La causa Vialidad, con pedidos de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a CFK tuvo un efecto propio de un acontecimiento político. Promovió un gran debate nacional planteando una lucha democrática contra la omnipotencia del poder judicial, al mismo tiempo que sacó al ajuste de escena.
Distintas corrientes filosóficas plantean la política como acontecimiento. Esto es anuncian que frente a lo establecido se ha formulado algo en el campo de lo posible que abre nuevas opciones frente a la realidad convencional. Las características del acontecimiento son su carácter disruptivo e inesperado que inaugura una realidad temporal con un tiempo propio.
Sin pretender forzar la inscripción de los hechos actuales en esas definiciones si puede afirmarse que las acusaciones y pedido de prisión por 12 años e inhabilitación de por vida al ejercicio de cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner por los fiscales Luciani y Mola, han provocado una respuesta social que bien puede caracterizarse como acontecimiento. Tanto por lo inesperado como por lo disruptivo.
Cambio de escenario
El escenario político, aunque no el económico, se ha modificado en varias dimensiones. En rigor podría tratarse –veremos cómo evoluciona- de una nueva fase en la crisis político económica actual. Veamos:
1) Ha logrado reunificar al peronismo detrás del rechazo a la proscripción, el consenso en cuanto al ajuste, a la búsqueda de dólares a como dé y al acuerdo con el FMI.
2) Generó movilizaciones espontáneas en todo el país, congresos de los PJ regionales incluidos y aplacó el debate interno en el FdT, aunque no necesariamente lo ha clausurado.
3) Repuso en el centro de la escena política a CFK, a la par que recuperó la posibilidad de dotar de un nuevo relato y una épica al movimiento kirchnerista que estaba desmoralizado, sin un eje de intervención política y teniendo que digerir el ajuste aprobado por las tres partes del FdT.
4) Dejó sin iniciativas a JxC que había hecho suyas las acusaciones del fiscal y que hoy no encuentra un rumbo para intervenir en la crisis, como no sea la denuncia y un pedido de juicio político al presidente que no tiene viabilidad alguna. Sin embargo fortaleció al sector más duro del PRO (los llamados halcones) y expuso una disputa ya inocultable entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich sobre quién será la contraparte ante una eventual candidatura de CFK en las próximas presidenciales, lo que amplía la brecha con el larretismo y el radicalismo (expresiones del populismo light para los halcones).
5) Deja el camino libre (o si se quiere más libre que antes) a Sergio Massa, un ministro empoderado, (que sin embargo recién pudo nombrar a su viceministro luego que este pidiera disculpas por sus dichos del pasado), para avanzar sin mayores cuestionamientos con su plan de ajuste y estabilización de la economía a medida del FMI.
Corrupción globalizada
La corrupción es inherente al sistema del capital y a su lógica de acumulación en cada momento. Como es conocido la obra pública es fuente de corrupción en casi todo el mundo en estos tiempos (recordar el “mani pulite” en Italia o el “lava jato” en Brasil). Nuestro país no escapa a esta tendencia. Desde los tiempos de la dictadura del ‘76 tiene cartelizada la obra pública, con ese modelo grupos de empresas aprovechan las relaciones políticas y personales con el funcionariado de turno para maximizar y redistribuirse las ganancias merced al Estado.
En el caso concreto de la causa Vialidad las acusaciones de los fiscales esconden, bajo el manto de luchar contra la corrupción, persecución política y proscripción. Como ha sucedido en otros países de Nuestra América, casi siempre bajo el impulso y tutoría de EEUU, utilizando la figura de la “asociación ilícita”, creada originalmente para la persecución ideológica, para encarcelar sin pruebas.
Es demasiado evidente que el poder judicial no va contra la corruptela de la cartelización, sino contra una opción política que encarna la actual vicepresidenta. Por eso en su alocución CFK no hizo una defensa jurídica contra las acusaciones de los fiscales sino claramente política, reivindicando el pasado sin hablar del presente. Sin embargo es vicepresidenta de este gobierno y avala el ajuste. La fuerte crisis social está presente aunque se la pretenda obviar.
Posicionarse políticamente
La disociación entre este conflicto interburgués, que utiliza el sistema jurídico casi por delegación, y una realidad social que no deja dudas sobre su gravedad es inocultable. La inflación carcome día a día los salarios e ingresos populares, el programa de “estabilización” de la economía recorta fondos en áreas sensibles como salud, vivienda, educación; la necesidad de dólares impulsa más y más el extractivismo depredador de la naturaleza; se auditan los planes sociales pero no la deuda que está en el origen del ajuste. Mientras que el FMI todo lo monitorea.
Sin embargo el movimiento obrero y popular, la izquierda en general, no pueden aferrarse a esta disociación y permanecer indiferentes a como se resuelva esta disputa. No se puede mirar para otro lado frente a la persecución y a la proscripción política (de dudosa o nula concreción en este caso), ante el uso de la “asociación ilícita” en reemplazo de pruebas fehacientes.
Rechazar todas y cada una de estas medidas arbitrarias no implica tomar partido por ninguna de las partes, sino defender plenamente las libertades democráticas. Es también una forma de prevenirse ante cualquier intento de aplicarlas contra el movimiento obrero y popular y la propia izquierda.
En esta coyuntura no hay impedimento alguno para ligar la lucha por las libertades democráticas y la interrupción del viciado juicio a CFK, con la lucha contra el ajuste, la entrega de los bienes comunes y por la nulidad de los acuerdos firmados con el FMI.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-