El Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos. Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para cancelar sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores diversos, especialmente miles de productores que entregan su materia prima para la industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse pública.
Lo que ocurrió es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”, tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un default de su deuda con privados. La gran preocupación del poder económico es que el país no suspenda los pagos de deuda, mucho menos que se la investigue. Por eso ejerce una fuerte presión para ceder y acordar con los acreedores, otorgarles los “endulzantes” que estos solicitan, aún con un gran costo que va en desmedro de insatisfechas necesidades sociales. Al contrario, si el default es privado, para los defensores del mercado, el Estado no debe inmiscuirse, salvo subsidiando, aun cuando un banco oficial haya sido una pieza imprescindible para garantizar la estafa de imposible cancelación. Es más, seguramente agregaran que, ante las dificultades de la entidad financiera, esta debería privatizarse por ineficiencia.
Más curioso aún resulta, cuando los empresarios explican que el tema que complicó la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de gobierno en la Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se les dificultaron los negocios. ¿Acaso, de haber continuado Macri no habría habido problemas económicos en Vicentin? Claro, en el imaginario empresario se incluía la canilla financiera abierta de la banca pública y la fantasía del apoyo internacional, en similar situación que la esperada lluvia de inversiones por el macrismo que nunca llegó. El argumento pone de manifiesto el carácter inescindible entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para el caso en cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio del capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar el capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el préstamo del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.
Resulta evidente que el default de Vicentin tiene un elevado costo para sus trabajadoras y trabajadores con incertidumbre sobre el presente y futuro cercano, para los pequeños y medianos proveedores de la firma, para la banca pública y las agencias de recaudación, que en la lógica del mercado debían esperar que alguna otra empresa (por las dimensiones de los negocios imaginamos extranjera) la absorba y luego, quizá, restablecer los negocios para atender las obligaciones. Son argumentos dentro de una lógica que imagina al mercado resolviendo todo por sí mismo. Claro que esa lógica de mercado incluyó la previa decisión estatal de prestarle al grupo empresario una gigantesca e impagable cifra que, por ahora, de no mediar intervención pública, tenía destino en la cuenta de pérdidas del BNA. Del mismo modo imaginan cumplir, sin investigar, con una deuda pública sospechada de ilegal, ilegítima y odiosa.
El anuncio oficial de expropiación genera debates sustantivos
A seis meses del estrés aducido por Vicentin y la convocatoria de acreedores, el Presidente de la Argentina anunció la “intervención” de la empresa por parte del poder ejecutivo, la “expropiación” por medio de una ley a discutir en el Congreso Nacional, y un nuevo rumbo en política productiva agraria orientado por la “soberanía alimentaria”. Se habilitó entonces un debate trascendente.
La respuesta del sector privado concentrado en empresas y cámaras empresarias fue inmediata y crítica, de desaprobación, con un rotundo no al “estatismo”, incluso desmereciendo la alusión al rumbo soberano de la producción agraria. Resulta interesante el desinterés del “sector privado” por criticar la estafa del grupo empresario, que incluye la evasión y elusión fiscal, muy bien estudiado por el grupo rosarino MATE[1], sin ninguna preocupación por la investigación de esas deudas. Queda pendiente aún la calificación del delito incurrido por los responsables de la gestión empresarial ante los entes de recaudación y las autoridades monetarias y del comercio exterior, e incluso de quienes favorecieron desde la banca pública los incobrables préstamos. ¿Quién y porqué se facilitó el endeudamiento desde el BNA y otros bancos oficiales? ¿Qué destino tuvieron los recursos? ¿Se orientaron esos fondos a la actividad específica de la empresa o se destinaron a otros fines? Son interrogantes similares que nos hacemos ante la estafa de la deuda pública y por eso impulsamos la auditoria de la deuda con participación popular, al tiempo que se demanda se suspendan los pagos.
Toda la argumentación del poder económico se concentra críticamente en la intervención estatal, que insistamos, excluye la previa al momento del financiamiento del BNA, el principal banco del sistema financiero local. Es una lógica de poder, sustentada con el aporte de medios de comunicación que actúan en la disputa del consenso social. Puede parecer ilógico que sectores sociales objetivamente perjudicados por el accionar delictivo empresarial actúen en sustento de las posiciones esgrimidas por el poder, sin embargo, es un resultado de la lucha ideológica que afirma un rumbo reaccionario en buena parte de la región y del mundo. No es menor el impacto ideológico de una subjetividad individualista y a contramano de la satisfacción social de necesidades, construida por casi medio siglo. A no sorprenderse por caceroleos a favor de la propiedad privada del núcleo concentrado del poder.
Desde el gobierno se insiste que se trata de “rescatar” la empresa, las fuentes de trabajo directas e indirectas, tanto como asegurar el papel de exportador y receptor de divisas. No queda claro entonces, como sostener el modelo productivo del agro-negocio de exportación al que se asocia la empresa con la propuesta de avanzar en el rumbo de la soberanía alimentaria. Esta última es una categoría sustentada por el movimiento campesino a fines del Siglo XX, en confrontación con el concepto de seguridad alimentaria, que remite a la posibilidad de atender la alimentación de la población sin discutir el modelo productivo. Por el contario, la soberanía alimentaria sustenta un debate relativo a qué producir, cómo producir, distribuir e incluso que tipo de consumo es necesario estimular. Con la seguridad alimentaria no hay problema en un destino mayoritario de exportación de la producción, ni en la subordinación a la lógica de las trasnacionales que definen el paquete tecnológico. Tampoco preocupa el despoblamiento de las zonas rurales o su contaminación vía fumigaciones o difusión de químicos diversos. El privilegio pasa por el rinde y la ganancia, por encima de la salud y el deterioro del suelo, las aguas o el medio ambiente.
Por eso aludimos a la importancia del debate sobre la soberanía alimentaria y el cambio del modelo del agro-negocio. No debe extrañar la estafa empresaria en una lógica de mercado con el Estado a su servicio. ¿Es posible cambiar el modelo productivo y el Estado? Desde luego, lo que supone acudir a objetivos de transformación de las formas de organización de la producción y las relaciones socioeconómicas, base de sustentación del objetivo por la soberanía alimentaria. Se sepa o no, la categoría es antagónica con la lógica del orden capitalista, por lo que en sí misma la propuesta solo funcionará si existe la decisión de confrontar con el poder e iniciar un proceso de transición hacia otra lógica de organización social de la economía.
Ese es el debate que se habilitó en estas horas y que anima la discusión por el presente y el futuro. No es solo el tratamiento de qué hacer con la deuda de una empresa, o si se quiere con la deuda pública, sino de identificar qué tipo de Estado y de Sociedad es la que se pretende construir.
Nota:
[1] Cómo funciona la compleja operatoria con la que muchas grandes agroexportadoras evitan el pago de impuestos en el país. Entrevista a Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y experto en seguimiento de mecanismos de triangulación. Infobae del 2/05/2020, en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/como-funciona-la-compleja-operatoria-con-la-que-muchas-grandes-agroexportadoras-evitan-el-pago-de-impuestos-en-el-pais/ (consultado el 13/06/2020)
Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.