El Gobierno anunció un plan nuclear en medio del ajuste sobre el sistema de ciencia y tecnología y la amenaza de privatización de la estatal Nucleoeléctrica Argentina. Promete inversiones de las gigantes tecnológicas de Inteligencia Artificial, pero lo único que avanzan son negociaciones para reactivar la minería de uranio en la Patagonia. Sin debate público sobre los peligros ambientales de explotar material radioactivo.
Por Agustín Brun.
El gobierno de Javier Milei anunció en diciembre pasado un nuevo Plan Nuclear Argentino. Lo hizo con bombos y platillos, habló de la Argentina como vanguardia de una carrera mundial por desarrollar pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés). Lo paradójico del anuncio fue que lo hiciera un gobierno que, sistemáticamente, desfinanció al sector nuclear, la ciencia estatal y la educación universitaria pública como parte de su modelo económico. Por ahora, el supuesto plan no es más que otro anuncio en pos del extractivismo minero, de la mano del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), como parte de un cuerpo normativo que, de a poco, garantizan el agua y la energía para las multinacionales y no los bienes comunes para los territorios. Los proyectos de explotación de uranio en Río Negro y Chubut evidencian el resultado inmediato del anuncio.
Un plan nuclear con más dudas que certezas
La construcción del reactor RA-10 (para medicina e investigación) y el Carem 25 (un largo proyecto para alcanzar el primer reactor SMR diseñado y construido en Argentina) estuvieron paralizadas en 2024. A pesar del desfinanciamiento, Milei hizo el anuncio del nuevo Plan Nuclear acompañado por el jefe de asesores y presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), Demian Reidel, compañía a cargo de la gestión de las tres centrales nucleares activas en el país: Atucha I y II (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba). La empresa estatal está “sujeta a privatización” desde la aprobación de la Ley Bases y volvieron a surgir los rumores de un plan de venta de inminente ejecución.
En el anuncio también estuvo Rafael Grossi, diplomático al frente del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), cuyo rol se centró en legitimar el plan desde el aspecto de la seguridad, punto siempre en extremo delicado en el plano geopolítico. Pero el “plan nuclear” presentado, además de contradictorio es difuso, sobre todo por la falta de un documento oficial que lo presente.
La única información disponible es el anuncio oficial y las entrevistas posteriores que Reidel ofreció en los medios. Según esos dichos y los trascendidos de una reciente reunión con empresarios del Rotary Club en el Hotel Libertador, el plan constaría de tres etapas. La primera sería la construcción de un reactor SMR en el predio Atucha, en Lima (Zárate, Buenos Aires). En una entrevista posterior con el medio Filo News, Reidel habló de cuatro reactores modulares de 300 MW cada uno. Sería en Atucha, el mismo lugar donde hace años se viene construyendo el prototipo Carem 25.
Unos días después del anuncio del plan, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle, salió a dar de baja el proyecto Carem al sostener que no era rentable para su comercialización. “Seamos honestos intelectualmente, no vamos a vender 50 Carem, sabemos que no es así, que no es económicamente competitivo ese reactor”. El proyecto desde su inicio, en la década de 1980, lleva invertidos unos 690 millones de dólares. Además, Reidel confirmó que el gobierno de La Libertad Avanza tampoco continuaría con el proyecto Atucha III, que implicaba la compra del reactor chino Hualong One, una iniciativa acordada por el gobierno de Juntos por el Cambio y ratificada durante la gestión del Frente de Todos. Por lo que el plan de instalar nuevos reactores quedaría atado a la posible inversión privada.
La segunda fase del supuesto Plan Nuclear Argentino sería reactivar la minería de uranio, que constituye la materia prima de los reactores nucleares. El objetivo, según Reidel, sería exportar el combustible nuclear y también los reactores. Según datos de la Secretaría de Minería, la Argentina tiene reservas por 33.780 toneladas de uranio.
Esta forma de minería es de las más peligrosas del mundo, ya que el uranio no es solo un metal pesado tóxico sino que también es un elemento radiactivo. A eso hay que sumarle la peligrosidad y contaminación usual de la megaminería, actividad extractivista que comunidades enteras vienen rechazan a lo largo y ancho del país. De hecho, algunas de ellas, como la Asamblea Jáchal No se Toca, en San Juan, conocida por su lucha contra los derrames de la Barrick Gold, fueron originalmente creadas con la intención de rechazar minas de uranio en sus respectivos territorios.
La tercera fase buscaría inversiones en el campo de los data centers de Inteligencia Artificial, con la energía nuclear como fuente y los territorios de la Patagonia como lugar de sacrificio. A fines de marzo, Reidel sinceró su posición ante empresarios extranjeros durante la tercera edición del Latam Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.
“Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua. Tenemos climas fríos que son la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de Inteligencia Artificial. Además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades”, dijo Reidel y finalizó: “El problema es que estas áreas están pobladas de argentinos”.
