Todos los datos sobre salario y empleo ya eran profundamente negativos antes que la corrida cambiaria y su mega devaluación volvieran a dispararse a fines de agosto. Macri y sus ministros hablan de eventos inesperados, de turbulencias, de que falta o sobra agua, de que “pasaron cosas”. Pero respecto a lo que nos toca sufrir como trabajadores, no hay errores.
En marzo pasado describíamos cómo el gobierno nacional, pisando las paritarias, avanzaba con uno de sus principales objetivos, “bajar el costo argentino”. En ese sentido, su éxito es mayúsculo.
La caída de la capacidad de compra del salario con el gobierno de Macri ya había alcanzado el 8,6% en julio, de acuerdo al Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la UMET, una experiencia impulsada por organizaciones sindicales como el Suterh y la CTA de Hugo Yasky. En la presentación del informe se señalaba que el deterioro se estaba acelerando.
En el mismo sentido se pronunciaba Ecolatina, consultora privada de un perfil muy distinto a la UMET. El 20 de agosto presentó un informe en el que, además de analizar una gran caída en el consumo, señaló que la caída del salario real podría alcanzar un 8% sólo durante este año, es decir, equivalente a lo que ya cayó desde que empezó el gobierno de Macri.
Este proceso es peor para los trabajadores del sector público y los que trabajan informalmente.
En el caso de la Administración Pública Nacional y las Universidades Nacionales, la magnitud del retroceso del salario real se ubica en torno al 15% en comparación con los niveles de mediados de 2015, según datos del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma.
Sobre quienes trabajan precarizados o informalmente hay escasa información estadística, pero un indicador es lo que ocurre con el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que calcula el Consejo del Salario y que en los dos últimos años el ministro Jorge Triaca determinó unilateralmente y de forma arbitraria.
La caída del SMVM en términos reales se estimaba para el 2018 en 8,5%, según datos del ODS-CTA previos a la última megadevaluación.
Sin embargo, contando este último tramo de la megadevaluación que llevó al dólar arriba de los $39, el SMVM en dólares está por debajo del 2001, según informa Hernán Letcher del CEPA. Queda así por abajo de los salarios mínimos de Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay.
Meter miedo
¿Cómo busca el macrismo que la clase trabajadora acepte este terrible empobrecimiento?
Porque junto con la caída del salario se está dando otro fenómeno: un profundo aumento del desempleo. El gobierno lo incentivó desde el primer momento, impulsando oleadas de despidos en el Estado que llevaron a la paralización e incluso a la desaparición de áreas enteras del aparato estatal. Y que funcionaron como luz verde para que las patronales reconocieran que podían avanzar en el mismo sentido sin temer ningún control por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Igual que en los 90 los despidos funcionan asegurando un enorme “ejército de reserva” de trabajadoras y trabajadores desesperados que generen temor a quienes tienen empleo, para que acepten trabajar más, en peores condiciones y por un menor salario. Mayor explotación. Para las patronales, esto significa incrementar la productividad, bajar los costos y por sobre todo aumentar la tasa de ganancia.
Los datos oficiales que presentó el Ministerio de Trabajo de la Nación el 29 de agosto mediante su área de estadísticas -un sector que Jorge Triaca ha intentado eliminar- dan cuenta de la destrucción durante el primer semestre de 2018 de 106 mil empleos registrados.
Indican además que sobre catorce ramas de actividad del sector privado, once destruyeron empleo, siendo los sectores más afectados la industria manufacturera con 7.800 cesantías y la construcción con 4.700.
El reporte toma datos del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) de la AFIP, es decir, a partir de los aportes que las empresas hacen por cada trabajador registrado. Por esto mismo, no toma en cuenta los puestos de trabajo informales, pero distintos especialistas indican que por cada puesto de trabajo formal que se destruye, se pierden al menos dos puestos de empleo informal.
Recordemos que son datos de sólo un semestre.
Julio y agosto no fueron además meses positivos. Sólo por citar algunas empresas que anunciaron o efectivizaron ya los despidos: Adidas, Walmart, Mercedes Benz, Tandanor, Bunge, La Campagnola, Georgalos; otras recortaron trabajadores temporarios, como Arcor, Molinos Río de La Plata y Mastellone. A esta situación se suma el sector público, con despidos masivos en el Hospital Posadas, Atucha-NASA, Fabricaciones Militares y Agricultura Familiar a la cabeza.
En cuanto a la gestión en su totalidad, el Observatorio del Estado informó que desde que asumió Macri ya despidió 24.824 trabajadores en organismos estatales, sin tomar en cuenta los estados provinciales ni municipales.
Sobre el cierre de esta nota, el gremio amarillo UPCN, que ha acompañado hasta el momento esta destrucción, alerta que el Gobierno va por 10 mil despidos más mediante la disolución de las Leyes Convenio, con lo cual eliminaría los Entes Cooperadores que cumplen tareas hace más de 45 años en todo el territorio nacional.
Nunca perdamos de vista que estas estadísticas no son números: somos nosotros. Cada puesto que se destruye, es una compañera o un compañero trabajador que pierde la fuente de sustento para sí mismo y para su familia.
No hay errores: hay una guerra de clases contra los trabajadores y los resultados los vemos todos los días, al pagar las tarifas, al hacer las compras, en las familias que quedan en las calles.
Por su parte, la burguesía tiene sus chispazos, sus pases de facturas, sus peleas internas y sus propios ganadores y perdedores, pero no nos confundamos. Nos están empobreciendo para explotarnos más y aumentar sus ganancias. No hay errores, hay un plan. Y a ese plan lo enfrentamos construyendo unidad para la lucha.