Se cumplieron seis meses de la masacre de campesinos cocaleros en la ciudad de Sacaba por parte del régimen dictatorial que encabeza la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, un crimen que sigue impune, sin investigaciones sobre el mismo, ni detenidos, perpetrado apenas tres días después del sangriento golpe de Estado que derrocó al mandatario constitucional Evo Morales.
Por Verónica Zapata.
El viernes 15 de noviembre 2019 se recuerda como un día de luto para las y los bolivianos: ese día un grupo de campesinos cocaleros salió en una marcha pacífica a las calles para llegar hasta la plaza 14 de septiembre con el fin de repudiar el golpe.
La marcha fue detenida a la altura del puente Huayllani por la policía y los militares. Luego, de imprevisto empezaron a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes, e inmediatamente una lluvia de balas fueron disparadas sobre ellos los cocaleros desde tierra y desde helicópteros.
La gente empezó a correr desesperadamente sin comprender que sucedía para resguardarse. Cuando se disipó el gas, volvió para cargar el cuerpo de sus muertos y para trasladar a los heridos a los hospitales de la zona. Nelson Cox, defensor público de Cochabamba, confirmó la muerte de 10 personas y 115 heridos.
El gobierno de facto sostuvo cínicamente al respecto que “los cocaleros vinieron armados, pero al carecer de entrenamiento necesario, terminaron disparándose entre ellos”. Los policías y los militares sostuvieron que no tenían armas de fuego y que solo contaban con gases lacrimógenos por lo cual los disparos no podían venir de su bando.
El ministro de la Presidencia del gobierno de facto Jerjes Justiniano sostuvo: “Uno de los fallecidos presenta una herida singular, porque la bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo. Es decir, que no provino de un enfrentamiento cruzado”.
Mientras tanto los medios del régimen, con la ministra de comunicación Roxana Lizárraga a la cabeza, acusó de “sedición y terrorismo” a la prensa internacional y en especial a los periodistas argentinos, mientras en la televisión boliviana se mostraban novelas, con el fin de ocultar a la ciudadanía y al mundo lo que ocurría realmente en el país.
Durante la noche los cocaleros, en caravana, marcharon y cargaron a sus muertos en féretros sobre la carretera, en la ciudad de Sacaba. La gente lloraba y gritaba: “Fusil metralla, el pueblo no se calla”. El dolor cubría los rostros de las personas y el ruido del llanto se escuchaba en el silencio de la noche. Ese día el dolor y la furia ahogó a la noche en Bolivia.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en la Masacre de Sacaba, en el departamento de Cochabamba y recordó al gobierno de facto que “el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quiénes protestan pacíficamente”.
Por otro lado advirtió en un comunicado a pocas horas de conocerse la masacre que “las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”.
La Comisión amplió su comunicado con una declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión por las amenazas de expulsión y uso de gas lacrimógeno contra los periodistas internacionales que cubrían las protestas, entre ellos los medios argentinos TN, América 24, Crónica y Telefé.
La masacre ocurrió pocas horas después de que el secretario general de la OEA Luis Almagro brindara su apoyo a la autoproclamada presidenta de facto, Jeanine Áñez, y tres días después de que el propio Almagro señalara cínicamente la hipótesis de que el golpe de estado en Bolivia lo había dado el presidente constitucional Evo Morales.
Actualmente la masacre sigue impune y no hay investigaciones al respecto, ni detenidos. El pueblo boliviano pide justicia para sanar una herida abierta que solo cerrará mediante el juicio y castigo a los culpables.
En contexto con el golpe
El 10 de mayo también se cumplieron seis meses del golpe de estado en Bolivia, derrocando al gobierno constitucional de Evo Morales, a través de un golpe violento y sangriento a la vieja usanza como en las dictaduras de los años 1970. El imperio estadounidense demostró que con tal de volver a conquistar a Latinoamérica como su patio trasero, es capaz de volver a utilizar metodologías que se creían que habían quedado en el pasado en la región.
Tres semanas antes, el 20 de octubre, en las elecciones generales el Movimiento al Socialismo (MAS.) obtuvo el 47,08% de los votos, con una diferencia de más de diez puntos frente a su contrincante Carlos Mesa de Unidad Ciudadana que logró el 36,51%.
El gobierno de Morales fue acusado de “fraude” de parte de la OEA, organismo panamericano conocido como el “ministerio de las colonias” de EEUU,. con sede en Washington, y con un historial siniestro de jugar como articulador de golpes de estado en la región.
Tras las elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, le exigió la renuncia a Morales en una clara prueba de de que el ex presidente no renunció sino que fue obligado a ello. Anteriormente, habían renunciado algunos de sus colaboradores tras el secuestro de sus familiares, amenazas de muerte, saqueos y quema de sus casas.
EEUU, articulador y financista del golpe de Estado, logró rearticular a la oligarquía nacional con el fascista Fernando Camacho, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz a la cabeza, con las Fuerzas Armadas, la policía y los grupos paramilitares para obligar a punta de pistola a renunciar a Evo Morales.
Jeanine Áñez siguiendo el modelo de presidentes autoproclamados como Juan Guaidó en Venezuela, el 12 de noviembre del 2019 asume como presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa vacía, con la Biblia en las manos en alto, en un país laico y en un contexto de quema masivas de whipalas, banderas de los pueblos originarios andinos, en todo el territorio boliviano de parte de los seguidores de los golpistas.
Áñez dio vía libre a la represión y tres días después de asumir se lleva a cabo la sangrienta masacre de Sacaba contra los campesinos cocaleros.
Verónica Zapata es periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Fuente: http://estrategia.la/2020/05/16/bolivia-seis-meses-de-impunidad-de-la-masacre-de-sacaba/