El Gobierno piensa en mantener la prohibición hasta que haya despegue. Habilita paritarias y convoca al sector público para apuntalar la demanda. En paralelo prepara un reconocimiento para los informales.
“Hoy no hay margen para dejar que los empresarios tengan vía libre con eso. Podés aflojar cuando se reactive el mercado, pero liberarlo ahora sería una locura”. Así graficaba una importante fuente la visión que tiene el Gobierno Nacional sobre la situación del mercado de trabajo, a días del vencimiento de la prohibición de despidos y suspensiones sin causa. El Decreto 624/2020 de Emergencia Pública publicado el 29 de julio en el Boletín Oficial, con la firma de todo el Gabinete, había prorrogado hasta el 27 de septiembre la medida. Según pudo saber InfoGremiales en exclusiva, se va renovar hasta que haya señales más claras de reactivación. ¿Y eso cuando será?
Para poner en contexto la medida un trabajo de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín que circuló en las últimas horas repasó el comportamiento del empleo y sus tendencias, luego de lo que fue el impacto más “grueso” de la pandemia. Según las cifras oficiales “entre febrero y junio 170 mil asalariados registrados perdieron su fuente de trabajo”. Como es de esperarse el crash sobre el sector informal seguramente fue mucho más profundo aunque difícil de cuantificar. Está mal, pero no tan mal, diríamos aplicando la máxima guidokaczkiana. Sin el programa ATP, los créditos para Pymes, el IFE, el acuerdo por suspensiones y la prohibición de cesantear, la contracción hubiera sido mucho más significativa. En eso coinciden todos.
Ahora, con el final “de hecho” del asilamiento social preventivo y obligatorio la tendencia empieza a cambiar. Los números de junio y julio de la EPH marcan indicios de estabilización del empleo asalariado en el sector privado. Dos meses consecutivos no es poco en esta temporada de The Walkind Dead que estamos viviendo. Además se detecta un leve rebote en el sector informal: “volvieron las changas”, como le gusta decir al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. ¿Alcanza para liberar el mercado? No todavía. El regreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo tiende a recuperar la oferta de bienes y servicios, pero todavía falta la otra pata: la demanda.
Para apuntalar la demanda, como bien señaló Francisco Basualdo en Letra P, en buena medida lo que hay que hacer es sacar las paritarias del freezer. Y ese es el plan del oficialismo, pero al estilo 2020: parches, bonos, porcentajes no remunerativos o acuerdos puente. Así, a los tumbos, pero con los acuerdos de la UOM y de Comercio (a días de rubricarse, pero contenido por una interna de la CAME) ya superaron holgadamente los 3 millones de trabajadores registrados los que en octubre tendrán sus salarios actualizados. Mucho peor que en un año normal. Mucho mejor que lo que se tenía en mayo.
Más allá de la modalidad y de los costos fiscales, la idea oficial es poner algo más de plata en el bolsillo para apurar un cambio de tendencia y empezar a ver algún brote verde. Por eso, también, mutó la actitud en lo que respecta a los salarios del sector público. Luego de que suene con fuerza el congelamiento hasta 2021 y de que incluso varios ministros lo comenten en charlas informales, se convocó a los gremios para dar una actualización de haberes. Aún no hay certezas en el asunto, pero dos fuentes consultadas abrieron la posibilidad de que se vaya por un porcentaje, a la vieja usanza. Veremos.
Institucionalizados pero afuera
Otro de los temas que viene avanzando con firmeza en las últimas semanas es el reconocimiento institucional de la UTEP, el gremio que conformaron a fines del año pasado las organizaciones sociales y que aspira a representar a los más de 4 millones de trabajadores no registrados de la Argentina. La idea es consensuar con ellos una herramienta legal de representación, alguna mínima cobertura laboral e institucionalizar su funcionamiento. Con un pequeño detalle: de ninguna manera se los encuadrará como si se tratara un sindicato “normal”.
Hasta ahora las charlas se dirigen hacia la conformación de una nueva figura, por fuera de la ley de asociaciones sindicales, que les permita regular su vida interna. Sería una especie de revival de la “personería social” que el 9 de diciembre de 2015 Carlos Tomada le entregó a la CTEP y que apuntaba a crear un régimen de agremiación complementario, ampliatorio y compatible con el modelo sindical vigente en la argentina, que hasta entonces únicamente contemplaba la situación de los trabajadores en relación de dependencia.
En la vida interna de los gremios implica que podrán estar juntos pero no revueltos, digamos. Para los buenos lectores es, también, la confirmación que lo que ya hemos adelantado en estas columnas: no tendrán una silla en el Consejo Directivo de la CGT. Esa era su máxima aspiración en lo político sindical. Habrá que ver si la resolución los empujar a pensar en el diseño de una nueva central, a profundizar sus aceitados vínculos con la CTA Autónoma, que los recibiría de brazos abiertos, o seguirán apostando a la articulación de hecho con Azopardo.
Se espera que las charlas puedan terminar con un final feliz en el transcurso del próximo mes, pero para eso deben resolver la incorporación de un beneficio adicional e inédito para los trabajadores informales: una cobertura de ART. Ese es el objetivo fijado por las organizaciones como primer gran logro de la agremiación en unidad y que hasta ahora encontró buena recepción de parte de los funcionarios con los que negocian.