Entre el 27 de mayo y el 4 de junio deberán comparecer ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Acaecidos en Unidades Carcelarias del Departamento Judicial de La Plata –a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic- los ocho integrantes del SPB que en las últimas semanas fueron procesados en el marco de una causa por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. Se trata de la investigación penal de la muerte de Mónica Mego, que permaneció en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela con graves padecimientos de su salud y sin recibir asistencia médica. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional; desde que conoció su historia el organismo realizó distintas presentaciones judiciales y pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las instituciones penitenciarias bonaerenses.
El auto de procesamiento reconoce elementos de prueba suficientes para acreditar, en la actual etapa del proceso, que entre el 16 de febrero y el 21 de marzo de 2019 en la UP 32 de Florencio Varela uno de los jefes del área de asistencia y tratamiento, Juan Manuel González, retardó ilegalmente su deber de cuidado abandonando a Mónica Mego a su suerte mientras ella se encontraba alojada en el pabellón 11 de diversidad del módulo C.
La historia de Mónica en el encierro es la historia de la desidia institucional, la violencia y la discriminación de un sistema carcelario que afecta especialmente los derechos de las personas trans. En su caso, la mujer de 36 años reclamó atención médica durante seis meses a raíz de un dolor que comenzó en la espalda y se fue intensificando hasta el punto de no poder caminar sin ayuda.
Estuvo alojada primero en la Alcaidía Pettinato y después en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, donde sólo recibió paracetamol e ibuprofeno. Cuando la derivaron al Hospital San Martín ya era tarde: fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis, lo que le provocó la parálisis definitiva de sus miembros inferiores y la necesidad de usar una sonda urinaria, entre otros graves problemas.
Juan Manuel González, uno de los jefes del área de asistencia y tratamiento de la UP 32, acaba de ser procesado por abandono de persona calificado por las lesiones sufridas por Mónica Mego, así como por severidades y vejaciones a las que sometió a la víctima cuando fue reingresada a la unidad penal desde el hospital al que había sido derivada.
“Un sujeto de sexo masculino, identificado como Juan Manuel González, la trató rigurosamente mortificándola sin sustento legal, colocándola en un buzón o celda de contención de control, a pesar de su delicado estado de salud, para luego y en el marco de dicho alojamiento atacarla de forma reiterada mediante tratos humillantes, menoscabando con ello su dignidad, y agravando por supuesto de eso modo las condiciones de su detención”, destaca el procesamiento.
Los otros agentes procesados son parte del personal de sanidad de la UP 32 y de la 23, ambas de Florencio Varela: Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán actuaron de modo imprudente en la atención médica a Mónica Mego, toda vez que no procedieron conforme los deberes objetivos de cuidado al no haber agotado los medios diagnósticos a su alcance.
De haberlo hecho correctamente, señala el procesamiento, habría sido posible realizar un correcto diagnóstico y posterior tratamiento durante su estadía en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular.
“Por consiguiente, dicho actuar imprudente coadyuvó al hecho de que la víctima sufriera finalmente una pérdida total de la movilidad en sus miembros inferiores, quedando postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios”, agrega el procesamiento.
La investigación penal aclara que ninguno de los imputados fue autor de la derivación de la víctima a un hospital extramuros sino que esto fue solicitado por una enfermera de la unidad, Vanesa Ramírez, nueve días después de que la paciente iniciara un derrotero de solicitudes de atención médica ante un estado que ya se advertía delicado por sus antecedentes.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte.