Las elecciones nacionales de este año 2023 y las distintas y principales listas posibles de candidatos demuestran que los sectores dominantes de nuestro país han logrado “naturalizar” la propuesta excluyente de un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador, que beneficia a un puñado de grupos económicos.
Las elecciones nacionales de este año 2023 y las distintas y principales listas posibles de candidatos demuestran que los sectores dominantes de nuestro país han logrado “naturalizar” la propuesta excluyente de un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador, que beneficia a las 200 empresas que representan el 70% de nuestras exportaciones, a los grandes terratenientes y a los 10 bancos privados que lideran el sistema financiero local. Extractivistas como son Río Tinto y Livent en litio y minerales raros, la Barrick Gold y Glencore (fuerte participación BlackRock) en oro y cobre, la Silvent en plata. Las petroleras y gasíferas como Chevron, Total, Shell, Pan American Energy, Vista oil, Tecpetrol, e incluso YPF SA, a la que se suman las grandes distribuidoras como Pampa Energía (fuerte participación BlackRock), Transportadoras Gas del Sur y Transportadoras Gas del Norte.
El Registro Nacional de Tierras Rurales creado por la ley 26.737 afirma que de las 65 millones de hectáreas que dispone el país, el 40% está en poder de 1.200 titulares, de los cuales a su vez 11.790.229,15 hectáreas son firmas extranjeras y, de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en paraísos fiscales.
A su vez la producción agropecuaria que es record años tras año (con o sin sequía) es acopiada y comercializada mayoritariamente por nueve firmas: ADM, Bunge, Cargill, COFCO, Glencore (fuerte participación BlackRock), Louis Dreyfus, Aceitera General Deheza, ACA y Molinos Agro de Pérez Companc.
Los diez bancos privados poseedores de los mayores depósitos percibidos por la banca privas y, a la vez, los mayores poseedores de encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq, y Notaliq), son los bancos (en orden de importancia) Santander-Río; BBVa; Galicia; Macro; Credicoop; Patagonia; City; HSBC, ICBC y Supervielle (En los cuatro primeros tiene fuerte participación BlackRock).
Todos ellos, con sus enfrentamientos por la tasa de ganancia y predominio en sus mercados, como fueron en su momento la Shell contra la Standard Oil que incluso propiciaron la guerra de Bolivia y Paraguay en 1930, coinciden en que el Estado no interfiera en sus negocios y que sí apuntale la renta (beneficio que tienen por encima del costo internacional, dado que extraer o producir en la Argentina es mucho más barato que en el mundo y, a su vez, el sistema financiero por la legislación de la dictadura, genera y obtiene su propia renta).
Renta que perciben en moneda dura (dólar, euro, yuan, yen) porque los costos operativos, fundamentalmente los laborales, son menores que el internacional y, al mismo tiempo, logran internacionalizar sus precios.
Renta en la que el Estado participa en forma muy menor, por la baja tasa de retenciones y la baja recaudación de impuestos a la propiedad, situación que se agrava por la falta de una empresa nacional clave en cada sector. Rol que debe cumplir YPFSA y lo hace deficientemente e incluso con acuerdo con Chevron y otras empresas en Vaca Muerta, en que no se le comunica a la población cual es la participación del Estado y cual es el destino de esa producción. Máxime que observamos que el tramo de Salliqueló a San Jerónimo lo financia el BNDS de Brasil, y que seguramente lo continuará haciendo con los tramos que lleguen a San Pablo, corazón industrial del hermano país.
Esto es, en la necesidad de percibir divisas para poder afrontar los pagos de una deuda que no se investigó y en lugar de producir energía y distribuir en el país para generar industrias, se lo hace para llevar energía de nuestro subsuelo al exterior, que incluso pagará el precio internacional y solo se lo proveerá en la Argentina si se paga el mismo precio.
Es más, vimos como el Plan Gas Ar para su distribución fue adjudicado a Pampa Energía, Pan American Energy y Tecpetrol, y que el Ministro de Economía Sergio Massa ponderó el aporte del capital privado, pero nada dice que esas tres empresas son de las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos y que, en sus respectivos balances y demás estados contables, no pueden demostrar de donde extrajeron los recursos para comprar la millonada de dólares y tampoco saber qué hicieron con esos millones (Evasión fiscal y fuga de capitales).
Deudas, cadenas y condicionantes
Hay datos de la economía nacional que son irrebatibles. En el año 2015 la deuda externa representaba el 52,6% del PIB, e incluso gran parte de la misma estaba en poder de organismos públicos nacionales y provinciales.
En el año 2019 la deuda externa representó el 89,8% del PIB y en forma mayoritaria estaba en poder del capital extranjero e incluso con el FMI (Que le otorgó al gobierno de Macri en DEG el equivalente a 44.600 millones de dólares), cuando el 3 de enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner había juntado 9.500 millones de dólares de los superávit comercial de los siete meses del año 2003 y de los años 2004 y 2005 para cancelar esa dependencia y, de ese modo, evitar cogobernar con una potencia extranjera.
El gobierno de Alberto Fernández, incumpliendo con su discurso de inauguración de las secciones ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo de 2020, no investigó la deuda, pero sí la reestructuró, de manera tal que reprogramó los pagos a los poseedores privados de títulos de deuda Argentina (bonistas) hasta el año 2043 (con un período de gracia para pagar el capital hasta el segundo semestre del año 2024), y la deuda con el FMI que debía pagarse en tres años la refinanció hasta el año 2034.
La deuda la paga el pueblo argentino, primero privándose de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y no a una minoría rentista. En segundo término con su trabajo, cuyas remuneraciones son disminuidas por las constantes depreciaciones del peso, que lleva, por ejemplo, de un dólar tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina de $ 9,10 el 9 de diciembre de 2015, a $ 62.- el 10 de diciembre de 2019, y a $ 197 en la segunda semana de febrero de 2023. Y en tercer lugar, lo paga con un ajuste permanente del gasto público, esencialmente en subsidios a la energía y al transporte, la disminución de las partidas a las provincias, en jubilaciones y pensiones y hasta en la obra pública.
Esto explica porqué el salario promedio determinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (RIPTE) fue de $ 15.600 en diciembre de 2015 (convertido a dólar oficial: 1.715 dólares) y en noviembre de 2022 de $ 184.210,25 (Unos 965 dólares).
Paradójicamente la cantidad de empleo con aportes previsionales (incluídos los trabajadores monotributistas) crece, pero la participación del trabajo sobre el PIB decrece, incluso con respecto al año 2019 (que fue del 45,7% cuando en el 2015 superaba el 50%) y para el año 2022 es de 43,6%.
La devaluación del tipo de cambio oficial se exacerba con los distintos tipos de cambio paralelos, especialmente con el CCL (Contado con Liqui), que es el medio preferido para comprar acciones o títulos públicos en el mercado local y venderlos en el exterior por la mitad de su valor, que explica su precio de $ 367.- en la segunda semana de febrero de 2023 y, que es, a su vez, un mecanismo constante de presión para devaluar aún más nuestra moneda, beneficiando a los que obtienen dólar en desmedro de los que percibimos pesos (cuando aún después de Macri y de Alberto Fernández, más del 70% de la economía Argentina depende del mercado interno, esto es su ingreso es en moneda nacional).
El gobierno y el FMI confían en que este año 2023 y tal como está previsto en la ley de Presupuesto de la Administración Nacional, se obtendrá ingresos por exportaciones de mercaderías por 103.000 millones de dólares (0 una suma cercana a esa cifra, recordemos que en el año 2022 se alcanzó el record de 88.500 millones de dólares, ingreso que supera en un 25% al obtenido en años anteriores). Y con ese monto se puede pagar la totalidad de los intereses con el FMI, estimado en unos 3.300 millones de dólares, al elevarnos la tasa a 7,43% anual en dólares, importaciones por unos 83 u 85 mil millones de dólares, la venta a dólar oficial a las empresas para que paguen sus deudas (reales o supuestas) e incluso la venta de dólar oficial de las reservas internacionales del BCRA para que abonen las provincias sus compromisos con el exterior.
El problema pasa a ser la deuda en pesos, tanto las del Tesoro de la Nación, que el ministro Sergio Massa desde el 8 de agosto 2022 fue canjeando básicamente por Bonos Dual (se ajusten por inflación o por dólar linked- oficial) que según el Ministerio de Economía representa el 24% del PIB, pero la mitad está en manos del sector público y la otra mitad en bancos, compañías de seguro, fondos de inversión, etc. que operan en el país.
El problema de los encajes remunerados (Pases pasivo, Leliq; y Notaliq), que a la segunda semana de febrero de 2023 superan los 10,4 billones de pesos, es un problema mayúsculo, pero no estalla por los acuerdos con los diez bancos privados mencionados, principales poseedores de los mismos y, a la vez, con intereses fuertes en la economía real local, que es básicamente la matriz energética y agropecuaria, como lo demuestran las inversiones en la economía real de BlackRock.
En síntesis…
La política de endeudamiento de Cambiemos y no investigación del Frente de Todos es funcional al poder económico, fuertemente concentrado y extranjerizado. Los norteamericanos tienen una frase: “¿Por qué van a cambiar lo que todavía no se rompió?”.
Es más, su embajador, Marc R. Stanley, ni bien asumió el cargo propuso que se fusionen Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, a lo que ambos, por distintas razones, le dijeron que no era posible. Hoy, por cuestiones electorales (y de carrera presidencial) aparecen enfrentados. Que Horacio Rodríguez Larreta acuse a este gobierno de irresponsable, cuando ellos nos endeudaron por más de cien mil millones de dólares y nos ataron al FMI, es ridículo. Pero incluso se torna hasta patético cuando acusa al gobierno que va a defaultear la deuda en pesos, y ellos la “reperfilaron” (sic), eran básicamente Letes (Letras del Tesoro de la Nación) que no pudieron pagar en el año 2019 por el equivalente a unos 32.000 millones de dólares, y ese “reperfilamiento” (extensión en la fecha de pago) le costó al Estado Nacional 1.500 millones de dólares más, que pagamos todos los argentinos.
Ese modelo y esa matriz productiva y distributiva que debería ser central en la discusión de que país queremos, no está en los debates presidenciales, deberíamos, en primer lugar, preguntarnos el porqué.
Artículo publicado originalmente en InfoNativa