Audiencia 14 del juicio unificado “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” e “Infierno”.
Otra audiencia con testigo de concepto en el juicio por los CCD de las Brigadas de Investigaciones del conurbano bonaerense. Esta vez se escuchó el testimonio de Stella Calloni, periodista de internacionales y especialista en el denominado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur latinoamericano que tuvo aquí un capítulo particular en los CCD “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes”, donde fueron confinados militantes revolucionarios de varias nacionalidades como parte de aquella avanzada represiva . Aportamos una reflexión sobre cómo condenar semejante plan criminal y sobre cómo el Estado se hace cargo jurídicamente de los crímenes que cometió su aparato represivo.
LA COORDINACIÓN CRIMINAL
La audiencia del 9 de febrero giró alrededor del testimonio de STELLA CALLONI, periodista y escritora entrerriana, especialista en política internacional que en su vasta carrera ha publicado en la revista “Cristianismo y Revolución”, cubrió las elecciones chilenas de 1970, se exilió en México durante la dictadura argentina y allí colaboró entre otros en la Red Voltaire y La Jornada. Sus trabajos centrales de investigación sobre las dictaduras latinoamericanas son “Los años del lobo: la Operación Cóndor” de 1999, “Operación Cóndor, pacto criminal” de 2006 y” Operación Cóndor, 40 años después” de 2009.
Calloni empezó definiendo a la “Operación Cóndor”, tal el nombre que le dieron los represores, como una operación contrainsurgente criminal coordinada entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, orquestada por Estados Unidos en el contexto de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, es decir el paquete de acciones de política exterior de Estados Unidos para alentar a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos a acomodar sus estructuras para combatir el comunismo. El objetivo central fue eliminar a los militantes que “era una operación muy elitista que se dirigía a grandes dirigentes políticos que estaban denunciando en el exterior a las dictaduras latinoamericanas”, señaló Calloni. La periodista afirmó que fue decisivo el impulso que los norteamericanos dieron a la operación aportando su experiencia en inteligencia y en la conformación de centros clandestinos de detención y la dinámica de traslado de detenidos como parte de la “Operación Fénix” desarrollada en Vietnam, y que la centralidad en el cono sur la ocupó Chile, que a través de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) conducida por el genocida Manuel Contreras fue quien coordinó e invitó a la primera reunión de coordinación en Santiago en noviembre de 1975. Aquí reproducimos el programa de aquella primera reunión de trabajo, donde se detallan los fundamentos de lo que los represores definen como una “Guerra Psicopolítica”, y donde Chile propone un sistema de coordinación, una mecánica de consulta entre los países miembros, la creación de una base de datos supranacional (denominada Condortel) operable desde un sistema de comunicaciones moderno y ágil.
Así lo confirma un memo de la embajada norteamericana de septiembre del ’76 que aquí reproducimos y que dice que la Operación Cóndor “es el nombre en código otorgado a la tarea de recolección de información sobre ‘izquierdistas’, Comunista y Marxistas en el área del Cono Sur. Fue recientemente establecido como una cooperación entre los servicios de inteligencia para eliminar a los activistas Marxistas en los países miembros, con Chile como centro de las operaciones. Otros miembros participantes son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Además aparentemente Brasil ha accedido a aportar inteligencia para la Operación Cóndor. Los miembros que mostraron mayor entusiasmo para reunirse fueron Argentina, Uruguay y Chile. Esos tres países se han comprometido a realizar operaciones conjuntas, sobre todo en Argentina, contra elementos terroristas”.
La periodista agregó que “era una operación absolutamente ilegal, que borró la fronteras, no acudió nunca a la justicia con extradiciones, sino con traslados y ejecuciones, y era tan cerrada que sólo algunos agentes conocían los detalles, y ya desde el ’75 había cables codificados que llegaban a las embajadas con detalles de esas operaciones, por eso muchas de las cancillerías tienen que tener esos cables entre país y país”.
