los reclamos sociales que cruzan el país. Y asimismo expresamos nuestra solidaridad con las luchas del continente y del mundo:

Estamos junto al pueblo hermano de Perú. Pese a la represión asesina que ya causó más de 70 muertes, sigue luchando para derrotar al gobierno golpista de Dina Boluarte y el Congreso corrupto, lograr la libertad de Pedro Castillo, poner fin al régimen heredado del fujimorismo, llamar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y nacionalizar el petróleo y la minería. A la vez, exigimos al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno de Boluarte.
Fuera las tropas extranjeras de Haití. Derecho del pueblo a decidir su destino.
Justicia por Lilyan y María del Carmen, las niñas asesinadas en Paraguay, aparición con vida de Lichita y libertad a Carmen y Laura Villalba.
Y decimos: No a la guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN del Este de Europa y por su disolución.
Libertad a Julian Assange, perseguido por denunciar los crímenes del imperialismo.
Repudiamos los bombardeos de Irán y Turquía contra el pueblo kurdo.
Viva la lucha de las mujeres y el pueblo iraní contra ese gobierno dictatorial.
Viva la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel.
Viva la lucha obrera y estudiantil en Francia contra el decretazo anti-jubilatorio de Macron. Basta de represión.

Para cerrar este enorme y combativo acto popular, a 47 años del golpe genocida, repetimos: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y como lo hicieron nuestras y nuestros 30.000, seguiremos las luchas en las calles para cambiar este sistema de opresión y explotación. ¡Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros! ¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI! ¡Basta de criminalizar las luchas! ¡Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista! ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Venceremos!

La marcha de la Cámpora

La agrupación encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, realizó una multitudinaria marcha desde la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) hasta Plaza de Mayo.

Marcha de La Cámpora. Fotos: Nicolas Solo ((i))

Alrededor de 90 mil manifestantes partieron en la mañana desde la ESMA, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la dictadura genocida, hoy convertido en espacio de memoria, hasta la Plaza de Mayo, donde arribaron poco después de terminado el segundo acto.

Máximo Kirchner renovó sus críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI), repudió la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández y señaló que “la democracia vive con la gente participando, debatiendo y discutiendo y no a través de unos pocos iluminados prohombres que creen saberlo todo y después no solucionan nada”.

A su vez, también apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, al cuestionar la falta de convocatoria que tienen ambos en las calles y, por el contrario, el gran espacio que le asignan desde los medios de comunicación. “Imaginate si Larreta y Bullrich juntaran caminando el 10% de lo que hoy camina, lo tendrías en vivo en todos los medios. Queremos que la sociedad tenga la mayor cantidad de puntos de vista para elegir libremente. Después competimos. Ganás o perdés”, indicó.

Asimismo, aprovechó para criticar el rol que tiene el FMI en las políticas del país al resaltar que quieren “explicar” cómo manejar la economía “mientras los bancos estadounidenses se caen y salen en su rescate”.

El segundo acto

Pasadas las 16 horas las columnas de las organizaciones de izquierda iniciaron la desconcentración con puntualidad, tal como lo solicitaba Carlos “Sueco” Lordkipanidse de la AEDD desde el escenario para cumplir los acuerdos establecidos con el arco convocante al segundo acto. Salvo algún grupo puntual, como una de las dos facciones en las que se encuentra dividido el Partido Obrero (PO), que se quedó un poco más en la Plaza quizás para devolver gentilezas de los roces de años pasados, cuando era el sector más ligado al peronismo el que demoraba la entrega del espacio.

Segundo acto en Plaza de Mayo. Fotos: Nicolas Solo ((i))

Como en el acto anterior, desde todos los ángulos de la Plaza ingresaban columnas. Por Diagonal Sur entraron los vehículos que transportaban a las Madres custodiadas por militantes de FOETRA y otras organizaciones sindicales, acompañadas por estudiantes y militantes de las escuelas populares de música y teatro de la Universidad de Madres. Detrás, con una multitudinaria columna de la Unión Obrera Metalúrgica encabezada por su secretario general, Abel Furlán. Lo seguía Carlos Heller con su Partido Solidario, agrupaciones peronistas del conurbano y las militantes de Teatro por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo.