Los territorios en la mira de la minería de uranio
En Río Negro está la mina Ivana, propiedad de la Blue Sky Uranium, parte del grupo canadiense Grosso Group. ¿Qué compañía se sumó recientemente a dicho proyecto luego del anuncio del Plan Nuclear? La Corporación América, liderada por Eduardo Eurnekián, donde trabajó durante más de diez años el presidente Milei. Con el objetivo de avanzar con la explotación minera, la Legislatura de Río Negro fue la primera en adherir al RIGI.
Tras el anuncio del Plan Nuclear por parte del gobierno nacional, la legisladora rionegrina Daniela Agostino (Coalición Cívica ARI-Cambiemos) presentó un proyecto para derogar la Ley provincial 5227, que prohíbe la instalación de centrales nucleares. La ley se sancionó en el 2017, luego de que el pueblo rionegrino se manifestara en las calles en contra del reactor chino Hualong One (el mismo que luego buscó instalarse en Zárate para el proyecto Atucha III).
El reactor chino tenía como destino la localidad rionegrina de Sierra Grande. Ahora en las costas de ese partido se espera la instalación de buques de licuefacción de gas, tras la fallida instalación de una planta de GNL, que fue motivo de disputa entre Río Negro, Buenos Aires y el Ejecutivo nacional, aceptación de RIGI mediante. Además de ser la localidad donde finalizará el oleoducto “Vaca Muerta Sur”, para el que la Legislatura provincial modificó sin debate la Ley 3308, que prohibía la instalación de ese tipo de plantas en el Golfo de San Matías.
Ya sea para Inteligencia Artificial o criptomonedas, alimentados o no por energía nuclear, o solo se trate de inversiones en megaminería de uranio, las tierras de la Patagonia están en miras de los inversores del RIGI. Es en Chubut donde la minería de uranio, sin embargo, está más cerca de ser aprobada. Como denuncian las asambleas anti minería nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), el gobierno provincial apunta a habilitar lo antes posible la explotación de uranio en la meseta central de Chubut.
Esto se haría saltándose la ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto y el uso de cianuro, con el siempre esgrimido argumento de “minería sustentable”. Las asambleas además denuncian que la minería de uranio funcionará como puerta de entrada a otros proyectos mineros en toda la provincia, desoyendo la voz del pueblo que hace años insiste: “No es no”.
La UACCh denunció que el proyecto de Ley 047/2025, presentado por el gobernador Ignacio Torres, pretende generar un hueco legal para el avance de la megaminería de uranio al crear una empresa provincial de energía que tenga como objetivo “la explotación de toda fuente de energía eléctrica”. La reactivación del yacimiento de uranio Cerro Solo sería el primer objetivo.
“Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto”, advirtió Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, a Tierra Viva.
¿Energía para quiénes?
Es innegable la influencia de tecnócratas como Elon Musk en la política global y, en ese sentido, no hay una negación de lo evidente: las nuevas tecnologías, con la Inteligencia Artificial a la cabeza, consumen mucha electricidad y, por ende, requieren de mayores inversiones en generación de energía. Pero, además, los centros de datos demandan miles de litros de agua (o en su defecto más energía eléctrica) para su refrigeración. Caso similar ocurre con los reactores nucleares, que suelen ser emplazados cerca de fuentes de agua.
En un contexto donde no solo la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera sino muchos otros límites planetarios son sobrepasados, cobran fuerza propuestas alternativas al desarrollismo occidental, como el decrecimiento. Incluso aparecen como salidas anti-extractivistas.
Haciendo caso omiso a la idea de que el crecimiento económico infinito es inviable en un planeta con límites muy precisos, las políticas de Milei vienen a establecer las condiciones necesarias para aumentar la disponibilidad de recursos para las grandes empresas tecnológicas. Mientras que la configuración de políticas extractivistas lleva a que los mismos territorios tengan que gestionar los pasivos ambientales y las consecuencias negativas de todo este crecimiento exponencial de las necesidades de las empresas.
Esto representa un peligro para las comunidades en un contexto de poli-crisis ecológica, climática, sanitaria y social. Sostenido a partir de un relato de marketing tecno-optimista en pos de seguir promocionando viejas prácticas extractivistas. Es innegable que la Inteligencia Artificial es prometedora en varios aspectos, pero no es ético ni democrático imponerla sin tener en cuenta los costos socio-ambientales en los territorios.
Demian Reidel, en la mencionada entrevista para FiloNews, contaba que decoró su casa con IA y alentaba a los espectadores a usarla porque “es un flash”. En un país con más del 50 por ciento de chicos y chicas en situación de pobreza, jubilados y pensionados que no reciben ni pueden pagar medicamentos esenciales, y personas siendo despedidas todos los días, que se publiciten reactores nucleares para que la IA nos decore la casa parece una broma de mal gusto.
El déficit socio-ambiental en el debate del plan nuclear
La energía nuclear ha vuelto a la agenda de los gobiernos, más allá de su necesidad para las carreras bélicas de las potencias, y de parte de la comunidad científica al presentar a los reactores SMR como un “salto tecnológico” que ofrece una alternativa a los combustibles fósiles en pos de una “transición energética”.
Lo que siempre queda de lado son los enormes riesgos y perjuicios que estos proyectos implican y la posibilidad de un debate democrático en los territorios a los que se los pretende destinar. Son pocos los que han señalado que, además de pocas certezas, el anuncio del Plan Nuclear de la Libertad Avanza contiene mentiras flagrantes cuando postula, en su anuncio oficial, que la energía nuclear es “segura y limpia”. Un déficit que, lamentablemente, viene dándose hace décadas no sólo en sectores afines a la energía nuclear, sino entre representantes de partidos políticos y hasta agrupaciones autodenominadas “ambientalistas”.
Por ejemplo, la ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, anunció recientemente que se presentará a elecciones dentro del armado electoral de Juan Grabois (Frente Patria Grande) en la provincia de Río Negro. En una entrevista, Grabois y ella fueron contundentes en que el plan nuclear de Milei deja afuera la finalización del Carem 25, que el RA-10 está paralizado y que los despidos en el sector, así como el desfinanciamiento en ciencia y educación, van en sentido contrario al desarrollo nuclear argentino.
Pero, en ningún momento, hacen un análisis profundo de los graves peligros y perjuicios que la energía nuclear produce en el ambiente, y cómo la necesaria minería de uranio es, en esencia, una actividad extractivista con un muy profundo impacto en los ecosistemas y comunidades cercanas.
Siguiendo esa misma línea, la agrupación Jóvenes por el Clima, lamentablemente conocida dentro de las luchas socio-ambientales por su apoyo a la explotación offshore en el Mar Argentino y a los cultivos transgénicos, también promocionan la energía atómica como una salida a la crisis climática. Nuevamente, soslayando los profundos impactos de la minería de uranio, así como otros problemas asociados a la energía nuclear per se.
Incluso el PTS de la izquierda trotskista, que ha apoyado los paros en Atucha por parte de la Uocra —sindicato que varias veces ha golpeado a vecinos y vecinas que reclaman en contra de megaproyectos extractivistas, como recientemente en Uspallata, Mendoza—, ha criticado el plan de Milei, pero sin dejar de promocionar la actividad. “En materia energética, los trabajadores del sector podríamos aportar nuestra experiencia y conocimiento para desarrollar un plan nuclear en el marco de una empresa estatal única”, declararon recientemente a propósito del anuncio del plan.
Aunque la época lo amerite, el grueso del debate sobre el plan nuclear mileísta y sus detractores, aunque con sus puntos interesantes, no incorpora la necesidad de pensar salidas críticas a la policrisis climática, ecológica y civilizatoria. El debate no plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestras actividades humanas y sus requerimientos energéticos con aquellos elementos que hacen a este planeta viable para la vida. El debate no llega siquiera a discutir una transición energética justa, que no condene a recibir elementos tóxicos y radiactivos a poblaciones enteras y otros seres vivos.
Si bien es importante pensar para qué se usa la energía, y criticar que su generación esté en manos privadas para beneficio de unos pocos, no podemos soslayar los problemas y riesgos de los reactores nucleares en sí mismos. No se puede decir sin más que la energía nuclear “es limpia, segura (…) no te jode el medio ambiente”, como hiciera Reidel en FiloNews.
Es hacer de cuenta que no existen los desechos nucleares que, como el plutonio, duran miles de años. Es hacer de cuenta que no hay emisiones radiactivas en todo el ciclo nuclear (desde la extracción de uranio hasta su uso final, pasando por el transporte y procesamiento del mismo), en un país donde se registraron peces con 70 veces más tritio radiactivo del considerado normal, en Embalse (Córdoba).
Es hacer de cuenta que no hay ecosistemas ni comunidades afectadas por la extracción de uranio, sea en Argentina, si se reactiva la minería de ese tipo, como en cualquier otra parte del mundo que contenga ese metal. Es hacer de cuenta que un accidente nuclear no es posible en un contexto inseguro, con fenómenos climáticos extremos e inestabilidad política, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las centrales nucleares no fueron construidas pensando en la crisis climática. Ni siquiera es cierto lo que se argumenta sobre que la energía nuclear no genera gases de efecto invernadero, ya que en toda la cadena de explotación, almacenaje y transporte del uranio y en la construcción y desmantelamiento de las centrales también se emiten gases como el C02 (dióxido de carbono). Por si fuera poco, los reactores SMR están siendo cuestionados tanto por su lentitud como solución a la crisis climática, como por generar un mayor volumen de desechos radiactivos por cantidad de energía generada (MWh) que las centrales nucleares convencionales.
No sólo Milei, Reidel y Grossi caen en estas falacias o, por lo menos, información tendenciosa. No serían tampoco los primeros ni los únicos que, con retóricas de tecno-optimismo o bajo la consigna de “plan nacional”, defiendan actividades extractivistas. Extractivismo a costa de territorios, que como siempre, son sacrificados en nombre del supuesto desarrollo y progreso.