En la audiencia, el Estado Nacional debió responder los reclamos y además denunció al gobierno de Jujuy por reformar la constitución sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, como establecen los tratados internacionales, y por la represión con la que respondió a las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió las quejas de los pueblos indígenas de Argentina por la vulneración de sus derechos durante una audiencia, realizada en forma virtual, en la que participaron funcionarios nacionales, referentes de organizaciones originarias y también organismos de derechos humanos.
“En la provincia se llevó a cabo una reforma constitucional que no tuvo la deliberación que corresponde a un proceso político tan importante”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
“La respuesta del gobernador (Gerardo Morales) fue una cruenta represión, que desconoció absolutamente los derechos de la integridad, la protección judicial, la defensa, la libertad de expresión, reunión y asociación, etc. Esto nos parece inaceptable y por esa razón nos constituimos personalmente Jujuy, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres”, agregó.
Participamos en la audiencia pública “Derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina” convocada por la @CIDH. Destacamos la decisión del Gobierno Nacional de abordar los reclamos de las comunidades indígenas promoviendo el debate y la solución pacífica de los conflictos.… pic.twitter.com/SXxq7wV8eh
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) July 10, 2023
Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudieron ponerse al tanto de los reclamos de los pueblos originarios del norte del país, que aún mantienen su reclamo y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, criticó la falta de voluntad política tanto de gobiernos provinciales como del gobierno nacional para la entrega de títulos de propiedad comunitaria indígena. “Tenemos una constitución absolutamente contundente y tenemos constituciones provinciales, como la de Neuquén, que marcan absolutamente la obligación del Estado de ponerse al día con una deuda histórica. Esa deuda histórica tiene como base fundamental la seguridad territorial de la cual carecemos”.
En esa línea, relató que se trata de “cientos de comunidades sin la propiedad de la tierra, con un programa de emergencia que se aprobó hace 16 años y que, sin embargo, no se aplica porque no hay voluntad política de los gobiernos provinciales, porque no hay decisión más firme de parte del gobierno nacional para hacer cumplir esa ley”.
Por eso, apuntó que existe “una forma muy deficitaria de aplicar una ley que es de emergencia, porque no aborda todavía la propiedad comunitaria de la tierra, que es una deuda por un lado del Congreso, que no aprueba una ley de propiedad comunitaria, y por otro lado los gobiernos provinciales que no están decididos y quieren mantenernos en una total inseguridad para hacernos presa fácil del extractivismo”.
“Nuestros territorios están amenazados, nuestros territorios poseen enormes riquezas que la madre naturaleza nos cedió para nuestro bienestar con esa enorme generosidad y, sin embargo, hoy es objeto de un mercado extractivista, que lo que busca es destrozar los territorios y junto con ellos toda nuestra cultura”, añadió.
Junto a @ANDHES_org, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas (AMAI) expusimos ante la @CIDH la grave situación de los pueblos indígenas en la Argentina. https://t.co/pPRKqKYRSt
— CELS (@CELS_Argentina) July 10, 2023
En la audiencia, el integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, apuntó a los sectores políticos de derecha que promueven discursos racistas en Argentina. “El año pasado, después de un violento desalojo, cuatro mujeres mapuche fueron trasladadas a la capital nacional como presas de máxima peligrosidad para ser devueltas luego a su provincia dos días después y permanecer presas durante ocho meses, acusadas de un delito que en cualquier otra situación es excarcelable”, relató a su turno.
Para el representante del CELS, “esta situación estructural se viene agravando en los últimos años por la consolidación de sectores políticos que explícitamente abogan por una represión violenta de las demandas indígenas y promueven la idea de que los pueblos indígenas son una amenaza a la soberanía o incluso que son terroristas”.
Otro punto preocupante que planteó Tufró es que muchos de esos sectores políticos, que son los mismos que gobernaron entre 2015 y 2019, “hoy gobiernan varias provincias de la Argentina y tienen fuertes chances de asumir el gobierno nacional a fines de este año, lo cual es un motivo de inmensa preocupación para los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos”.
Además recordó que durante ese periodo “desplegaron una estrategia de militarización, judicialización y espionaje ilegal contra las comunidades mapuche que tuvo como resultado dos personas muertas, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
Para Tufró, “las campañas racistas movilizadas por sectores políticos y medios de comunicación afines se intensificaron como respuesta al activismo indígena en torno a la recuperación del territorio ancestral y a la defensa de los bienes comunes”.
“Es decir, se trata de una reacción anclada en sectores económicos concentrados que bajo la bandera de la defensa de la propiedad privada y la soberanía nacional no admiten ninguna política de reparación a los pueblos indígenas que incluya la devolución del territorio”, concluyó.
Docentes, trabajadores municipales, estatales, organizaciones sociales y comunidades indígenas protagonizan una nueva marcha de antorchas.
En Jujuy habrá una nueva movilización en la capital como en otros puntos de la provincia. En San Salvador está convocada en la histórica Plaza Belgrano. Aún se mantienen unos 10 cortes de ruta en distintas partes del territorio jujeño que exigen la derogación de la reforma constitucional impulsada por Morales.
También continúa el paro docente en escuelas primarias, que lleva más de un mes en reclamo de mejores salarios. Ayer hubo una nueva reunión entre el gobierno provincial y el sindicato docente ADEP que pasó a cuarto intermedio para hoy.
La multisectorial contra la reforma de la Constitución convocó para este martes a una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que van a seguir en Jujuy de ahora en adelante.