Calloni destacó el hecho de que al momento de aquella reunión del año ’75 en Argentina aún había un gobierno constitucional, lo cual, decimos, no fue impedimento para sumarse plenamente a los objetivos del Cóndor, ya que el tercer gobierno peronista venía practicando la represión política interna por los menos desde septiembre de 1973 y la sistematizó desde el Operativo Independencia en 1975. De hecho, varios casos de este debate y de otros ya celebrados en la justicia federal platense confirman que el Cóndor empezó a operar en Argentina antes del 24 de marzo del ’76. De hecho, al haber estado instaladas varias dictaduras en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, existió lo que Calloni denomina el “Pre-Cóndor”, constatable en la entrega de prisioneros a su país de origen desde 1973 y la realización de operaciones de secuestros y asesinatos por comandos extranjeros con vía libre en los países miembros, como la llamada “Operación Colombo”, la operación de manipulación de la opinión pública realizada por la DINA y agentes argentinos y brasileros para encubrir la desaparición de 119 militantes revolucionarios como caídos en enfrentamientos, y el homicidio del general chileno Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en septiembre de 1974, ejecutado por agentes de la DINA, de la SIDE argentina y de la Triple A con una bomba operada por radio colocada en su auto.
Según Calloni la Operación Cóndor tuvo tres fases de ejecución: la ubicación y seguimiento activo de las víctimas, el plan de acción (secuestro, traslado, interrogatorio y entrega de las víctimas), y ataques específicos implementados por comandos de los distintos países a través de grupos especiales, los que podían viajar hacia cualquier parte del mundo para llevarlas a cabo. También reproducimos aquí un reporte de la inteligencia norteamericana de octubre del ’75 que confirma la existencia de fases de organización de las operaciones del Cóndor.
La especialista mencionó también la importante participación en el Cóndor que tuvo Paraguay, que vivía bajo la dictadura de Alfredo Stroessner desde la década del ’50 y Brasil, según Calloni considerada “la primera dictadura de la Doctrina de Seguridad Nacional, impuesta en 1964”. Mostramos aquí un reporte de la inteligencia norteamericana de agosto de 1978 que destaca que para fines del ’77 ya se habían incorporado a la operación Ecuador y Perú, y que para esa época Brasil venía pugnando por controlar al grupo de países miembros, lo que generó la resistencia del resto.
La testigo destacó que ya instalado el Cóndor en el año’ 76 se produjeron en Argentina importantes operaciones que fueron verdaderos magnicidios, como los del general boliviano y presidente derrocado en 1971 Juan José Torres, ocurrido en junio de aquel año, y el del depuesto presidente brasilero Joao Goulart, envenenado con gas sarín de la DINA en Corrientes en diciembre del ’76. Además reflexionó que “en Argentina funcionaron varios Centros Clandestinos de Detención específicamente para Cóndor, como fue el caso de Automotores Orletti, que fue una de las centrales en el primer momento de la operación. En el año ’76. Hoy sabemos que varios secuestrados uruguayos fueron llevados en aviones a su país y asesinados por pedidos específicos dentro de la Operación Cóndor. Están las listas de detenidos confeccionadas para lo que se llamó ‘Juico Plan Cóndor’ en nuestro país con cerca de 800 nombres certificados. Por eso les digo que no cualquier caso es Cóndor, sino que están certificados los casos que eran pedidos directos de un país a otro”.
Consultada por la coordinación operativa y de inteligencia entre Argentina y Uruguay respecto a varios casos de desaparecidos uruguayos que forman parte de este debate por haber pasado por las Brigadas de Investigaciones Banfield y Quilmes, la testigo afirmó que “donde hubo prisioneros de Cóndor estuvieron presentes los militares uruguayos, tanto en Orletti, como en la Brigada de San Justo y en el Pozo de Banfield. El caso más conocido es el del represor José ‘Nino’ Gavazzo, pero está totalmente comprobada la presencia del grupo de tareas de militares uruguayos en esos CCD de Argentina. Esto está comprobado y hasta admitido por algunos de los represores, porque no han podido negarlo. Y está saliendo mucha información nueva que se está revisando en Uruguay, Italia está pidiendo la extradición de varios militares uruguayos, por eso digo que el Cóndor va siendo como una especie de muñeca rusa donde uno va sacando una capa y va apareciendo la otra. Sólo se ha descubierto una parte de Cóndor, otra parte todavía está dormida”.
Respecto a niños y niñas apropiados en el marco del Cóndor, la testigo recordó los casos de Simón Riquelo, de Mariana Zaffaroni Islas, de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas y de Macarena Gelman, en lo que afirmó “denominamos ‘los niños del Cóndor’ y que fue parte del Plan Sistemático de apropiación de niños que se dio en toda Latinoamérica.
Reproducimos aquí un informe del Batallón de Inteligencia 601 de septiembre del ’76 donde se deja constancia de la entrega del matrimonio uruguayo Jorge Zaffaroni- María Emilia Islas Gatti, secuestrados en Buenos Aires el 27 de septiembre del ’76 y visto en Automotores Orletti, al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOAS) uruguayo. La hija del matrimonio, Mariana, fue apropiada por el agente de inteligencia del Ejército Miguel Ángel Furci, localizada en 1983 y su identidad restituida en 1993. EL matrimonio continúa desaparecido, Islas Gatti estaba embarazada y su hijo/a permanece desaparecido/a. El informe revela que información proveniente del exterior (probablemente de la inteligencia uruguaya) determina a la SIDE a solicitar el 18 de Septiembre que se capture a los Zaffaroni. El Batallón 601 luego registra que la operación se llevó a cabo el 27 o el 29 de Septiembre, y ha sido “exitosa”.
Calloni concluyó aclarando que “si bien no podemos marcar una fecha exacta de la finalización de la Operación Cóndor, que en Chile comenzó antes y duró más tiempo, con el fin de las dictaduras se fue acabando esta operación que sirvió para asesinar a las dirigencias políticas y guerrilleras”. Y agrego que “los casos de la Brigada de San Justo y los Pozos de Banfield y Quilmes son uno de los testimonios más fuertes de lo que fue la Operación Cóndor. Creo que se necesita urgente la justicia para las víctimas porque ha pasado demasiado tiempo. A veces se centró mucho la investigación sobre Orletti y se dejó relegado lo que sucedió en esos otros centros clandestinos”.
En los últimos 30 años se han recuperado y difundido muchos documentos oficiales de embajadas, cancillerías y de los propios órganos de inteligencia de los países miembros sobre el Operativo Cóndor. Calloni recordó el descubrimiento en 1992 de una gran cantidad de archivos sobre la represión desarrollada en Paraguay bajo la dictadura de Stroessner, conocidos como “Archivos del Horror”, entre los que se encontró una importante cantidad de información sobre el Operativo Cóndor, entre ellos el acta de fundación y despachos de la “Red Cóndor” de seguimiento y ejecución de blancos. Destacó que en base a esos documentos se pudo aportar a los procesos de juzgamiento del Cóndor realizados en Italia, España e Italia y que “Argentina está a la cabeza en impedir la impunidad de estos crímenes”.
Una importante cantidad de documentos referidos al Cóndor han sido publicados por la National Security Archive, una fundación privada norteamericana que ha creado un fondo archivístico la información desclasificada desde 2006 por el gobierno norteamericano como parte del Acta de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés). En la sección “documentos desclasificados críticos” (critical declassified records) se pueden ver temas correspondientes a América Latina en la página d la Universidad George Washington.
En castellano https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB239b/index.htm
En Inglés https://nsarchive.gwu.edu/events/operation-condor-1968-1989
EL CÓNDOR EN EL CONURBANO BONAERENSE
Como dijo Stella Calloni en su testimonio la participación de represores locales en coordinación con agentes de otros países en operaciones locales y en el exterior está completamente probada. Por los CCD “Pozo de Banfield, “Pozo de Quilmes” y Brigada de Investigaciones de San justo pasaron represores pertenecientes a la Policía, la Fuerza Aérea y el Ejército uruguayos integrantes del OCOAS. Los secuestrados de esta nacionalidad eran alojados alternativamente entre ambos pozos y salvajemente torturados. La prueba de ello es la enorme cantidad de personas de esa nacionalidad que por esos campos pasaron. Un trabajo de investigación realizado en Uruguay, pone en evidencia el accionar conjunto de las fuerzas represivas de ambos países (La República 14/12/2006, Brecha N°1099). Cinco personas quienes fueron detenidos en Buenos Aires en diciembre de 1977 y figuran hoy como desaparecidos en Argentina, en realidad habrían sido trasladados a Montevideo a principios de 1978 y torturados en “La Tablada”, un centro clandestino de detención en Uruguay, donde fueron vistos por un ciudadano uruguayo secuestrado y desde esa fecha permanecen desaparecidos. Los uruguayos Carlos Federico Cabezudo Pérez, Célica Elida Gómez Rosano, Eduardo Gallo Castro, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura, Miguel Ángel Ríos Casas, y la argentina Carolina Barrientos Sagastibelza, fueron las víctimas del traslado que, probablemente por mar o fletando aviones de la ESMA, coordinaron militares de Argentina y Uruguay. A partir de 1977 oficiales de inteligencia de la marina uruguaya, en especial del Fusna (Fusileros Navales) y de la Prefectura Nacional Naval, sustituyeron a los comandos del Ejército en la coordinación con los aparatos represivos argentinos, en particular con personal de la ESMA, el comando de 1er cuerpo de Ejército y la Prefectura Naval. La causa judicial que radica en Uruguay (Causa 98-247/2006 caratulada “GAVAZZO, Jóse Nino y ARAB, José Ricardo – Un delito de privación de Libertad”) muestra que varios prisioneros de esa nacionalidad fueron trasladados algunos del Pozo de Banfield y/o de Quilmes a Uruguay.
En el CCD “Automotores Orletti” al menos 30 personas uruguayas estuvieron secuestradas, algunas desaparecidas, otras trasladadas al Uruguay. En los Pozos de Banfield y Quilmes pasaron al menos 35 detenidos uruguayos y la familia Logares Grinspon. Respecto a ciudadanos chilenos, se registran los casos de Héctor Parra Pizarro, Marcos Alegría, Rodolfo González y Alinson Martínez Galvez, todos ellos en el “Pozo de Banfield”, y de María Eliana Acosta Velasco en el “Pozo de Quilmes”. Los ciudadanos paraguayos que pasaron por Quilmes son Martina Espinoza Robles y Santiago Servín Benitez, y por Banfield Isabel Ibarra de Haley. Se agrega el ciudadano cubano Juan Palli Díaz, recluido por una semana en el “Pozo de Banfield” en abril del ’77.
En el debate por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, llegado a veredicto en diciembre de 2020, la actuación del Cóndor en ese CCD de La Matanza quedó demostrada respecto de los casos del matrimonio Moyano-Artigas y la familia Logares-Grinspon, así como en relación a un grupo de más de 26 militantes de las organizaciones que conformaban la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y que estuvieron privadas de su libertad ilegalmente en ese CCD antes del golpe del ‘76 como parte del Cóndor.
En ese juicio testimonió María Victoria Moyano Artigas, nieta restituida e hija de los detenidos desaparecidos Alfredo Moyano y María Asunción Artigas, que relató la militancia de sus padres en Uruguay y la persecución que sufrieron. Dijo que el seguimiento de la familia Artigas lo hacía personalmente José “Nino” Gavazzo Pereira, integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército uruguayo que estuvo al frente de Automotores Orletti y es responsable directo, entre otros crímenes de lesa humanidad, de la desaparición forzada de 140 uruguayos en la Argentina. Moyano relató los dos secuestros que sufrieron sus padres. El primero fue en marzo o abril del ’75 y el segundo y definitivo en diciembre del ’77. En ambos casos fueron detenidos por agentes de La Bonaerense e interrogados por personal de inteligencia uruguayo. Ese accionar conjunto de fuerzas de seguridad argentina y de inteligencia uruguaya está documentado en información desclasificada del Estado uruguayo, entre ellos el Memorandum I-09 del ’75. Tras la caída del ’77 los Moyano-Artigas fueron llevados al “Cot I” de Martínez, luego en la Brigada de San Justo, luego en el “Pozo de Quilmes” y al “Pozo de Banfield”. Moyano afirmó que este segundo hecho lo vincula a otro accionar represivo conjunto: esta vez tras la caída en noviembre del ’77 del dirigente montonero Oscar De Gregorio en Montevideo con una cédula de identidad falsa. Ello generó una coordinación entre efectivos de inteligencia uruguaya y agentes de la ESMA argentina que viajaron a Uruguay y desencadenaron unos 50 operativos contra militantes GAU en Montevideo. La persecución hacia esta organización continuó en Argentina para liquidarla por su relación con Montoneros, en lo que dieron a llamar “Operativo Montonero”.