Por Diagonal Norte, al tiempo que desconcentraba por ahí la mayoría de la izquierda, ingresaban movimientos sociales y organizaciones partidarias, algunas alineadas al gobierno nacional y otras que no. Y por Avenida de Mayo, encabezada por un grupo de Madres, entraba la larguísima bandera que agrupa a miles de retratos de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Se sumaba la presencia puntual de algunos dirigentes y sectores del Partido Justicialista, pero de la mitad de la Plaza hacia el escenario había una abrumadora mayoría de “gente suelta”. La Cámpora, por su parte, que salió a la mañana caminando desde la ESMA, entró a la Plaza minutos después de finalizado el segundo acto.

Con el título de “Memoria, verdad y justicia para defender la democracia”, el documento leído en este acto estableció un ida y vuelta entre el golpe genocida y el presente, apuntando a los grupos económicos y a la corporación judicial “que persigue y encarcela a referentes populares”. En este marco, se señalaron la prisión política de Milagro Sala y la proscripción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la falta de investigación y la impunidad que se cierne sobre el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1° de septiembre de 2022.

También señalaron el auge de los discursos de odio y negacionismo, amparados y fomentados por los mismos factores de poder.

Marcha y acto de organismos de derechos humanos junto a organizaciones del Frente de Todos. Fotos: Indymedia Derechos Humanos

Compartimos el documento completo leído en el segundo acto en Plaza de Mayo:

Memoria, verdad y justicia para defender la democracia

A 47 años del golpe genocida, volvemos a esta Plaza de Mayo para recordar 30.000 luchas, y hoy más que nunca, porque enfrentamos a sectores que, a casi 40 años de haberla recuperado, instalan el odio en nuestra democracia.

Llegamos marchando con cientos de banderas de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas y culturales, con organizaciones del campo popular, colectivos de mujeres y diversidades, con muchas familias que cada año vienen a la Plaza, con miles y miles de personas que cada 24 de marzo nos reunimos para fortalecer la memoria y, sobre todo, para gritar: ¡PRESENTES!

Cada Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia nos movilizamos en todo el país. La dictadura dañó a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras. El horror se desplegó para perseguir y destruir toda resistencia. Más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebés, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienes… El miedo, instalado en las fábricas militarizadas y en la feroz persecución a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos.

El Plan Cóndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadió la región bajo órdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cúpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegía ser parte del silencio. Una Triple A que precedió al golpe, anticipando lo que iba a ser.

Se utilizó el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, 10.000 presas políticas y presos políticos y miles de personas empujadas al exilio. Hoy y siempre reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo a algunas de los tantos espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.

Durante la dictadura genocida la deuda externa creció más de un 300%. Los que se beneficiaron con esta política fueron los principales grupos económicos a los que se les estatizó su deuda privada y que, además, se vieron favorecidos en las décadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado y la destrucción de la salud y la educación pública. Estos empresarios, responsables también del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro décadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy por la misma corporación judicial que persigue y encarcela a referentes populares

Quienes están en las fotos, banderas, remeras, carteles y en nuestra memoria son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compañeros y compañeras. Son a quienes extrañamos, reivindicamos y, en su mayoría, seguimos buscando, porque 47 años después del golpe, miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dónde están y también que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad.

Resistimos y nos organizamos aún durante los años más difíciles. A pesar de la falta de justicia, miles de familias presentamos habeas corpus para saber dónde estaban quienes eran víctimas de la desaparición forzada, con el compromiso de abogados y abogadas del campo popular. Eran rechazados. Cuando esperábamos que un juez o jueza pidiera explicaciones ante una búsqueda, nos cerraban las puertas, salvo en honrosas excepciones. Pero a la desesperación y a la falta de respuestas, se sumó que quienes denunciaban las desapariciones, en muchos casos, pasaron a ser víctimas. Por eso, hoy también recordamos a las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a abogados, abogadas y militantes de organismos de derechos humanos que fueron víctimas de la desaparición forzada por resistir a la dictadura.

Hubo una corporación judicial al servicio de la persecución política del terrorismo de Estado y de la apropiación de niños, niñas y bebés, dirigida por grupos económicos que financiaron el terror, se beneficiaron con él y además armaron mecanismos para garantizarse la impunidad. Décadas después, las estrategias de persecución y violencia política e institucional han cambiado sus metodologías y protagonistas. Los grupos de poder ya no utilizan a las Fuerzas Armadas para condicionar según sus intereses y necesidades a los sectores populares y al sistema democratico, sino directamente al sistema judicial, transformado hoy en una corporación más, a través de una feroz estrategia de persecución contra la oposición política y luchadores sociales.

El odio y la persecución política llegan a límites muy graves para la democracia. Por eso exigimos que se investigue de manera responsable y hasta todas las terminales políticas y económicas el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamamos que se termine el proceso de proscripción en su contra, encabezado, en lo visible, por los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso y los fiscales Mola y Luciani, pero organizado, en las sombras, por quienes la pretenden prohibir como candidata.

Conocemos en profundidad al Poder Judicial. Aprendimos que podemos llamarlo más veces así que Justicia. Por eso reafirmamos que es inaceptable la existencia de una corporación judicial de estas características en nuestra democracia. Volvemos a decir que apoyamos el juicio político impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. ¡Corporación judicial NUNCA MÁS!

En dos meses se van a cumplir 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Argentina. Con su llegada se abrió un momento histórico que reconoció, en forma de políticas públicas, las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Revertimos lo imposible que había sido desafiado por los escraches a los genocidas, pero que todavía no había llegado a las instituciones del Estado. Y llegó. Logramos revertir las leyes de impunidad, se fortalecieron las instituciones destinadas a la búsqueda de nietos y nietas apropiadas y se alcanzaron resoluciones tan importantes como el establecimiento del Día Nacional por el Derecho a la Identidad el 22 de octubre, y este día, el 24 de marzo, como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fortaleciendo la memoria para las nuevas generaciones, para que cuando voten lo hagan conociendo la historia y defendiendo la democracia para todo el pueblo.

El próximo 10 de diciembre conmemoramos los 40 años de la recuperación democrática de nuestra Patria, que sufre amenazas constantes.

Llevamos más de dos generaciones que no conocen a los sectores civiles golpeando las puertas de los cuarteles, ni las irrupciones violentas de las Fuerzas Armadas derrocando gobiernos democráticos. Las embestidas militares de los 80 y 90 fueron frenadas con la movilización popular, aunque con algunos retrocesos importantes.

El acuerdo de la mayoría de la sociedad argentina para defender la democracia no fue sencillo de sostener. La reconstrucción del entramado económico, social, cultural y político destruido por la dictadura cívico-militar ha recorrido un complicado y largo camino, ya que los sectores de privilegio, los grupos económicos y la derecha antidemocrática han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrática y popular, utilizando los golpes de mercado, la hiperinflación, el endeudamiento, la fuga de capitales y han debilitado las estructuras del Estado, permitiendo la enajenación de nuestras empresas y recursos naturales sin ningún beneficio para las clases populares. Su correlato político fue el neoliberalismo de la década del 90, de la primera alianza y del macrismo.

En 1985, a poco del retorno de la democracia, pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un lustro después, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y retroceso: el propio Estado democrático promovía el olvido institucional de sus crímenes.

Años más tarde, los Juicios por la Verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir de 2003, con la anulación de las leyes de impunidad, y del año siguiente, cuando el Estado argentino pidió perdón por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia. Con la llegada de los gobiernos nacionales y populares de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pudimos aspirar a que la impunidad se transformara en justicia, y que ésta avanzara y creciera fortalecida.

Pero otros avances también fueron posibles en esa década. La ruptura con el FMI, la nacionalización de YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema solidario de jubilaciones. Se inició un camino de mayor justicia social, libertad económica y soberanía política, que fue interrumpida brutalmente con la llegada al gobierno del macrismo y su vuelta al FMI, limitando nuestras posibilidades como nación soberana.

A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la más larga de nuestra historia como nación.

En estos años, además, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliación de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentación no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilización de las violencias y el avance en las políticas públicas que permitieron la promulgación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Interrupción voluntaria del embarazo, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación.

Donde hay una necesidad hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo Macri volvió a condicionar la política económica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, económicos, sociales, culturales para las mujeres, para las niñeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias, para nuestros pueblos originarios.

La única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso seguiremos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acción, con el voto, con organización popular para no permitir que nos roben el sueño de una patria justa, solidaria y feliz como la que querían quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera.

País que olvida, país que puede repetir la historia. No olvidemos: las políticas de Estado marcan el rumbo de un país, son las que garantizan u obstaculizan procesos democráticos, de justicia e inclusión social. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Hay que seguir sosteniéndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ella. Allí están los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocráticos de la oposición, o el lawfare, sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados, que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares y sigue generando prácticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminación del otro.

Por eso, a pesar de todos los obstáculos para la consolidación de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos. Una vez más, decimos: no al silencio y la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia.

