Se presentó en Plaza de Mayo un nuevo informe de la CORREPI, a pocos días de concluir el gobierno más represivo desde el fin de la dictadura. Allí dialogamos con María del Carmen Verdú e Ismael Jalil sobre las medidas que proponen para desmontar la herencia del macrismo, las contradicciones del gobierno entrante -entre el primer reconocimiento presidencial de la existencia del gatillo fácil y el nombramiento de Sergio Berni al frente de la Bonaerense- y el retorno de viejos peligros tras el golpe de Estado en Bolivia.
Una muerte cada 19 horas
La profundización de la represión emprendida por el gobierno de Cambiemos deja 1833 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en 1435 días de gobierno, con el inédito promedio de una muerte cada 19 horas.
Así lo releva el informe anual presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) este viernes en Plaza de Mayo.
Por primera vez desde el fin de la dictadura, en 2017 se superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar a las 19 horas en 2019.
Cabe señalar que las muertes en lugares de detención son informadas tardíamente por los organismos oficiales, con lo que es certero esperar que los datos totales de la gestión Cambiemos sean aún mayores.
Estas cifras no son producto del azar o culpa de un “loquito”: son la expresión de un proyecto de gobierno que se puso en marcha el primer día de la asunción -en continuidad con lo que ya había realizado la gestión del PRO en CABA- para reestructurar a fondo el aparato represivo del Estado, en el que la responsabilidad recae centralmente sobre el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes se ocuparon de instalar un discurso público, resoluciones administrativas, DNUs y operaciones sobre (y con sectores de) el Poder Judicial que garantizaran impunidad para esta carnicería.
Fotos: Nicolas Solo ((i))
En el informe, los datos registran que la primer causa de muerte a manos del Estado corresponde a quienes están en un calabozo: sobre un total de 7093 casos desde 1983, 3414 ocurrieron en comisaría, cárcel o bajo custodia, el 48,74%.
Es por esto que una de las principales demandas de la CORREPI, desde hace casi dos décadas y que hoy se renueva, es que el Estado argentino cumpla la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, terminando con todo el sistema de detenciones arbitrarias.
La segunda causa es el gatillo fácil: 2660 casos, el 37,49%.
En tercer lugar se ubica la muerte intrafuerza o intrafamiliar: 588 casos, el 8,29%.
Los casos vinculados a movilizaciones o protestas sociales son 91, el 1,28%. Los homicidios que Cambiemos incorporó a esta categoría fueron los de Santiago Maldonado, el joven mapuche Rafael Nahuel, el niño Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, militante de la CTEP.
Una reestructuración “a fondo” del aparato represivo
Antes de iniciar el acto, dialogamos con María del Carmen Verdú, histórica militante de la CORREPI, sobre el informe pero también sobre las propuestas que están presentando para revertir la herencia represiva macrista.
Audio: entrevista a María del Carmen Verdú
Indymedia: – María del Carmen, nosotros hace cuatro años atrás, exactos cuatro años atrás, hablamos de lo que pensábamos que se venía con el macrismo en los tres niveles, en Ciudad, Provincia y en Nación, con mucha preocupación. Qué se cumplió de eso que esperábamos.
María del Carmen Verdú: – Se cumplió todo lo que preveíamos en ese momento, es decir una etapa signada por el ajuste y la represión, pero lo que nunca imaginábamos entonces es que se iba a profundizar de tal manera y que se iba a generar como finalmente se produjo una reestructuración tan a fondo en todo, tanto el aspecto normativo como operativo del conjunto del aparato represivo. Y no solamente el de uniforme: también el de los Tribunales.
Por eso hoy en este acto en el que vamos a arrancar con el repaso de los números, los datos y las consecuencias de estos cuatro años de, claramente, la gestión más represiva que ha tenido que afrontar la Argentina desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en la segunda parte vamos a plantear cuáles son las medidas urgentes y necesarias que creemos deben tomarse ya y que no requieren más esfuerzo que firmar un decreto o sancionar una ley para, por lo menos, tratar de frenar esta avanzada absolutamente excepcional.
– Hasta tal punto es así que en muchos momentos nos hemos sentido abrumados por la cantidad de noticias y hechos vinculados a las políticas represivas de los distintos niveles del Estado. Pero, una cosa que tiene el trabajo que hacen ustedes es que más allá de los casos que realmente trascendieron, como el de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel, están en los barrios, en lo que pasa en los barrios. ¿Cuál es la realidad de los barrios del conurbano profundo y distintos puntos del país?
– Sí, efectivamente. Si mirás a tu alrededor vas a ver que la enorme mayoría de las compañeras y compañeros que tienen las remeras con los nombres de sus pibes y pibas, porque son familiares organizados en CORREPI, provienen de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, de los barrios más carenciados, son escasísimos los casos de otras características que uno pueda ubicar en sectores mínimamente medios. Y esto tiene que ver con cuál es el objetivo de la represión sobre los barrios populares, sobre los más jóvenes, sobre los más pobres, que es el control social.
El control social los gobiernos necesitan aplicarlo sobre aquellas personas que tienen más razones objetivas para pensar en algún momento en pegar el salto de conciencia y organizarse. Por eso, en muchas ocasiones se habla de este tipo de represión como una represión con un contenido en cierto punto, preventivo. Preventivo de la organización, de la lucha.
– Contanos un poco más sobre las medidas que ustedes están proponiendo para desactivar la herencia macrista.
– Mirá, son muchas y las vamos a desarrollar pormenorizadamente y están impresas en el material que estamos presentando hoy y que mañana ya va a estar colgado en nuestra página, pero que básicamente tienen que ver con todo lo que genéricamente llamamos la doctrina Chocobar, la Resolución 956 de 2018 que habilita a las fuerzas a disparar por la espalda, el proyecto de reforma del Código Penal que incorpora la misma norma en el artículo 34, la Resolución 845 de este año de la identificación en los trenes y en las estaciones de tren, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 17 que permite la deportación exprés de trabajadoras y trabajadores migrantes, las reestructuraciones que se han hecho a nivel de la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo en el sistema de Alcaidías, Comisarías y Fiscalías que hace que tardemos más de ocho horas en saber a dónde es conducida una persona detenida y por lo tanto son ocho horas en las que no podemos participar de su asistencia. Ni nosotros cuando se trata de detenciones en movilizaciones o manifestaciones, ni tampoco sus defensas particulares si las tienen. Y la propia Defensoría de la Ciudad nos plantea que también tardan ese tiempo en saber quién ha sido detenido y dónde ha sido conducido. Y naturalmente ese tiempo, en manos de una Policía de la Ciudad que ya tiene 68 muertes en 34 meses de existencia, es tremendamente riesgoso.
Después hay muchas otras medidas que tienen que ver con, por ejemplo, la creación del RePET, el “Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento”, y por supuesto, en el aspecto de las detenciones arbitrarias, estamos reclamando algo que hace 16 años el Estado argentino debió haber cumplido, que es acatar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, terminando con todo el sistema de detenciones arbitrarias. Es decir, que ninguna persona pueda ser detenida y llevada a una Comisaría si no es porque cometió un delito y fue encontrada con las manos en la masa o porque hay una orden judicial que así lo ordena.
– Qué perspectivas, expectativas, tienen ustedes en relación a la recepción de estas propuestas por parte del gobierno entrante.
– Indudablemente el gobierno del Frente de Todos tiene muchas variantes y caras muy diferentes unas de otras. Hemos visto y hemos escuchado al Presidente Alberto Fernández asumiendo su cargo en la Asamblea Legislativa diciendo que el gatillo fácil existe y que hay que terminar con la lógica del disparo por la espalda. Y es la primera vez que un presidente reconoce la existencia del gatillo fácil y además dice que está en contra. Y eso indudablemente es mérito de todas estas compañeras y compañeros organizados que lograron meter el tema del gatillo fácil en la agenda política.
Pero entre decirlo y hacerlo hay una larga distancia. Por un lado es muy contradictorio, casi diría que incompatible, decir eso y al mismo tiempo darle la bendición ni más ni menos que al coronel Sergio Berni para dirigir la Policía Bonaerense. Berni y Policía Bonaerense en la misma frase es un combo letal. Ahí no necesitamos que nadie nos venga a contar quién es Berni, es un represor probado, es un defensor de la doctrina Chocobar, es un defensor de las táser, otra de las medidas que proponemos es obviamente la prohibición del uso de esas picanas eléctricas.
Por eso, lo que estamos haciendo con este informe es presentar esa lista de demandas populares. Porque no somos nosotros desde CORREPI: es el pueblo trabajador el que quiere además de terminar con el hambre y la miseria terminar con la represión, o por lo menos volverla a un nivel que no sea el tremendo que tenemos en este momento. Y por sus hechos los juzgaremos.
Golpistas en Bolivia: “racistas, fascistas, supremacistas, y por sobre todas las cosas muy crueles”
También dialogamos con Ismael Jalil, que integró la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, con la cual 40 referentes de diversos espacios y organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales se trasladaron al hermano país para recabar información sobre las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de facto. Allí fueron amenazados, espiados y hostigados por funcionarios y grupos golpistas.
Audio: Entrevista a Ismael Jalil.
Indymedia: – Ismael buenos tardes, participaste de la Delegación en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, contanos un poco acerca de esa experiencia, qué se encontraron allá, qué relevaron.
Ismael Jalil: – Bolivia es la expresión más sanguinaria de lo que significa la actual etapa de injerencia norteamericana en el continente, que se expresa con un racismo y un supremacismo brutal contra el pueblo pobre de la nación hermana. Que tiene ver, absolutamente, con la avanzada y la obtención de derechos que han obtenido las compañeras y los compañeros allá. Es una expresión de la lucha de clases, en donde el pueblo crecía y crece en sus demandas y en su necesidad de progresar y los sectores más ricos se oponen terminantemente y entonces demuestran todo lo que son, insisto: racistas, fascistas, supremacistas, y por sobre todas las cosas muy crueles.
Han hecho una matanza feroz en Senkata, que es en El Alto boliviano y en Sacaba, que es en Cochabamba. Y que como si fuera poco lo que han hecho, matando, encarcelando, persiguiendo, torturando, además le suman el regodeo, la hostilidad, el ninguneo y el desprecio por el pueblo de origen indígena. Son 39 naciones indígenas las que tiene Bolivia, en esas 39 naciones el grupo minoritario de ricos y poderosos descarga todo su odio de clase.
Es un gobierno de facto. Es un golpe de Estado. No hay ninguna duda de eso. Y además de todo eso están cometiendo delitos de lesa humanidad que obligan a que todos los bien nacidos salgamos a denunciarlo.
– Qué significa para Argentina, para nosotros, que de repente en la política regional vuelva a estar sobre la mesa la posibilidad de un golpe de Estado, con un gobierno de derecha que se fue con un piso de consenso relativamente alto en distintos sectores de la sociedad. Qué significa para la continuidad y para la plena vigencia de las garantías democráticas en nuestro país.
– Naturalmente hay una preocupación muy grande. Y verdaderamente seríamos, como mínimo, imprudentes e irresponsables si no evaluamos que el enemigo está parado de manos, y atento y alerta para meter el zarpazo en cualquier momento. Eso obliga an inclusive a los nuevos gobiernos, como el caso del nuestro, a ser muy claros y categóricos en dos o tres cuestiones que para nosotros son básicas y que definen la situación: una es no concederles absolutamente nada en materia de respeto y ampliación de derechos humanos, porque si uno concede en eso termina entregando todo.
Por eso le exigimos al gobierno de Alberto Fernández, así como le celebramos su reconocimiento a la política de gatillo fácil como política de Estado, y a terminar con esa política de acuerdo a lo que manifestó en la sesión inaugural, también le exigimos una agenda que es necesario implementar para ir desarticulando todo ese poder de fuego que todos esos sectores que se representan en muchos sectores de las fuerzas de seguridad y aún en resabios que tienen las Fuerzas Armadas, después no lo terminen descargando como lo han hecho en Chile, en Bolivia y en otros lugares.
Me parece que el desafío principal está para nosotros mismos. Ya sabemos quiénes son ellos. El problema es que de este lado, los que están de un lado y están del otro pero al fin y al cabo, en la vereda de los que queremos el derecho a vivir en paz como decía Víctor Jara, los que estamos de este lado tenemos la obligación de ser muy claros y categóricos. Nombrando a Berni no sos ni claro ni categórico. O en todo caso, sos oscuro y categórico al revés. Estas cosas hay que modificarlas ya.
El Informe y listados se pueden descargar en este enlace (carpeta de Google Drive)
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