Además en el juicio por los hechos de San Justo declaró Elsa Pavón, madre de Sofía Grinspon y suegra de Claudio Logares, ambos detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor que pasaron por la Brigada de San Justo y por el Pozo de Banfield; y a su vez abuela de Paula Eva Logares, apropiada desde allí por el subcomisario Rubén Luis Lavallén. La familia completa, incluida la niña de 23 meses, fue secuestrada en Parque Rodó el 18 de mayo de 1976 y traída a Argentina. “En Uruguay lo primero que hice fue separar la búsqueda de la nena de la de los adultos. Buscamos en hospitales, comisarías, orfanatos, casa cuna, escuelas de niños sin padres, etc”, dijo Pavón. Pero se tuvo que volver sin noticias firmes. En realidad los Logares-Grinspon habían sido trasladados inmediatamente de Montevideo a La Matanza, a la Brigada de San Justo. Claudio y Sofía estuvieron allí hasta mediados de junio del ’78 y fueron trasladados al “Pozo de Banfield”.
Además en el juicio San Justo declaró la sobreviviente Elba Balestri, que estuvo casi un mes recluida en la Brigada de San Justo tras ser secuestrada el 4 de abril de 1975 en casa de una compañera en Morón. La testigo relató que por entonces estaba embarazada y con su compañero militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 4 de abril del ’75 fue por la mañana a la casa de su compañera Ema Lucero en Morón, junto con el militante Sergio Pra. Al llegar al lugar fueron sorprendidos por un operativo de hombres de civil armados que los secuestraron a todos. Elba dijo que los trasladaron a la Brigada de San Justo donde sufrió interrogatorios y tortura con picana eléctrica. Los represores insistían en buscar militantes uruguayos. “¡Vos sos uruguaya!”, le decían. Además Balestri notó que los interrogadores no tenían acento porteño, y uno se acercó en un momento y dijo “Esta no es nuestra”. A partir de allí la tortura la continuaron otros represores propios del lugar. Luego se encontró en el CCD con Ema Lucero y juntas pudieron hacer el recuento de las personas detenidas y dedujeron que había habido varios operativos entre fines de marzo y comienzos de abril en Morón, La Matanza, San Martín, Ciudadela e Ituzaingó, que había un grupo de una veintena de uruguayos secuestrados y que Elba, Pra, Lucero y Ramón Merani, todos argentinos, habían sido los últimos en caer. La cadena de caídas se había iniciado en Uruguay con la detención en Paysandú de un militante del MLN Tupamaros que tenía su esposa y su hermana viviendo en San Justo. Por eso en los interrogatorios y torturas de todo este grupo de detenidos participaron agentes uruguayos, entre los cuales se identificó al “Nino” Gavazzo. La mayoría de estas personas fue luego blanqueada como detenidos legales y liberados. Reflexionando sobre aquellos sucesos, la testigo Balestri dijo que “no tengo dudas de que la Brigada de San Justo se utilizó para prácticas ilegales del Terrorismo de Estado que se desarrollaban como implementación del ‘Plan Cóndor’. Sobre estos hechos nunca se investigó nada. La impunidad sobre estos hechos alienta que vuelvan a repetirse. Eso fue en San Justo en el año ’75 y quedó claro el ’76 el uso de esos lugares oficiales como centro clandestino”.
CÓMO CONDENAR AL CÓNDOR
El Cóndor ha recibido varias sentencias judiciales. A razón de verdad tanto el Tribunal de Roma como aquí en Argentina la justicia ha reconocido el funcionamiento del “Plan Cóndor” en los países del Cono Sur. En mayo de 2016 el TOF 1 de Caba, integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg y Pablo Gustavo Laufer, y con actuación como juez sustituto quien preside este debate, Ricardo Basílico, condenó a 14 represores argentinos y 1 uruguayo –y absolvió a otros 2- por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor. La acusación fiscal imputó los delitos de 109 casos de secuestros, torturas de militantes argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos y peruanos, y por asociación ilícita. Además en la imputación se hizo un desarrollo de la infraestructura operativa (zonas y subzonas), y de los binomios de responsabilidades país-país que incluían cada caso o grupos de casos.
La fiscalía aseguró en su alegato que “por sobre las estructuras operativas propias de cada país, se establecieron redes de inteligencia e intercambio de información, determinaron protocolos comunes de actuación” y que “se realizaron operaciones conjuntas y establecieron circuitos entre los centros clandestinos de detención de las jurisdicciones participantes, andamiaje éste puesto al servicio del secuestro, tortura y desaparición de personas allende las fronteras”. Agregó el ministerio público que “el acuerdo criminal comprendió también la formación de equipos especiales enviados a otros países – incluso ajenos a sus miembros, como por ejemplo Francia, Portugal y Estados Unidos a fin de localizar personas y privarlas de su libertad” y que la banda criminal tuvo “operatividad real, división de funciones y roles, articulación formal e informal, organización militar, zonificaciones celulares integradas, dirección y apoyo de funcionarios públicos, disposición de armas y poder ofensivo propios del aparato de guerra, con participación de oficiales
y suboficiales de diferentes fuerzas armadas y de seguridad de los países miembros, abarcando más de una jurisdicción –local e internacional– y planes criminales indeterminados”.
De hecho el gran despliegue operacional del Cóndor en nuestro país se vio reflejado en el hecho de que entre los sentenciados en aquel debate de 2016 estuvieron altos mandos militares como los jefes de varios Comandos de Zona y Subzona, de sus destacamento de Inteligencia, regimientos, brigadas de infantería, grupos de artillería, y CCD, el jefe de la Fuerza de tareas 3.4 de la Armada, y el integrante del Ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini.
En aquel debate de 2016 fueron condenados 2 imputados en este debate e integrantes de la Subzona represiva 11, el jefe del Batallón de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío, condenado por el secuestro y torturas del militante uruguayo Ary Héctor Severo Barreto, secuestrado en abril del ’78 en San Isidro, llevado al “Pozo de Quilmes” y desaparecido., y el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 Federico Antonio Minicucci, sentenciado por asociación ilícita y absuelto por el caso del militante uruguayo del grupo de Acción Unificadora Raúl Edgardo Borelli Catáneo, que pese a ser secuestrado en Lanús en diciembre del ’77 y llevado al “COT 1 de Martínez” y luego a los CCD “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes”, no alcanzó para condenar a Minicucci porque este habría dejado el cargo 12 días antes de la desaparición del militante.
Sin embargo en el desarrollo de la acusación el fiscal Ouviña aseveró que la asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de personas “tuvo su génesis en las dictaduras militares que durante la década del setenta del siglo pasado desalojaron por la fuerza a los gobiernos democráticos de algunos países de América del Sur, conservando el poder mediante la eliminación sistemática de opositores políticos, práctica que se extendió luego a otras finalidades y víctimas”. Se olvida Ouviña de las víctimas argentinas, uruguayas y chilenas del Cóndor en las brigadas de La Bonaerense en los años ’74 y ’75, en pleno gobierno “constitucional”. Pero además el planteo remite a un problema mayor: ¿Cómo condenar al Cóndor? Queda clara la línea con la cual el Ministerio Público concibe los crímenes del Cóndor, por asumir una posición ante la definición política que exige la apelación al delito de asociación ilícita internacional (en lo estricto art 210 del CP) para acusar y condenar un plan criminal supranacional que, en todo caso, no deja de representar la acción de uno o más Estados en la acción genocida.
Recordemos que el artículo 210 en el Código es: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco (5) años de prisión o reclusión”.
Y el 210 bis agrega: “Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna dos de las siguientes características; a) Estar integrada por diez o más individuos; b) Poseer una organización militar o de tipo militar, c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
La responsabilidad estatal en la comisión del delito, si conforman la asociación integrantes de fuerzas armadas o de seguridad o reciben apoyo de funcionario público, está igualada en las agravantes del artículo 210 bis a la asociación ilícita para la que realmente se pensó el artículo. Es más, en el alegato del Juicio “Cóndor-Orletti” la propia fiscalía reconoció que si bien a la “asociación organizada y estable de coordinación regional” llamada Operación Cóndor le cabe la asociación ilícita, los agravantes no estaban vigentes al momento de la comisión de los hechos, con lo cual “la conducta de los imputados debe ser subsumida bajo las previsiones del art.210 del C.P., vigente entonces y vigente ahora”. Ello significa que se condenó sin aplicar agravantes y sin reconocer la gravedad específica de la intervención de agentes del Estado en la asociación criminal. En el caso del expediente “Plan Cóndor –Orletti” se instruyó una causa pensada en principio para los jefes de mando, sobre los cuales no había dudas respecto a la atribución de responsabilidad inmediata, y si bien hubo mandos medios o subalternos condenados, no lo fueron exclusivamente con la fórmula de “Asociación Ilícita en el marco del denominado plan Cóndor”, sino también o alternativamente por las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos de las 109 víctimas de la causa. De hecho a Furci lo condenaron a 25 años secuestros y torturas sin aplicar el 210, a Minicucci a 8 años sólo por el 210, y a Carlos Tragant y Juan Avelino Rodríguez los absolvieron del 210 y los secuestros. Lo que se dice una verdadera lotería.
Si bien la formulación de la figura está presente en el código penal desde 1921, la formulación hoy vigente de los agravantes aparece con la Ley 23.077, sancionada en agosto del ‘84. Tengamos en cuenta lo que significaba en 1984 reglamentar que se va a reprimir al “que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación”. Claramente el tipo penal no está pensado originalmente para perseguir genocidios, delitos económicos de gran escala o de guante blanco, sino que se hizo como plafón de la democracia alfonsinista para que a ningún sector contra-hegemónico se le ocurra volver a levantar la cabeza por el lado de la coerción. Además ha sido utilizado para perseguir a ciertas organizaciones populares que, más allá de coincidir o no con sus acciones, sufrieron un proceso penal ambiguo amparado en esa concepción restrictiva del delito contra el “orden público”. Desde quienes conformamos una querella popular contra el Estado argentino, denunciando el funcionamiento de aparato represivo en todos sus modos (operaciones-inteligencia-aquiescencia), nos es más coherente recorrer otros caminos para buscar la condena del Terrorismo de Estado. Y esa es la figura del delito internacional de Genocidio, cuya convención firmo nuestro país en 1956, y que sanciona la eliminación de un grupo nacional determinado específicamente por los represores, en este caso por una asociación de Estados que definían a su enemigo, como figura en el acta fundacional del Cóndor y en otros documentos, como “miembros de la J.C.R.”, “izquierdistas”, “comunistas”, “terroristas” o “marxistas”.
El debate queda para una instancia posterior de este juicio, en el que además hasta ahora no hay acusación por asociación ilícita, pero no deja de alumbrar las problemáticas complejas que conlleva el proceso de las causas contra los genocidas y la necesidad de adoptar posiciones críticas sobre cómo el Estado se hace cargo jurídicamente de los crímenes que cometió su aparato represivo.
El juicio continúa el 23 de febrero con el testimonio de los ex detenidos desaparecidos del “Pozo de Banfield” Jorge Nadal, Luis Alberto Messa y Lucía Deón. Se puede seguir en vivo todos los martes por la mañana por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
