La controversial firma de abogados Bruchou & Funes de Rioja que según trascendidos colaboró en la redacción de la reforma laboral de la recientemente aprobada Ley de Bases, ahora representa a la embotelladora mexicana FEMSA Coca Cola y ha iniciado una ofensiva judicial contra trabajadores judicializados. Estos obreros fueron perseguidos y la empresa los ha tratado de despedir sin causa alguna. En medio de una oleada de despidos como sucede en Bridgestone, Volkswagen, etc. ¿qué procedimientos legales podría desatar contra los y las trabajadoras la iniciativa del bufete de abogados que redactó la Ley y que exige aplicarla contra los obreros y al mismo tiempo es parte del empresariado?.
Por Red de Medios Alternativos, RMA.
La estrategia del bufete de abogados consiste en solicitar a la justicia que procesa la desvinculación de los obreros de la empresa teniendo en cuenta los propios artículos contenidos en la flamante reforma laboral. Es decir, Bruchou & Funes de Rioja estaría a ambos lados del mostrador y sería una de las primeras iniciativas empresariales para intentar barrer con trabajadores utilizando la nueva reforma laboral recién reglamentada.
Los trabajadores fueron selectivamente atacados. No es casual que todos estén organizados en la agrupación marrón, lista disidente a la oficialista que dirige el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) y a la cual ha denunciado sistemáticamente por no acompañar “la lucha contra los despidos” como hace referencia Omar en la entrevista sobre los últimos 32 desafectados.
El acta que llegó a los trabajadores en juicio es una solicitada del abogado Guillermo Fernando Perego del estudio Bruchou & Funes de Rioja reclamando que se efectivice el despido teniendo en cuenta una jurisprudencia de un fallo aislado contra el trabajador Díaz Infante Sebastían y que luego menciona que ese fallo fue “afirmado” por la reciente aprobación de la Ley de Bases, conjunto de leyes en el que dicho estudio participó en su redacción teniendo en cuenta su especialidad en litigios laborales. En la nueva ley, el acto discriminatorio por el cual fue perseguido el trabajador queda monetizado. Es decir, se resolvería con el pago indemnizatorio y la empresa se podría desvincular del obrero. Incluso a pesar de ya haber sido reinstalado. Hecho polémico que los especialistas sentencian como anti constitucional.