La agencia federal antinarcóticos DEA, en su publicitado combate contra la narcocorrupción por el mundo, se ve obligada a enfrentar esa misma batalla pero dentro de su propia casa con una serie de escándalos internos que sin duda captan más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas. Lo cierto es que la política estadounidense antidrogas es un gran fracaso, y el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante.
Por Álvaro Verzí Rangel.
La todopoderosa DEA ha tenido que investigar por corrupción y complicidad con el narcotráfico a docenas de sus agentes. Algunos –pocos- fueron presos, otros obligados a retirarse, mientras los escándalos de corrupción y complicidad con el narco en sus propias filas ya son comunes. Hoy la poderosa agencia estadounidense enfrenta un problema sistémico, no a casos aislados de corrupción.
A 50 años de su creación, la DEA fue objeto de una primera evaluación de desempeño en más de 100 países, que descubre irregularidades de agentes en su desempeño. Se detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. En el mismo, hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de los informantes con los que trata la DEA en varios países, a los que deja completamente descobijados una vez que les sirven.
Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EEUU.
Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EEUU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos.
Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, también se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia. Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos. Es en EEUU donde se localizan no sólo la demanda, sino la industria armamentista que empodera a los cárteles, las instituciones financieras que facilitan y administran el lavado de dinero y agencias del gobierno que operan en favor del crimen organizado.
El discurso de la DEA trata de instalar un manto de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto y Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.
La narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de EEUU, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que expliquen su ubicuidad.
Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también se ha enfrentado a la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Departamento de Estado estadounidense lanzo alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EEUU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.
Cuando se ve en apuros políticos o de seguridad, EEUU –incluyendo la DEA- lanza camapañas de desprestigio contra gobernantes latinoamericanos, tratando de dañar su imagen ante sus compatriotas y en el imaginario colectivo mundial, brindándole excusas para intervenir en los asuntos internos de nuestros países.
La última semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al periodista estadounidense Tim Golden, quien en un reportaje, sin prueba alguna, lo involucró en un presunto financiamiento del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006 en medio del actual proceso electoral: “que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron? o ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto?”, dijo el mandatario.
La injerencia de la DEA, el “cuco” de la droga
Lo que no dice la autoevaluación es que la DEA es uno de tantos modos de intervención de EEUU con la tarea explícita de combatir el narcotráfico mediante métodos nunca explícitos. La poderosa agencia con base en Estados Unidos y tentáculos en todo el mundo fue penetrando diferentes capas de la estructura judicial, policial y política local de los países latinoamericanos, hasta controlarlas.
Por ejemplo, la agencia de noticias estadounidense Associated Press dio cuenta el 1° de febrero de operaciones encubiertas realizadas por la DEA en Venezuela, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, y rastrear a altos funcionarios públicos, incluido el presidente Nicolás Maduro. Hechos similares se repitieron en varios países de la región.
Aunque parezca inverosímil, los informantes son asesinados e incluso desaparecidos, y nunca dan cuenta de ello los reportes de la DEA. Eso pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tienen protocolos de salvaguarda a los informantes, por lo cual es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera, pero hay mucha acusaciones en ese sentido, nada más que no son tomadas en serio en el informe oficial.
Una evaluación de las operaciones en el exterior de la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero; tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo. No obstante, revela casos de corrupción, escándalos e incluso complicidades con grupos criminales.
El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití, que además de la corrupción, señala casos de inteligencia comprometida y muerte de civiles.
Pero a pesar de noticias bastante frecuentes de agentes que aceptan sobornos, colaboran con operaciones de lavado de dinero, que filtran información a narcos o que roban bienes confiscados y más, los escándalos parecen no tener impacto sobre la agencia, que sigue con su cantinela de combate a las drogas ilícitas y la corrupción en el mundo, mientras su presupuesto sigue creciendo con más de 2.500 millones de dólares al año.
Los diez mil empleados de la DEA en 241 oficinas en Estados Unidos, así como en 93 oficinas en el extranjero, son –en los papeles- los encargados de combatir las redes criminales de droga, causante de daño, violencia, sobredosis y envenenamiento a los estadounidenses.