Desde 1985 nuestro propio país juzga a los asesinos de su pueblo, sin tribunales ni códigos especiales, con todos los derechos y garantías. Hasta ahora, logramos que fueran condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas están firmes en menos del 40 por ciento de los casos y no lo están por la complicidad judicial de la Cámara de Casación y de la Corte del 2×1 para sostener impunidades. De los detenidos, en preventiva o cumpliendo condena, casi el 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario. Decimos a nuestro pueblo y con todas las letras que prácticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio, y que las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza garantizan todos sus derechos.

Le decimos a ese Poder Judicial que tan fácilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales o excarcelaciones por dos tercios de la condena, que no cumple con la misma facilidad con la ley de víctimas. Queremos sostener un debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas. También reclamamos la apertura de todos los archivos de inteligencia.

Si bien se avanzó en la desclasificación y publicidad de parte de los archivos vinculados con el terrorismo de Estado, aún falta que se desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo y que se permita el acceso público a los archivos de inteligencia producidos por las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y por la ex SIDE.

El acceso a estos documentos es fundamental dado el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el aparato represivo. En sus archivos puede haber información sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada, sobre hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que fueron apropiados y apropiadas que seguimos buscando, y sobre los perpetradores que deben ser investigados. Toda la sociedad tiene derecho a saber qué información guardan sobre el terrorismo de Estado.

296 sentencias en 17 años: ¡claro que el camino recorrido es enorme!. Pero el árbol no nos tapa el bosque y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los culpables.

El Poder económico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos. Y juicio y castigo a todos los culpables también implica seguir denunciando a jueces de instrucción, de oralidad, de cámaras y Corte, porque con su lentitud extrema al servicio de los poderosos, siguen sosteniendo la impunidad. Así se explica que Blaquier, ícono de la responsabilidad empresarial en el genocidio, no haya llegado a ser juzgado hace más de una década. Tienen paralizado el Concejo de la Magistratura, faltan jueces y no se puede avanzar con los juicios políticos a los jueces denunciados. Tenemos un Ministerio Público Fiscal presidido por un procurador interino protector de Stornellis.

No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora.

Especialmente, abrazamos a cada sobreviviente. Sin sus memorias y testimonios estos juicios no serían posibles. Sabemos todo lo que reviven al declarar contra sus victimarios, por eso es necesario que toda la sociedad acompañe los juicios.

Seguimos reclamando saber qué pasó con Jorge Julio López y también que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas, cuya denuncia fue presentada hace 16 años y todavía no tiene respuesta, en parte por responsabilidad de la Corte Suprema.

Ya llevamos más de 45 años buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. En diciembre último tuvimos la dicha de encontrar a dos de ellos. Pero faltan cientos todavía. Son víctimas de la práctica sistemática de apropiación de bebés desplegada por el terrorismo de Estado. Niñas y niños que recién nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres, les cambiaron el nombre, les borraron su historia familiar y, así, les negaron el derecho a la identidad, fundamental para tener una vida en libertad.

Nacidos en cautiverio en las siniestras maternidades clandestinas de la dictadura, o secuestrados junto con sus padres y madres, estas personas tienen hoy más de 40 años de edad. Algunas quizá sospechan que pueden ser hijas o hijas de personas desaparecidas, otras no: lo importante es que ayudemos a que conozcan la verdad. Si su identidad está vulnerada, también lo está la de sus hijas e hijos: niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, al igual que sus padres y madres, tienen derecho a saber su historia.

Es el derecho de sus Abuelas, que los buscaron sin cesar desde el primer momento y cientos de ellas fallecieron sin poder abrazarlos. Hoy sus familias los siguen buscando: sus hermanas y hermanos, sus tíos y tías, sus primos, muchas nietas y nietos restituidos que han tomado la posta de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad que asume como propia esa búsqueda porque sabe que es colectiva y profundamente reparadora, como lo demuestra la ola de felicidad que se desata cada vez que anunciamos una restitución.

La crueldad de la apropiación se agrava con el paso del tiempo: encuentros truncados, la verdad oculta, la desesperante incertidumbre de tener un desaparecido o desaparecida viva en la familia, el daño psicológico causado a sus víctimas, la mentira alrededor de ellas… Llamamos a todas las personas que sepan algo, o conozcan a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, a que se acerquen a Abuelas. Que ayuden a romper ese muro de silencio de tantos años. No es pasado, es presente. El delito de apropiación, hasta tanto no sea esclarecido, se sigue cometiendo, día tras día, hora tras hora.

Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad. Y este derecho, que nos ha llevado décadas para que sea plenamente reconocido y comprendido, es irrenunciable e intrínseco a la vida en democracia. Para las personas que permanecen con su identidad falseada, para sus hijas e hijos, para sus familias biológicas que los siguen buscando, la dictadura aún no terminó. Necesitamos encontrar a esas 300 nietas y nietos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos abrazarlos y que sepan la verdad.

Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicación de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repetición de casos cometidos a lo largo y ancho de nuestro país. Sigue siendo urgente que se terminen estas prácticas contrarias a un Estado de derecho: violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares.

Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. Desde hace más de diez años combatimos el intento de compra del macrismo en la Ciudad, algo que pudo concretar recientemente el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que había logrado Patricia Bullrich a nivel nacional y ahora se renueva la compra desde el mismo ministerio, esta vez dirigido por Aníbal Fernández. Lo reiteramos: la picana es incompatible con la democracia.

La violencia institucional no es la solución a la inseguridad: la respuesta es siempre la inclusión en derechos, principalmente de los más fundamentales. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita.

Reclamamos Justicia por Lucas González en el juicio iniciado recientemente a tres policías de la Ciudad por su homicidio y a otros 11 por el encubrimiento. Acompañamos especialmente a la familia y esperamos que el Poder Judicial le dé una respuesta que consiga al menos reparar una parte de tanto dolor.

Seguimos exigiendo justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri en los territorios de las comunidades de pueblos originarios. Recordamos que aquella persecución cobró las vidas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, por eso continuamos acompañando a sus familias en la demanda de Justicia.

La voracidad inmobiliaria, el extractivismo y el desmonte generan un profundo perjuicio ambiental y dañan profundamente a las comunidades campesinas e indígenas, empujándolas al desarraigo y las migraciones forzadas. El ejemplo de Lago Escondido, territorio vedado a la comunidad por Joe Lewis, violentando incluso resoluciones judiciales, muestra la complicidad del poder económico, en este caso extranjero, con sectores de la corporación judicial de nuestro país.

Una vez más, reclamamos la resolución pacífica de los conflictos y la libertad de las detenidas de la comunidad que continúan detenidas.

Como hacemos cada año desde 2016, denunciamos la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La más emblemática de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compañeras y compañeros de la Tupac, lleva ya siete años detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la Nación que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido al día de hoy una respuesta a nuestro reclamo. Pero la persecución de la corporación judicial se extiende a la justicia federal e incluso provincial, y es padecida por luchadores y luchadoras populares y referentes de la política a través del lawfare con causas judiciales armadas y que no cuentan con ninguno de los requisitos del debido proceso, entre las que se encuentra la persecución sufrida por la Vicepresidenta Cristina Fernández.

Atravesamos una situación internacional signada por la postpandemia, las crisis humanitarias, las guerras, la aparición de expresiones políticas de ultraderecha y neofacistas. El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales sin que se sepa a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias a nivel planetario, y en donde los instrumentos internacionales, como la ONU, están demostrando su inutilidad para lograr la paz y sojuzgamiento a Estados Unidos, una de las potencias en conflicto.

Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios que crecen en toda la región, y que se muestran como apartidistas, antipolíticos o antisistema cuando en realidad son parte de la estructura política de dominación y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las políticas públicas o marcando las agendas gubernamentales.

América Latina hoy muestra procesos de recuperación de la democracia, la soberanía y la autodeterminación, como Brasil con Lula, Colombia con Petro y Francia Márquez, Bolivia con Arce y Chile con Boric. Pero, recientemente, en nuestra Patria Grande también hemos sido testigos de los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina Fernández y Francia Márquez, el intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compañero Lula y el golpe de Estado en Perú, que mantiene preso al Presidente Pedro Castillo.

Denunciamos: basta de persecución y muerte a los hermanos y hermanas peruanas.

Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar “curro” a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; porque ya salimos del silencio y no vamos a volver Nunca Más; porque como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo.

A 47 años del golpe genocida, construyamos una Patria para el pueblo.

Con Memoria, con Verdad y con Justicia. Siempre.

Lo repetimos acá, en esta Plaza, ¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!

Restitución de la identidad de las nietas y nietos

Libertad a las presas políticas y los presos políticos

Juicio y castigo a los genocidas y a todos los partícipes civiles

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDAS-DESAPARECIDAS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora