El INDEC informó el martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre registró un aumento del 2,8%, con lo que la inflación acumulada en el año alcanzó 31,5%. Si bien es el séptimo mes consecutivo de incremento, el Gobierno celebra que haya sido el número más bajo de los últimos 8 años.
Por Mario Hernandez
Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
Panorama económico actualizado al 15.1.2026.
Los rubros que más influyeron en la suba de diciembre fueron transporte (4,0%), seguido de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y comunicación (3,3%). A nivel regional, alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la variación mensual. En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación del mes fue de 2,7%, acumulando 31,8% anual.
Desde el piso alcanzado del 1,5% en mayo, el IPC no dejó de subir y en diciembre se aceleró. Para los analistas la causa es la suba del 40 % del dólar el año pasado, el ajuste de tarifas y la recomposición de precios en algunos sectores, por ejemplo, la carne que tuvo una suba mayor a la estacionalidad típica de la época, de más del 12 %.
“Las empresas están intentando recomponer los márgenes de ganancia y por eso se ven subas mayores, como en la carne y los combustibles que sn el producto principal y el segundo más importante de la canasta de consumo del hogar”, dijo Sebastián Menescaldi de EcoGo.
Si bien el gobierno consideró un “logro extraordinario” que la inflación haya sido del 31,7 interanual en diciembre -la más baja en 8 años-, los economistas ven hacia adelante que el proceso de desinflación será más complicado. No descartan que perfore el 2% mensual en 2026, pero la expectativa de MIlei que empiece con “cero” en agosto luce difícil.
Por su parte, la inflación núcleo -que mide los precios sin efecto de los regulados y estacionales- avanzó el 3 %, por encima del índice general, lo que evidencia cierta resistencia a una baja significativa.
En diciembre una familia necesitó más de $1.308.713 para no ser pobre y $589.510 para no ser indigente
La suba de los alimentos volvió a presionar sobre los indicadores sociales: en diciembre, las canastas básicas aumentaron 4,1%, muy por encima de la inflación, y elevaron el ingreso necesario para no ser pobre.
La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre último, muy por encima de la inflación, y acumuló en el 2025 un alza del 27,75, informó el Indec.
En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025.
Para no ser indigente, una familia tipo necesitó $589.510 por mes, mientras que para no ser pobre requirió ingresos por $1.308.713.
Por el aumento de la carne y derivados y las frutas, en la Ciudad de Buenos Aires la canasta familiar de pobreza aumentó en diciembre el 3,3% y la de pobreza el 3%, en ambos casos por encima de la inflación promedio (+2,7%).
Para ser de clase media, los ingresos de una familia tipo debieron aumentar en noviembre en poco más de $ 50.000. Sin tener en cuenta el alquiler, necesitó ganar 2,5% más el mes pasado. Es decir, $ 2.128.461 versus $ 2.076.904 mensuales en noviembre. Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de $ 3.200.000 mensuales.
La inflación de CABA fue de 2,7 % en diciembre
Según difundió este viernes 9 de enero el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), la inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7 %. El dato, que suele anticipar lo que después informa el Indec a nivel nacional, pega de lleno en el relato “desinflacionario” de Javier Milei y “Toto” Caputo.
El año 2025 cerró con una inflación interanual del 31,8 % en CABA, apenas 0,8 puntos menos que en noviembre. Así, en lo concreto la suba de precios no afloja y el bolsillo de la clase trabajadora sigue perdiendo. En este contexto, el Gobierno insiste con su receta de aumentos sostenido de tarifas, salarios a la baja y dólar “controlado” (ahora con aumento del techo de la banda cambiaria según el IPC del mes anterior). La inflación ya lleva ocho meses consecutivos de aumento. Todo con el objetivo central de pagar la ilegal deuda externa al servicio de Donald Trump y el FMI.
Según la información del instituto estadístico porteño, el golpe al bolsillo vino, sobre todo, por cuatro rubros que no paran de aumentar: transporte; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas y todo lo que tiene que ver con vivienda, agua, luz, gas y otros servicios básicos. Entre todos esos sectores sumaron 1,91 % al aumento del índice general de precios, lo que representa más de dos tercios de la suba mensual.
El rubro que más empujó la inflación fue Transporte, con un salto del 5,5 % y una incidencia de 0,59 puntos en el índice. Este incremento se explica principalmente por los nuevos aumentos en combustibles y lubricantes para autos particulares, además de la suba en el precio del boleto de colectivos. En este rubro el Gobierno sigue avanzando con tarifazos y ajustes en energía.
También los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a pegar un salto, con un promedio de aumento del 2,4 % que sumó 0,42 puntos al índice general. Dentro de este grupo, las carnes y sus derivados fueron las que más se dispararon, con una suba del 7,4 %. Les siguieron las frutas, que subieron un 3,7 %, y pan y cereales con un aumento del 2 %.
Por el lado Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles la suba fue del 2,1 %, aportando también 0,42 puntos al índice. Principalmente fueron los aumentos de alquileres y gastos comunes relacionados con la vivienda.
ATE denuncia el “estancamiento” de la economía ante la inflación del 2,8% de diciembre
En contraste con el clima festivo que impregna la Casa Rosada, desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) no dejaron pasar la ocasión para señalar el progresivo empobrecimiento de sus afiliados, que, con sus magros sueldos, no llegan a cubrir la canasta básica del INDEC, que ronda los 1.300.000 pesos.
Al respecto, se pronunció Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización sindical. «Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas», aseguró, al referirse a la caída de los salarios que fue registrada por los trabajadores del sector desde que asumió Milei.
Y, diferenciándose drásticamente del discurso del oficialismo que profesa el milagro económico, el dirigente sostuvo que los argentinos viven «una pesadilla económica». «Estamos frente a un estancamiento de la economía; la economía no crece. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil revertir», advirtió.
Además, se refirió a la aceleración económica que marcó un aumento entre el 2,5% de inflación alcanzado en noviembre y el 2,8% de diciembre. «La inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron», lamentó.
Asimismo, Aguiar alertó que el país atraviesa por una oleada de despidos que, junto a la disminución de la capacidad adquisitiva, deterioran la calidad de vida de los ciudadanos. «El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora silencioso; si no reaccionamos, va a ser peor», advirtió.
Teniendo en cuenta que en 2025 la paritaria estatal tuvo, según ATE, 14 puntos de diferencia por debajo de la inflación, Aguiar reiteró la urgencia de convocar a paritarias para regularizar la situación de sus integrantes. «No se soporta más el ajuste, no podemos arrancar otro año perdiendo», afirmó.
Y, en un mensaje directo al gremio UPCN, expresó la necesidad de que el sindicato se responsabilice por la situación de los compañeros, puesto que fue el único en aceptar el aumento propuesto por la gestión nacional.
Se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes en 2026
Por Leandro Renou
Un informe de Audemus, la consultora de Matías Kulfas, prevé “actividad estancada o con expansión muy leve” y más cierre de empresas. Las pymes serán el sector más expuesto.
En pocos días, el calendario marcará el inicio de un nuevo año, pero el 2026 ya se vislumbra igual de malo que el actual para las industrias locales. La idea se desprende de un trabajo de la consultora Audemus, encabezada por el ex ministro Matías Kulfas, que precisó que el sector pyme será el más golpeado y el combo recesión e importaciones redundará en un proceso sostenido de pérdida de puestos de trabajo.
Concretamente, el trabajo refiere a una pérdida de empleos estimada entre 1.500 y 2.000 mensuales.
“En este contexto, proyectamos para 2026 una dinámica industrial caracterizada por una actividad estancada o con una expansión muy leve, y heterogeneidad sectorial, como mostramos para el año 2025”, introduce el informe. Y precisa que “este desempeño se traduciría en una continuidad de la caída del empleo industrial formal, con una pérdida estimada de entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo por mes, magnitud consistente con lo observado en el último período”.
A continuación, el informe de Kulfas destaca que, a esta situación, se le agregaría “el cierre de empresas -especialmente pymes industriales- y un proceso de transformación regresiva del tejido productivo, en el cual un número creciente de firmas abandona la producción local para reconvertirse en importadores o distribuidores de bienes finales”.
El texto agrega que, en síntesis, “el escenario base para 2026 combina una macroeconomía más ordenada y con crecimiento, pero con una estructura productiva cada vez más desequilibrada. La industria manufacturera, lejos de convertirse en un motor de la recuperación, aparece como uno de los sectores más afectados por el esquema macroeconómico y comercial vigente, consolidando un patrón de crecimiento poco inclusivo desde el punto de vista productivo, del empleo y del desarrollo de capacidades nacionales”. Puntualiza, además, que “los principales factores de impulso del crecimiento en 2026 se localizarán fundamentalmente fuera del entramado industrial. Vemos perspectivas favorables en el sector energético, particularmente en hidrocarburos, donde la expansión de Vaca Muerta” es clave.
Las pymes, en la mira
En la misma línea, la consultora Audemus indaga en cuáles serán los sectores más dañados del rubro productivo en 2026. Aseguran que “las industrias tradicionales, intensivas en mano de obra y con alta presencia de pymes, aparecen como las más expuestas y vulnerables en 2026. Se trata de sectores que enfrentan una competencia directa y creciente de productos importados, provenientes en muchos casos de economías con escalas productivas, costos laborales y estructuras impositivas muy diferentes a las locales”.
En este contexto, destacan, “proyectamos para estos sectores una continuidad del proceso de contracción observado en los últimos años, con caídas de producción, cierre de establecimientos y destrucción de empleo”. Y apuntan que “la apreciación cambiaria y la reducción de aranceles y controles comerciales erosionan rápidamente la viabilidad económica de una parte significativa del entramado productivo, acelerando procesos de informalización, sustitución por importaciones y reconversión de empresas hacia actividades comerciales. La posibilidad de una recuperación sostenida en estos rubros aparece muy limitada bajo el esquema vigente”.
En el detalle, informan que “el sector metalmecánico, incluyendo la fabricación de maquinaria y equipos, presenta un panorama mixto pero predominantemente negativo. Por un lado, podría beneficiarse indirectamente del dinamismo de sectores como energía, minería y agro. Sin embargo, estos potenciales efectos positivos se ven ampliamente neutralizados por la debilidad de los encadenamientos productivos y por el fuerte sesgo importador de las grandes inversiones. Ante este panorama, el escenario más probable para 2026 es el de un sector estancado”.
La firma de Kulfas hace, además, un apunte político. Explican que es difícil que la coyuntura industrial cambie cuando hay un gobierno que se niega a hacer política para esos sectores. Afirman que “el ejemplo más claro de esta orientación política del gobierno argentino surgió semanas atrás, cuando un alto funcionario, Pablo Lavigne, afirmó que el gobierno “no cree en la política industrial”, que el Estado “no tiene capacidades” y que, además, está expuesto a riesgos de connivencia. La política industrial sería la estabilización macroeconómica y la mejora en las condiciones de entorno. El problema es que esa equivalencia encierra un error conceptual profundo. Pensar que la estabilidad macro es suficiente para desarrollar la industria es como creer que basta con tener buen clima para obtener una buena cosecha. El clima favorable es imprescindible, pero no prepara la tierra, no instala sistemas de riego, no aporta semillas de calidad, no financia maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, ni coordina la logística de cosecha y acopio”.
Los autos, estables, pero lejos de la expansión
En otra parte del informe, Audemus analiza qué pasará con el sector de los autos. Indican que “la industria automotriz presenta un escenario relativamente más estable en comparación con otros sectores manufactureros, aunque lejos de una dinámica expansiva. El principal sostén de la actividad seguirá siendo el mercado brasileño, en un contexto de integración productiva regional que, pese a sus tensiones, continúa siendo clave para la supervivencia del sector”.
Cabe agregar, destacan, “la preocupación que implica el rezago en materia de electromovilidad: en ausencia de estrategia nacional y regional, es altamente probable que las nuevas inversiones se localicen en Brasil, tal como ha venido ocurriendo. El boom importador pondrá límites a la recuperación de la producción local: en las calles argentinas se comienza a visualizar con más frecuencia la presencia de automóviles chinos, y esto recién empieza. En ausencia de una política industrial y automotriz activa, el sector tendería a sostener niveles de producción similares a los actuales, con márgenes ajustados y sin una expansión significativa del empleo ni de la inversión productiva. Proyectamos un creciente aumento de la proporción de patentamientos de vehículos importados versus los producidos en el país”.
Por último, concluyen que “lo señalado posee un impacto social y territorial. La mayor parte de la industria se ubica en la franja central del país, desde el Gran Buenos Aires hasta Mendoza, pasando por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y Córdoba. Son las zonas más pobladas del país, donde vive cerca del 75% de la población y se ubican la mayor cantidad de empresas y empleos”. Aclaran que, por su parte, la economía “ganadora” es eminentemente cordillerana: es la franja que va desde Neuquén a Jujuy (con algunas excepciones en el medio). “Allí viene el gran dinamismo económico aunque vive poca gente y hay menos empleos. La gran paradoja ha sido que incluso energía y minería, los sectores estrella, han mostrado caídas de empleo desde el inicio del gobierno de Milei (fundamentalmente porque la caída de minería de materiales de construcción superó a los empleos creados por el litio y porque el cierre de yacimientos convencionales de petróleo superó al empleo creado en Vaca Muerta)”, señalaron.
La industria cayó 8,7% anual en noviembre y tocó el nivel más bajo en un año y medio
La actividad industrial tuvo su tercera caída mensual consecutiva en el mes de noviembre al caer 0,6% en términos desestacionalizados respecto al mes anterior, y acumulando un retroceso de 8,7% respecto al mismo nivel de un año atrás.
De esta forma, la producción industrial tocó mínimos de casi un año y medio, alcanzando el peor dato desde julio de 2024, según los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Una de las principales políticas que afectó la actividad es la apertura importadora. Las caídas más relevantes se verifican en Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-22,7%), Automotores y otros equipos de transporte (-20,7%) y Productos de metal, maquinaria y equipo (-18,2%), en donde se destaca la actividad fabril vinculada a electrodomésticos.
Por su parte, también el Indec publicó datos referidos a la actividad de la construcción, que acompañó este retroceso productivo con un hundimiento de 4,1% mensual en noviembre, su peor registro en más de un año, cuando en octubre de 2024 había caído 5,1% en forma mensual.
A su vez, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 4,7% interanual, aunque la variación acumulada de 2025 se ubica en 6,6% respecto al mismo período de 2024 (once primeros meses), a falta de los datos de diciembre.
La “calma” en los mercados financieros tras el rescate de Trump a Milei y la extorsión electoral, no evita la crisis de la producción, impactando en la caída de la actividad, el empleo, los ingresos y el consumo. Las patronales buscan descargar los costos sobre los trabajadores en una ofensiva de reformar la Ley laboral para quitar derechos e incrementar la tasa de explotación.
La Justicia ordenó una intervención parcial en SanCor
El juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich resolvió la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, control y representación. Las autoridades actuales continuarán en sus cargos, pero ya no podrán tomar decisiones patrimoniales o contables sin la firma conjunta del funcionario designado, condición sin la cual cualquier acto será considerado nulo. SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y no pagó ninguna de las cuotas del aguinaldo de este año. Más de 300 trabajadores enviaron telegramas de intimación en las últimas semanas, que se suman a los 3.800 presentados desde la apertura del concurso.
La cooperativa láctea SanCor quedó bajo una intervención parcial ordenada por la Justicia de Santa Fe, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero. La medida, dispuesta por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, apunta a reforzar el control sobre la administración ante una serie de incumplimientos laborales, previsionales y contables detectados en los últimos meses.
El magistrado resolvió la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, control y representación. No se trata de una intervención total, por lo que las autoridades actuales continuarán en sus cargos, pero ya no podrán tomar decisiones patrimoniales o contables sin la firma conjunta del funcionario designado, condición sin la cual cualquier acto será considerado nulo.
La resolución se apoya en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):
Deudas salariales persistentes: SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y no pagó ninguna de las cuotas del aguinaldo de este año. Más de 300 trabajadores enviaron telegramas de intimación en las últimas semanas, que se suman a los 3.800 presentados desde la apertura del concurso.
Irregularidades previsionales: se denunciaron recibos de sueldo con datos presuntamente falsos y falta de aportes a la seguridad social, lo que derivó en causas penales contra ex directivos por apropiación indebida de recursos del sistema previsional.
Falta de información clave: la empresa no entregó documentación sobre el funcionamiento de sus plantas, los contratos con terceros, los niveles de producción ni el destino de los fondos que ingresa, incumpliendo el deber de colaboración previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.
Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.
¿Qué podrá hacer el coadministrador?
El coadministrador será un profesional con certificación en sindicatura concursal, elegido a partir de una terna que deberá presentar la Sindicatura. Tendrá un mandato inicial de 60 días, prorrogable, y podrá designar hasta seis auxiliares técnicos, entre ellos contadores, abogados e ingenieros vinculados a la actividad láctea.
Entre sus facultades se incluyen:
Acceder a todas las plantas e inmuebles de la cooperativa, incluso con auxilio de la fuerza pública.
Requerir documentación e información a la empresa, sus dependientes y terceros.
Auditar contratos, flujos de fondos, niveles de producción y stock.
Intervenir en cualquier acto con impacto económico o contable.
La intervención llega en un contexto de creciente conflictividad interna. En paralelo, grupos de trabajadores comenzaron a presentar pedidos individuales de quiebra con continuidad laboral, denunciando meses de salarios impagos, falta de aportes a la obra social y un “vaciamiento” que pone en riesgo la continuidad de la actividad y el sustento de sus familias.
La cooperativa, fundada en 1938 y símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento, venta de activos y pérdida de mercado. La decisión judicial abre ahora una etapa de supervisión reforzada, en la que la Justicia buscará determinar si la empresa puede sostener su operatoria bajo control conjunto o si será necesario avanzar hacia medidas más drásticas dentro del concurso.
El pedido de procesamiento a expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes
la fiscalía federal de Rafaela había solicitado a comienzos de febrero el procesamiento de dos ex presidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.
El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, período en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.
Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputaron otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.
El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.
La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.
A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyeron. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.
A comienzos de este año, SanCor solicitó la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores en medio de la crisis que atraviesa por las deudas acumuladas y la merma en la producción que incluyó despidos a comienzos del año. El 14 de febrero, el juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, se declaró competente para llevar adelante el Concurso Preventivo de Acreedores de SanCor.
En esa oportunidad, SanCor dio a conocer mediante un comunicado el dificultoso devenir que afrontó en los últimos años indicando que “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”.
Al respecto, precisaron que “este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas”, asegurando que “estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa”. Durante este transcurso, la empresa pasó de tener 12 plantas a seis.
En relación a la reducción del personal de las diferentes plantas, que también forma parte de la mencionada reestructuración, a finales de enero pasado se produjo la desvinculación de 300 empleados. Esta realidad se venía acentuando ya que en 2017 la compañía contaba con 4.000 trabajadores, mientras que actualmente apenas supera los 1.000.
Continuando con la recopilación de lo sucedido en los calendarios pasados, la cooperativa sostuvo que “con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa”.
Al mismo tiempo, recordó que “a fines de 2023, y hasta agosto de 2024, SanCor, por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación”, haciendo alusión al conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra).
Aún ante este escenario, se explicó que “SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones”.
Sin embargo, desde la firma informaron meses atrás, antes de la decisión judicial de intervenir parcialmente la empresa, que “antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones”, por lo que “en este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial”.
Ante esta determinación, expresaron que “aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento”, remarcando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.
Argentina paga USD 4.300 millones a bonistas privados con fondos propios y crédito internacional
Por Carlos R. Martínez
El Gobierno de Argentina concretó el viernes pasado el pago de USD 4.218 millones correspondientes a vencimientos de deuda con bonistas privados. La operación se realizó mediante una combinación de recursos del Tesoro Nacional, ingresos derivados de privatizaciones y el desembolso de un crédito REPO acordado con seis bancos internacionales. Este movimiento financiero, que ya había sido anticipado por los mercados, busca dar cumplimiento a los compromisos externos y mantener la estabilidad financiera a inicios de 2026.
Origen de los fondos y estructura del pago
Del monto total de USD 4.218 millones, aproximadamente USD 692 millones corresponden a tenencias del propio sector público, lo que reduce la salida neta de divisas. Para cubrir el compromiso con los acreedores privados, que asciende a USD 3.526 millones, el ministerio de Economía utilizó USD 2.300 millones provenientes de la privatización de las represas del Comahue.
El remanente, estimado entre USD 1.200 y USD 1.300 millones, se financió a través del préstamo REPO liderado por entidades financieras extranjeras. Esta estrategia permitió al Tesoro afrontar el vencimiento sin depender exclusivamente de las reservas líquidas del Banco Central.
Detalles del préstamo REPO con bancos internacionales
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó el acuerdo por un total de USD 3.000 millones a un plazo superior a un año. La tasa de interés anual pactada es del 7,4%, un nivel que refleja las condiciones actuales de mercado para el crédito soberano argentino.
Las entidades bancarias que integran el consorcio son:
BBVA
JP Morgan
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Bank of China
Santander
La licitación del préstamo mostró un alto interés por parte de los inversores, recibiendo ofertas por USD 4.400 millones, lo que representó un 50% por encima del monto inicialmente solicitado por el Gobierno.
Acumulación de reservas y contexto cambiario
En paralelo al pago de la deuda, el Banco Central mantiene su estrategia de intervención en el mercado de cambios. En lo que va de las primeras ruedas de enero, la autoridad monetaria logró una acumulación neta de USD 200 millones. El objetivo oficial es continuar con la recomposición de divisas mientras se normaliza el flujo de pagos de capital e intereses de los títulos públicos.
Caputo emitió deuda por u$s11.000 millones para pagar el vencimiento de u$s4.300 millones
Por Fernando Alonso
La administración de Javier Milei emitió deuda por 11.000 millones de dólares, acortó los plazos e incrementó el costo del financiamiento para afrontar el pago de deuda de 4.300 millones de dólares. El mercado lo percibió e hizo subir el riesgo país.
La administración de Javier Milei emitió deuda por 11.000 millones de dólares entre títulos nuevos, la reapertura de títulos en circulación y un crédito con bancos comerciales, para afrontar el pago de deuda de 4.300 millones de dólares por los servicios de los Bonos Globales y Bonares que vencen este viernes, en una operación financiera que acortó los plazos e incrementó los pagos de intereses. Los mercados no solo evalúan el cumplimiento de los servicios de la deuda sino también la facilidad que tuvo el acreedor para disponer de los fondos, los mecanismos de financiamiento a los que acudió y las opciones financieras que tuvo a disposición, entre otras variables importantes.
En el caso de deudas consideradas ya en rango especulativo como la de Argentina hay tres variables claves: 1) apalancamiento (nivel de deuda sobre Producto Bruto Interno, sobre la disponibilidad de divisas del comercio exterior y sobre la recaudación impositiva), 2) capacidad de pago con flujo propio, y 3) capacidad de pago con acceso al financiamiento voluntario (refinanciamiento).
Adicionalmente, las consultoras que analizan la calificación del crédito, los bancos internacionales y los fondos de inversión observan también los niveles de liquidez, los resultados presupuestarios, la estructura de ingresos, gasto y deuda.
En cada uno de los ítems la consideración fue negativa que se reflejó en el valor de los títulos públicos argentinos, que pese a garantizar el pago siguieron perdiendo valor y haciendo subir el riesgo país, y en el bajo interés detectado por las entidades financieras para reinvertir el flujo de dólares que pagará el Gobierno en otros activos financieros oficiales o privados del país.
El equipo económico del ministro Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, recién pudieron mostrar la disponibilidad de dólares 48 horas antes del vencimiento (o 24 horas si se considera los plazos para girar los fondos a las entidades encargadas de liquidar a los ahorristas del exterior).
El volumen del vencimiento ronda los 4.300 millones de dólares, aunque no se dispone de información oficial precisa, distribuido entre inversores privados locales y del exterior y organismos públicos como el propio Banco Central, al que no se le giran las divisas sino simplemente se le hace un asiento contable.
Los dólares provendrán de la colocación de un bono en el mercado local por 1.000 millones a 2029, denominado AN29, con una tasa interna de retorno de 9,47%, y un crédito REPO por 3.000 millones con vencimiento en enero del próximo año y una TIR de 7,7%, y la reapertura de dos bonos, el AE38 por 3.000 millones y el AL35 por 6.000 millones, utilizados como garantía y entregados a los bancos comerciales.
Esta combinación elevó el costo del financiamiento ya que renuevan deuda colocada con tasas de 3%, acortó los plazos: solo en el caso del REPO a 370 días, y elevó el pago de intereses por la ampliación de los bonos emitidos. Esta emisión de AE38 y AL35 deberá volver al BCRA dentro de un año, cuando el BCRA salde el REPO y recupere las garantías, pero mientras tanto las entidades financieras podrán disponer libremente de esos bonos, que por el volumen ya están provocando una caída de precios.
El mercado observa un incremento de valores nominales muy importante y cuando aumentan los bonos en circulación disminuyen los precios, como se está observando, en especial porque no se percibe que estén reinvirtiendo la renta de capital para mantener el mismo nivel de exposición a la deuda argentina. Solo este viernes, la ampliación de los bonos implica un incremento de 232,8 millones extras en el pago de capital e intereses, por los AL35 pagarán un cupón de 4,125% anual y el AE38 un cupón de 5% anual, es decir que este 9 de enero van a pagar 2,63% y 2,5%, respectivamente, sobre lo emitido.
Antes de esta emisión de deuda, el stock de deuda pública se había incrementado en 20.647 millones de dólares entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre pasado, cuando alcanzó un volumen de 443.472 millones de dólares. Ese incremento esconde una licuación de 8.529 millones de dólares de la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central por los adelantos transitorios, que medida en dólares era de 11.349 millones en noviembre del 2023 y por las devaluaciones de la administración de Milei y pese a no haber realizado ninguna cancelación con pesos, ahora está valuada en 2.820 millones de dólares.
Si no se considera la deuda del Tesoro con el BCRA, el incremento de la deuda durante la administración de Javier Milei fue de 29.176 millones de dólares, al pasar de 411.476 millones a 440.653 millones de dólares. Las cuentas en el Banco Central tampoco reflejan el discurso libertario que quiere mostrar a Caputo como un “desendeudador” cuando fue el responsable de tomar la mayor cantidad de deuda tanto durante su paso en la administración de Mauricio Macri como ahora con Milei.
El BCRA tiene 44.240 millones de dólares de reservas internacionales, pero deudas por: 18.500 millones por el swap con China; 17.000 millones por encajes de los depósitos de los ahorristas, 2.000 millones por los depósitos de SEDESA; 2.900 millones por el swap con el Tesoro de Estados Unidos, y 13.000 millones por la emisión de Bopreales. Los 15.000 millones de dólares del nuevo salvataje del FMI a Milei figuran como tenencia del BCRA, pero pagar esa deuda está a cargo del Tesoro, es decir del Gobierno con el impuesto de los argentinos.
Informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense sobre la asistencia financiera de la administración Trump a la Argentina
La publicación expuso que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas y la poca capacidad para generarlas.
En este sentido, subrayó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y la creciente oposición política en el Congreso.
Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país “no cuenta con un superávit comercial sólido”.
Al respecto, el reporte de los legisladores consideró que “con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas”.
En ese escenario, proyectó y alertó que “si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”.
Asimismo, señaló que Milei “podría buscar apoyo adicional de EE UU, el FMI u otros organismos”, remarcando que “las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros”.
El informe agregó que “también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para EE.UU., ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global”.
Para el CRS la “larga historia de turbulencia económica” argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Al mismo tiempo, analizó lo que va de la gestión de Milei destacando las reformas implementadas pero señalando que se vienen dando resultados mixtos.
El documento también recalcó la “buena sintonía” personal e ideológica entre Trump y Milei, mencionando el acompañamiento público de funcionarios estadounidenses a las reformas.
Por otra parte, destaca el argumento de que una Argentina “fuerte y estable” redunda en el interés estratégico de EE UU para contrarrestar la influencia de China.
Sin embargo, el análisis también exhibió las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap, quienes señalan que:
Desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina.
Utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos.
Podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
El CRS dejó en claro que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de “duda”. Y recalcó que “aún está por verse hasta qué punto el Congreso de EEUU apoyará las medidas de asistencia económica” de la administración Trump.
Crudo pronóstico en Estados Unidos para el futuro de Argentina
“Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas suficientes para realizar los pagos de su deuda y mantener los objetivos de la política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”, alerta el informe del servicio legislativo estadounidense.
“La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swaps de divisas con Estados Unidos. Los activos en divisas del Banco Central se compensan en gran medida con los pasivos en dólares, y Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas”, señala el documento de perspectivas.
El Presupuesto 2026 de Argentina proyecta un déficit comercial significativo en bienes y servicios, estimando alrededor de 5.751 millones de dólares, a pesar del crecimiento esperado en exportaciones de Vaca Muerta y minería, ya que las importaciones crecerán aún más rápido. Se anticipa un déficit sostenido hasta 2028.
El informe analiza la posición del oficialismo para impulsar la agenda legislativa de Milei con el apoyo de partidos aliados. Con el peso rondando cerca del límite superior de la banda cambiaria y con los pagos de la deuda pública programados para aumentar durante los próximos tres años, la administración de Milei podría enfrentar obstáculos adicionales para lograr reformas económicas.
“Funcionarios de Trump hicieron declaraciones que parecen sugerir que el apoyo estadounidense a Argentina tiene como objetivo contrarrestar la influencia de China en el país”, remarca. Durante la visita del presidente Milei a la Casa Blanca en octubre de 2025, por ejemplo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó su preocupación específica por los “puertos, bases militares e instalaciones de observación vinculados a China que se han creado en Argentina”. Según informes, 17 funcionarios estadounidenses también instaron al gobierno de Milei a priorizar la inversión estadounidense en sectores clave, como los minerales críticos y las telecomunicaciones, por encima de la de empresas con sede en China.
“Pero miembros del Congreso expresaron su preocupación por el apoyo financiero estadounidense a Argentina”, agrega el informe. Argumentan que las políticas perjudican a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina en los mercados globales (en particular, en el caso de la soja y otros productos agrícolas); el apoyo estadounidense pone en riesgo el dinero de los contribuyentes, dados los persistentes desafíos económicos de Argentina y sus patrones de impago; condicionar la asistencia financiera estadounidense a ciertos resultados electorales constituye una influencia indebida en una elección democrática extranjera; el apoyo beneficia indebidamente a inversores privados con intereses en activos argentinos; y el gobierno no ha divulgado públicamente los detalles ni los términos de la línea de swap de divisas.
“De cara al futuro, persisten dudas sobre la estabilidad de las políticas cambiarias del gobierno de Milei y la capacidad de Argentina para cumplir con los inminentes aumentos en los pagos de deuda programados”, destaca en sus conclusiones. También existen dudas sobre si el gobierno mantendrá su programa con el FMI.
El gobierno de Trump utilizó la flexibilidad que le otorgó el Congreso para reforzar las reservas de divisas de Argentina, una medida que los miembros del Congreso debatieron. Queda por ver hasta qué punto el Congreso apoyará o se opondrá a las medidas del gobierno de Trump para brindar apoyo económico a Argentina.
Aumentos de tarifas en el primer mes del 2026
Uno de los ajustes más relevantes será el de los alquileres. Los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un incremento del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien el indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, el ajuste de enero será levemente superior al de diciembre, cuando el aumento fue del 28,67%.
En noviembre había sido del 38%, en octubre del 46,1% y en septiembre del 50,3%.
Naftas y combustibles
Se espera un nuevo aumento en naftas y combustibles. Desde el 1º de enero de 2026, la secretaría de Energía aplicará el incremento total pendiente de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a 2024 y a los primeros trimestres de 2025. El ajuste impositivo se trasladará directamente al precio final del litro de nafta y gasoil en los surtidores.
Prepagas: subas hasta el 2,5%
En el rubro salud, las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta 2,5%, un incremento que también alcanzará a los copagos. Desde la
Transporte público: boletos más caros en colectivos y subte
El transporte público también registrará aumentos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos se incrementará 4,4%.
El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37 Recorrido de 3 a 6 km: $690. Recorrido de 6 a 12 km: $743,15. Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.
En la provincia de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1 de enero.
El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $655,61 a $685,11; Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822; Viajes de 12 a 27 km: $880,86.
También en la Ciudad de Buenos Aires subirá la tarifa del subte. Desde enero, el pasaje pasará de $1206 a $1259, mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $440,67.
Otro golpe al bolsillo llegará desde la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. A partir del 16 de enero, las tarifas subirán 21,8%. Con este incremento, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.
Con IVA incluido, los valores para la renovación de la VTV son los siguientes:
Motos: $38.801,03. Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65; Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64; Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54; Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33 Cable y telefonía
En cuanto a los servicios de cable, internet y telefonía, las empresas comenzaron a notificar a sus clientes que aplicarán nuevos ajustes en los primeros días de enero. Los incrementos oscilarán entre 3% y 4,5%, de acuerdo con la operadora y el tipo de servicio contratado.
Una ley de inocencia fiscal hecha a medida de evasores seriales
Por Sebastián Permici
La aprobada Ley de Inocencia Fiscal consagra un esquema de blanqueo permanente de recursos provenientes de la evasión y el lavado de activos construida con la excusa de los «dólares debajo del colchón».
La administración de Javier Milei se adelantó al Día de los Inocentes y consiguió en el Senado la aprobación de su proyecto que garantizará la evasión desde el propio Estado nacional a partir de una modificación estructural del régimen penal tributario. La Libertad Avanza (LLA) consiguió 43 votos a favor y 26 rechazos.
La iniciativa denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, cuya narrativa se construyó alrededor de la idea “los dólares debajo del colchón”, constituye un régimen de regularización de activos de carácter permanente que buscará el ingreso de fondos al país provenientes de la evasión tributaria y el lavado de activos.
De esta manera, Milei (y su partido Libertad para la Evasión) avanzó con una modificación estructural del régimen penal tributario que limita el alcance punitivo del Estado nacional en casos de evasión agravada y acota las capacidades de fiscalización del organismo recaudador.
La evasión estructural
La evasión y la elusión fiscal constituyen un problema estructural de la Argentina y la región. No son desvíos puntuales ni casos aislados. Es un sistema que erosiona la capacidad del Estado para garantizar derechos y perpetúa las desigualdades; y es planificado por las mismas corporaciones que explotan los recursos naturales del país y generan fortunas que no llegan a declarar a partir de una planificación fiscal nociva.
De acuerdo a un documento del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), en el caso del Impuesto del valor agregado (IVA), las estimaciones disponibles indican que la evasión se ha mantenido por arriba del 50% durante los últimos años. “Algo similar ocurre con el Impuesto a las ganancias, pues casi la mitad de la recaudación potencial se pierde debido a la evasión. Los datos muestran que la pérdida de recursos suma, en los dos impuestos mencionados, el equivalente a 8,3 puntos del PIB”, puede leerse en el mismo informe.
Existen grandes empresas que trasladan las ganancias originadas en el país a guaridas fiscales a través de estructuras societarias radicadas en el exterior (un caso podría ser Techint, radicada en Luxemburgo). Son empresas que a través de Mamushkas societarias eluden el pago de impuestos a las ganancias. La Argentina es el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales; además de ser el país que más blanqueos llevó adelante en el mundo. Una cantidad de 8 en los últimos 50 años.
La ausencia de mayores herramientas de control y fiscalización resulta en una elusión o más bien en una evasión garantizada por el propio Estado. Sobre este escenario de opacidad, la administración Milei construyó su proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria. ¡Que la inocencia te valga!
Ajuste profundo sobre la obra pública
Un estudio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) indica que el ajuste en la obra pública es el más grande de toda la gestión Milei, por encima de otros ítems como las jubilaciones, la Ciencia, la Universidad y la salud.
El recorte acumulado es de $ 19,2 billones (a valores constantes) que en relación con un “ahorro fiscal” total de $ 72 billones representa un poco más del 26%. Le siguen las jubilaciones ($ 15,2 billones), los programas sociales ($ 10,9 billones), los subsidios a la energía (9,3 billones).
Sergio Arelovich, director de MATE, explica que se trata de un trasvasamiento para alimentar los fondos destinados al pago de la deuda pública. Esto es toma de deuda, remuneración de títulos públicos con tasas superiores a la inflación y alimentación de las tensiones cambiarias.
Un reciente relevamiento de la Red Nacional de Periodismo e Innovación, en base a datos oficiales determinó que, de las 2.700 obras públicas iniciadas y no finalizadas por el gobierno de Alberto Fernández, el 54% (más de 1.400) no tuvo ningún tipo de avance. Se encuentran paralizadas por completo. Solo se finalizaron 330 durante la gestión Milei. Apenas 78 avanzan según los parámetros calificados. Por su parte, el gobierno libertario inició 18 proyectos nuevos. La provincia de Buenos Aires acumula 841 obras inconclusas, Córdoba 203, Santa Fe 153 y Entre Ríos 150.
De esta forma, la Nación deriva el problema sobre las provincias, que para ejecutarlas incurren en endeudamiento o replicaron en sus territorios el brutal ajuste del gobierno nacional reduciendo salarios, jubilaciones y transferencias a los municipios y comunas, cargando sobre las espaldas de sus trabajadores activos y jubilados la financiación de la escasa obra pública.
En julio, la Asociación Argentina de Carreteras aseguró que el cierre de Vialidad Nacional “podría afectar la gestión, planificación y conservación” de las rutas troncales.
Según el ministerio de Economía, la inversión del gobierno nacional en agua y cloacas fue en julio 2025 un 20% de lo que era en octubre 2023. La Agrupación Defendamos la Ciencia Argentina difundió un gráfico de que el gobierno invierte $ 48.000 millones en agua y alcantarillado, mientras que hace cinco años era 40 veces mayor.
El gasto en contener el dólar es 45% superior a la inversión en Ciencia y Universidades
Por Eugenia Rodríguez
En solo tres meses el BCRA gastó un 45% más en contratos de dólar futuro que lo destinado en todo el año al CONICET. Mientras tanto, la inversión en universidades y en investigación cayó al nivel más bajo en 53 años.
Ni las universidades, ni la salud pública, ni la ciencia o la investigación están entre las prioridades de la política económica del gobierno nacional. Lo anterior quedó en evidencia en datos concretos: lo que la gestión libertaria lleva gastado en la intervención del dólar futuro para intentar contener el tipo de cambio es 45% superior a lo que destinó a Ciencia y Tecnología en el año.
De esta manera, un relevamiento privado mostró que los costos de sostener el esquema actual recaen -en gran medida- sobre la investigación y la ciencia nacional y amenazan con agravarse, en línea con la decisión del Ejecutivo de “no mover un milímetro” lo hecho hasta ahora. Así, mientras la inversión estatal en el principal organismo de ciencia del país, el CONICET, alcanzó los 331,4 mil millones de pesos, ese valor fue ampliamente superado por el gasto supuesto por las pérdidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de futuros de dólar que ascendió, tan sólo en los últimos tres meses, a 480,9 mil millones de pesos.
Esta disparidad entre los objetivos económicos del gobierno nacional se da en un contexto donde los recursos para Ciencia y Técnica en el Presupuesto Nacional alcanzan su mínimo histórico (0,16% del PBI), con su peor antecedente en 2002 (0,17%). Un dato no menor tiene que ver con que la caída abrupta que se evidencia en la inversión en universidades nacionales (pese a ello el gobierno vetó la ley de financiamiento) se combina en paralelo con el estancamiento del PBI del país.
Menos Ciencia e Investigación, más especulación
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró en junio una contracción del nivel de actividad (-0,7% vs. may/25), situándose 1,8% por debajo del pico de junio del 2022. Así, la proyección de crecimiento del PBI para este año caería al 4,0%, dependiendo del arrastre estadístico del 2024 (4,2%). Si bien el indicador mostró una recuperación del 7,5% respecto del piso alcanzado en abr/24, exhibió un menor dinamismo en los últimos meses.
Sin embargo, el ajuste fiscal y las políticas restrictivas que afectan a la producción y el empleo amenazan con agravarse, en línea con la decisión de la administración libertaria de “no mover un milímetro” lo hecho hasta ahora. De esa manera, el crédito vigente del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) cae 8,0 puntos reales este año y, con eso, habrá perdido 29,0 puntos en solo dos años, alcanzando su tercer menor registro, en términos del PBI, en 61 años de historia presupuestaria. Se trata de un mínimo tan solo perforado por el bienio 1990-1991.
En este escenario, lejos de priorizar la inversión en Ciencia, Tecnología e Investigación para favorecer la matriz productiva del país, el desarrollo de valor agregado y la generación de puestos de trabajo, el gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar esas áreas clave para intentar sostener, a toda costa, el tipo de cambio en estos meses electorales. Ahora bien, si bien el plan depende de la estabilización cambiaria y monetaria, los últimos dos meses estuvieron atravesados por el colapso del gradualismo cambiario, conduciendo a variaciones promedio mensuales del tipo de cambio del 6,1% (jul-25) y del 4,9% (ago-25) que todavía no han impactado plenamente en los precios locales. Las proyecciones pesimistas hacen foco en la aceleración de esta tendencia en el último trimestre del año, con más chances de presenciar un ajuste luego de las elecciones de octubre. Incluso en el escenario más optimista la variación nominal del tipo de cambio sería del 38,5% vs. dic-24, por encima de la proyección inflacionaria del año (27,7%).
Mientras crece la volatilidad y la incertidumbre y el gobierno se aferra a ese plan acordado con el FMI, en contraposición, los créditos ejecutados de la Función Ciencia y Técnica nacional caerán en 2025 un 23,3% real (considerando el efecto de la inflación) luego de perder ya 30,2 puntos en 2024.
La Función Ciencia y Técnica del Presupuesto se mide desde el año 1972, momento en el que fue incorporada al esquema de finalidad-función del sistema presupuestario argentino, pero en este 2025 estará alcanzando su mínimo histórico, tras 53 años de oscilación donde se observó el decrecimiento entre 1981 (0,33% del PBI) y 2002 (0,18%), revertido luego hasta alcanzar un máximo histórico en 2014 (0,35%). Desde entonces, y salvo el trienio 2021-2023, ha evidenciado una nueva curva descendente, alcanzando un mínimo absoluto este año en la variable que mide la inversión estatal en ciencia (0,16%), que se encuentra por debajo incluso de los umbrales anteriores, alcanzados en 2002 (0,18%), 1976 (0,19%) y 1992 (0,20%).
En el caso puntual del CONICET, el organismo se encontrará este año 33,8 puntos por debajo de los valores de 2015. Para fines de 2025 se proyecta que la masa salarial de la actividad se deteriore un 19,9% real, y el total pagado en becas un 13,2%.
En tal panorama, las prioridades de la política económica son evidentes: en lo que va del año la inversión estatal en el principal organismo de ciencia del país -CONICET-, alcanzó los 331,4 mil millones de pesos, siendo ese valor superado ampliamente por el costo supuesto por las pérdidas del BCRA en el mercado de futuros de dólar, que ascendió, tan sólo en los últimos tres meses, a 480,9 mil millones de pesos, según un informe presentado por el equipo de Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, (Ciicti).
En otras palabras, el BCRA gastó en tres meses un 45,1% más en contratos de dólar futuro de lo que ha invertido el gobierno nacional en siete meses en el organismo científico y tecnológico del país.
En los últimos 42 años, desde el retorno de la democracia, se observa una vinculación directa entre la política científica, la inversión en las universidades nacionales y la dinámica más general de la actividad económica.
En ese sentido, “desde los mínimos del 2002 se asiste a un crecimiento de las tres variables en la década siguiente. El PBI alcanza su nivel actual en 2011, la inversión en ciencia y en las universidades crece hasta 2015. La caída del período 2015-2019 es revertida de manera parcial en los cuatro años siguientes”, detallaron desde el CIICTI. No obstante, advirtieron que “en los últimos dos años se combina la continuidad del estancamiento del PBI, con una caída abrupta y sin equivalentes en el período democrático tanto para la inversión en universidades como para ciencia y tecnología”. En el presente, las universidades argentinas siguen a merced del fuerte ajuste de recursos impuesto por el gobierno que encabeza Javier Milei.
Sin bien el argumento oficial recae en que el equilibro fiscal “no se negocia”, lo cierto es que según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el impacto fiscal era de apenas el 0,23% del PIB, por debajo del 0,61% del PBI nacional que el gobierno deja de recaudar por la reducción de impuestos a los Bienes Personales, que benefician al 1% más rico de la población.
En el mismo día en que vetó la Ley de financiamiento universitario, el presidente de la Nación publicó una decisión administrativa que redujo el crédito vigente de educación y universidades en 2025. La decisión administrativa 23/2025 ajustó 40.000 millones el crédito de gastos corrientes de universidades, recortó 12.400 millones en infraestructura educativa y redujo 44.300 millones de becas estudiantiles. En conclusión, “lejos de atender al contexto político de su estricto régimen fiscal, el gobierno ata su suerte a la profundización del ajuste, afectando los servicios sociales y al núcleo de las capacidades estatales”, alertaron desde el centro de estudios.
Milei recortó $500.000 millones en Educación, Niñez y otros sectores
Luis Caputo, ministro de Economía, dispuso el jueves 11 de setiembre del 2025, un recorte de créditos presupuestarios por casi $500.000 millones, publicada en el Boletín Oficial. La misma prevé un ajuste en las partidas de Educación por $120.000 millones, entre otros recortes que incluyen áreas de Capital Humano y Economía, así como una reasignación de recursos.
El objetivo es mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a “los mercados” (grandes empresarios y capital financiero) que sigue firme en su decisión de ajustar el gasto público, y garantizar el “superávit fiscal” aunque el mismo involucre afectar áreas muy sensibles. Esto se realiza a pocos días de presentar el Presupuesto 2026, que realizará Javier Milei por una cadena nacional grabada este lunes.
Mediante la Decisión administrativa 23/25 se incrementa el cálculo de recursos en $ 261.613 millones y a la vez realiza un reducción de $ 493.531 millones. De ello surge un resultado financiero positivo de $ 754.744 millones.
De esta forma, se realiza una reducción de partidas destinadas a becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior, luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que establece un incremento de gasto para las universidades. Entre otras cosas, la Ley de financiamiento universitario garantiza una recomposición de los salarios docentes y no docentes a diciembre de 2023 según el aumento de la inflación, y una recuperación de las becas para estudiantes.
Las reasignaciones presupuestarias se realizan con el objetivo de “sacar” de un lado (Educación, Niñez, Infraestructura) y darle a otro (Vialidad, por ejemplo), pero con un resultado que sigue siendo en términos netos un fuerte recorte de casi $500.000 millones.
“El resultado financiero deficitario del Presupuesto de la Administración Pública Nacional arroja una mejora de $754.744 millones, lo que implica que el superávit (incluyendo utilidades del Banco Central) aumenta de $5,914 billones a $6,669 billones, equivalente al 5% de la estimación de recursos totales”, sintetizó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
De acuerdo con el reporte, con esta operación el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $ 459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por un total de $ 953.024 millones.
Esto ha significado una reasignación de partidas totalmente discrecional, a gusto del Poder Ejecutivo, tomando como referencia solo el Presupuesto del 2023, prorrogado en 2024 y nuevamente prorrogado en 2025. Mientras que el nivel de ejecución del gasto es del 62% al 9 de septiembre, los ingresos están al 71% de lo previsto para todo el ejercicio. De allí que no se descarta que hacia fin de año se tengan que actualizar las partidas.
El informe de ASAP señaló que los recortes presupuestarios más significativos alcanzaron a los ministerios de Capital Humano y de Economía, con reducciones que superan los $360.000 millones en conjunto.
Ministerio de Capital Humano: La cartera a cargo de las políticas sociales sufrió una poda de $207.540 millones.
La Secretaría de Educación resignó $120.033 millones, con fuerte impacto en programas clave: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-$44.270 millones), Desarrollo de la Educación Superior (-$40.000 millones) e Infraestructura y Equipamiento (-$12.451 millones), entre otros.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia recortó $67.910 millones, principalmente en Acciones de Inclusión Social (-$55.316 millones) y Abordaje Territorial (-$3.911 millones).
También se ajustaron partidas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (-$19.480 millones), la Biblioteca Nacional (-$234 millones) y la Administración Central (-$120 millones).
Ministerio de Economía: El presupuesto de la cartera que conduce Luis Caputo se redujo en $154.456 millones.
La mayor poda se dio en Infraestructura Económica y Social (-$224.133 millones).
La Administración Central resignó $112.801 millones, en particular en el programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, con caídas de $93.280 millones en transferencias a empresas privadas y de casi $20.000 millones en giros a provincias para gastos corrientes y de capital.
No obstante, como parte de la reasignación algunos organismos de la órbita de Economía recibieron mayores recursos:
La Dirección Nacional de Vialidad obtuvo $191.003 millones adicionales, destinados a obras de autopistas, mantenimiento de rutas y repavimentación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sumó $8.246 millones.
En paralelo, se aplicaron recortes en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo por $17.381 millones, entre otros ajustes.
Milei proyecta un ajuste en la AUH y las asignaciones familiares
Por Laura Vales
A pedido del FMI, Milei proyecta un ajuste en la AUH y las asignaciones familiares
El gobierno de Javier Milei se dispone a eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, hasta ahora atada a la movilidad jubilatoria, que toma como guía a la inflación. Lo mismo quiere hacer con las asignaciones familiares que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Si bien la Casa Rosada no ha dado explicaciones sobre el por qué de esta medida, su razón no es difícil de rastrear: se trata de una de las promesas que Economía le hizo al FMI para aprobar la primera revisión del acuerdo con el Fondo.
La propuesta ya fue oficializada por el mileismo, que la incluyó en la Ley de Presupuesto 2026 enviada al Congreso. Si se concreta, implicará que el monto de la AUH, en vez de actualizarse de manera automática todos los meses, de acuerdo al índice de inflación, pasará a depender de lo que considere apropiado el ministerio de Capital Humano. Esto sería un enorme retroceso en el reconocimiento de los derechos de la infancia. Especialmente de aquellas niñeces a las que les tocó nacer en ámbitos social y económicamente vulnerables; pero también para los hijos de quienes aún cuentan con trabajo formal, en blanco.
Un criterio que no sorprende. Como se ha visto en los dos años que lleva La Libertad Avanza en el gobierno, los recortes de derechos de cada embate libertario pueden empezar por los que menos tienen, pero siempre recortan también, e indefectiblemente, a la clase media.
El diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo advirtió que al desacoplar la Asignación Universal por Hijo de las jubilaciones, “el gobierno va hacia un esquema de ajuste, de recorte y pérdida de ingresos de la AUH”.
“La movilidad jubilatoria es un mecanismo asociado a la inflación, está claro que si se desengancha de ese índice, la AUH va a perder poder adquisitivo”.
“Por otro lado, esto significa romper el esquema del derecho, porque la asignación universal por hijo hoy forma parte del sistema de seguridad social, pero en la medida que la desenganchen del aumento jubilatorio, si sucede esto, en la práctica, con los años va a pasar a ser una especie de bono de apoyo a las familias pobres. Algo mucho menor, como tendencia, a lo que es hoy”.
En la actualidad la AUH y la asignaciones familiares para los hijos de quienes tienen trabajo formal se actualizan cada mes, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Indec. Esto se debe a que en 2015 la Ley 27.160 estableció que las asignaciones familiares deben incrementarse en el mismo porcentaje que las jubilaciones. Este es el mecanismo de actualización automática que el gobierno quiere suspender.
La intención de eliminar el mecanismo de actualización automática de la AUH fue detectada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que la publicó en un informe en el que advirtió también que el gasto en servicios sociales del Presupuesto 2026 es un 15,9 % más bajo que en 2023. El dossier reconoce que tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar tienen, en el Presupuesto 2026, una inversión similar a la de los últimos años, pero enciende un alerta sobre los cambios en su forma de actualización.
El tema pone sobre la mesa la magnitud de la crisis que atraviesa el gobierno. La AUH y la Tarjeta Alimentar fueron, durante el primer año y medio de la gestión de Milei, sus principales políticas de asistencia social, a las que incrementó en sus montos de manera muy importante mientras desarmaba el resto de los programas, como el Potenciar Trabajo (sus cooperativas y emprendimientos), la urbanización de barrios, los comedores comunitarios y los espacios para el cuidado de las infancias. Que ahora el gobierno acepte el pedido del FMI de terminar con su actualización automática muestra cuán necesitado está del socorro norteamericano, ante quien tramita otro crédito extraordinario que le permita sostener el valor del dólar hasta las elecciones de octubre.
¿En qué medida fue importante la AUH para la gobernabilidad en lo que va del gobierno de Milei? En el primer año de su gobierno, Milei la llevó al doble de lo que había sido con Alberto Fernández. Al mismo tiempo, amplió el universo de quienes recibían la Tarjeta Alimentar, que llegaba a familias con hijos de hasta 14 años y fue extendida a los 17. En octubre del año pasado, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, señaló que sin la AUH y la Tarjeta Alimentar la indigencia hubiera llegado al 25 por ciento. El investigador Andrés Schipani dijo que, en mayo pasado, que la AUH era entonces “un 23 % más alta que la que se pagaba con Alberto Fernández e incluso 10 % más alta que la que se pagaba con Cristina Fernández de Kirchner”, su creadora. Es decir que no se trata de una política menospreciada por Milei; más bien, todo lo contrario.
En las organizaciones sociales la noticia fue recibida con preocupación.
En ellas se vivió el antecedente de lo que el gobierno se propone encarar: en diciembre de 2023, apenas asumió en la Casa Rosada, Milei desenganchó el Potenciar Trabajo de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Es decir, hizo lo mismo que propone ahora para la AUH con respecto a las jubilaciones. A partir de entonces, el Potenciar fue congelado y hoy es de apenas 78.000 pesos.
De ser un salario social -con todos los cuestionamientos que haya podido tener su implementación- que complementaba los ingresos de trabajadores informales, su valor adquisitivo cayó hasta convertirse en una suma insignificante. Aquel fue el primer paso para tirar por el piso el frágil andamiaje de derechos que habían logrado conquistar los trabajadores de la economía popular en los años previos y desorganizarlos.
Lo que se avizora ahora es aún más preocupante, en la medida que tiene que ver con la protección de la infancia.
Norma Morales, de Barrios de Pie, dice que “el 2024 fue un año durísimo para las familias que cobran la AUH, que son las mismas que necesitan de los comedores : la inflación les devoró cada peso, mientras los precios de la canasta básica se disparaban”. Su movimiento es uno de los que le vienen dando voz a las cocineras de los comedores populares, que reclaman que el Estado nacional vuelva a proveer de alimentos a los comedores y merenderos.
“Nuestras niñeces hace meses que no pueden acceder a alimentos básicos como pollo, carne, yogur, queso, leche, cereales o frutas, que aparecen apenas una vez cada tanto. Son esos niños y niñas de los barrios populares los que se van a dormir con la panza vacía. Ya no tienen garantizado el desayuno, el almuerzo ni la cena, su seguridad alimentaria está en riesgo”.
Morales agrega que “a Asignación Universal por Hijo “no es una dádiva, sino un derecho conquistado que desde 2009 vino a reparar desigualdades históricas, reconociendo que el Estado tiene que cuidar y proteger a todos los niños y niñas de nuestro país”.
Por eso le pedirán al Congreso que garantice la actualización automática de la AUH como una política de Estado intocable. También analizan la posibilidad de hacer presentaciones judiciales con el mismo objetivo.