La Federación de obreros aceiteros lanzó hoy una medida de fuerza “ante la falta de respuestas de las cámaras patronales” por paritarias y despidos, que afectará a plantas y puertos del sector agroexportador.
“Compañeras, compañeros: vamos a la Huelga ante la falta de respuestas de las cámaras patronales CIARA, CIAVEC y CARBIO en el marco de la Paritaria Salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, que se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2019”, anunciaron los obreros aceiteros.
La Federación nacional se caracteriza por construir su reclamo paritario en base al Salario Mínimo Vital y Móvil, pero no el que calcula el Consejo del Salario dependiente del Ministerio de Trabajo nacional, que cifra montos de hambre. En cambio, el planteo lo realizan en función de lo que se define en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, según los cuales el Salario Mínimo es el que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. A diciembre pasado ese monto, y el salario de la categoría más baja de los aceiteros, se encontraba en $ 54.902,23.
“Han transcurrido casi sesenta días desde el vencimiento de la Paritaria y el silencio de parte de las patronales demuestra su negativa a negociar, lo que a esta altura supone una provocación al conflicto”, consideraron desde la organización gremial.
Además, los aceiteros sumaron a los motivos de la huelga la existencia de despidos en algunas fábricas, “ya denunciada por nuestra parte en reiteradas oportunidades, sin que desde la Cámara de la actividad se hayan propuesto medidas de solución. Ejemplo de ello es el lock out patronal en la empresa BioRamallo, que despidió a 32 trabajadores en el marco de una medida legítima de acción sindical”, señalaron.
La semana pasada, además, esta organización gremial había advertido su preocupación por los puestos de trabajo en Vicentín, la empresa agroexportadora que se encuentra investigada penal y legislativamente por haber recibido millonarios créditos de la banca pública bajo el gobierno de Mauricio Macri, del cual fue uno de sus principales aportantes de campaña.