Y una parte central de eso incluye combatir la corrupción que es parte integral del negocio de drogas ilícitas. Según la información oficial, realizó en los últimos años más de 26 mil arrestos y participó en algunos casos prominentes en México como los de El Chapo y García Luna.
Y sigue persiguiendo a otros capos mexicanos como El Mayo Zambada y el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de ser los principales actores en el tema que ha elevado a su mayor prioridad: el fentanilo.
Casos espectaculares
Entre los casos más espectaculares está el de su agente estrella José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar en 2020 al FBI, que trabajó con (y para) cárteles colombianos para lavar dinero, y robó millones en bienes confiscados y de supuestos pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y prostitutas.
Irizarry, que se ganó el título del agente más corrupto en la historia de esa dependencia, denunció que él no era un caso aislado dentro de las filas de la DEA y acusó a varios de sus colegas, funcionarios del gobierno estadounidense, políticos de los países donde actuó e informantes de participar en su gran festival de corrupción a través de tres continentes: “con lo que llamábamos Equipo America, tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.
Pero por más que la DEA intentó señalar a este escándalo como un caso aislado, a finales de 2022 investigadores del Departamento de Justicia ya habían empezado a interrogar hasta dos docenas de agentes de la DEA y fiscales acusados por Irizarry, el agente estrella.
Irizarry señaló que la acusación pinta una imagen de él, como el agente corrupto que manejó todo este esquema, “pero no habla sobre el resto de la DEA. Yo no era el cerebro”. El jjuez que lo condenó aseveró ante los fiscales en 2021 que el acusado es quien fue atrapado, pero sin duda para su corte hay muchos otros.
Irizarry, por su parte, dijo a la prensa que sus actos corruptos fueron resultado de que se dio cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”. Y por demás redituable.
Por otra parte, la DEA removió de su cargo a su director en México, Nick Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con autoridades mexicanas. Utilizó fondos de la agencia para, entre otras cosas, pagar su propia fiesta de cumpleaños, así como rentar un yate en Panamá para recibir al entonces director interino de la agencia.
Nick Palmeri, jefe regional de la DEA en México, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado, luego que se filtró la información de que se había reunido varias veces con abogados de líderes de cárteles.Pero recién dos años más tarde el inspector general del Departamento de Justicia informó públicamente las razones por las cuales había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post.
Fraudes
Un ex agente de la DEA comentó: “no puedes componer lo que está mal en el gobierno mexicano si tu propia casa está incendiada”. Y por cierto, en su propia casa el año pasado, unos siete altos funcionarios de la DEA fueron sujetos de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia por posible fraude en el otorgamiento de contratos millonarios no competitivos y emplear a una docena de personas que habían trabajado antes con la administradora (directora) de la agencia, Anne Milgram.
También estaba bajo investigación un contrato de 1.4 millones de dólares con un bufete en Washington que fue realizado por Milgram –y encabezado por un abogado cercano a un amigo de la directora– para realizar una evaluación de los escándalos de las operaciones en el extranjero de la agencia; el informe final fue ampliamente cuestionado por sus críticas limitadas a la conducta inapropiada por varios agentes.
Milgram fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2021 para limpiar la casa, y muy rápido provocó conflictos al imponer reglas más firmes para prevenir conducta inapropiada de agentes que incluyen frenar actos racistas y sexistas.
Fue ella quien ordenó la evaluación de las operaciones internacionales de su agencia, sobre todo después del escándalo de Irizarry .Pero ella resultó ser la cuestionada por a quién encargó y contrató para el trabajo, y sus actividades han sido parte de investigaciones de legisladores poderosos como el senador Charles Grassley.
Altos mandos en problemas
La corrupción dentro de la agencia es un tema delicado y la DEA repite que entre sus prioridades está garantizar la integridad de su labor y asegurar que no permitirá la impunidad entre sus filas. Pocos le creen y la realidad les da la razón.
A mediados del año pasado, el segundo en el mando de la DEA, Louis Millones, renunció después de que la agencia noticiosa Ap revelara que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y también consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos. Millione había dejado su carrera de 21 años en la DEA en 2017 para irse al sector privado y retornó en 2021 como segundo de Milgram.
Álvaro Verzí Rangel es Director del Observatorio de Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)